Un juez da la razón al PP y obliga al Ayuntamiento de Erandio a colocar la bandera de España y el retrato del Rey

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao ha dado la razón al Partido Popular y ha ordenado al Ayuntamiento de Erandio restituir la bandera de España en el edificio municipal, así como colocar el retrato del Rey en el salón de plenos.

La sentencia, fechada el pasado 26 de marzo, estima el recurso presentado por el portavoz del PP en el municipio, Iker Iribarren, y obliga al Consistorio a situar la enseña nacional en un lugar visible y destacado junto al resto de banderas oficiales. Asimismo, establece que la efigie de Felipe VI debe colocarse en una posición de honor dentro de la sala donde se celebran las sesiones plenarias, conforme a la normativa vigente.

El fallo judicial responde a una iniciativa impulsada por los populares en febrero de 2025, cuando llevaron al pleno una moción para exigir el cumplimiento de la Ley 39/1981, que regula el uso de la bandera de España y otras enseñas oficiales. Según el PP, el Ayuntamiento llevaba años sin cumplir con esta obligación legal, una situación que consideran impropia de una administración pública.

Desde el Partido Popular de Erandio han valorado la resolución como un «paso importante en defensa de la legalidad y de la representación institucional de todos los vecinos». «Hoy se hace justicia y se restablece una exigencia que nunca debió dejar de cumplirse», ha señalado Iribarren.

En esta línea, el portavoz popular ha subrayado que «las instituciones deben representar a todos los ciudadanos, sin exclusiones», y ha defendido que la presencia de los símbolos oficiales responde a una obligación legal y a un principio básico de convivencia democrática.

La sentencia también incide en la necesidad de que los símbolos del Estado ocupen un lugar preferente en los espacios institucionales, reforzando así su carácter representativo. Desde el PP consideran que este pronunciamiento judicial supone un respaldo a quienes defienden el cumplimiento de la ley en las instituciones y han animado a otros representantes constitucionalistas a actuar en la misma dirección en el País Vasco.