Teresa Peramato apura el plazo para las primeras elecciones al Consejo Fiscal con el número de vocales limitado

Las elecciones al Consejo Fiscal en España permiten a los miembros de la Fiscalía en activo elegir, cada cuatro años, a un total de nueve vocales en servicio activo que, junto con los tres miembros natos del órgano consultivo (el propio fiscal general, la teniente fiscal del Supremo y la inspectora fiscal) están llamados a asesorar al titular del Ministerio Público, entre otras cuestiones, en materia de nombramientos e informes relativos a proyectos de ley.

El proceso, tutelado por una Junta Electoral, constituida en un solo colegio, según detalla el ordenamiento vigente, se asoma –en esta ocasión que apunta al próximo día 19 de mayo como el favorito para las votaciones, dado que hoy, lunes 30 de abril, vence el plazo habilitado para comunicarlo– hacia un doble estreno. Por una parte, serán los primeros comicios de Teresa Peramato al frente del cargo, tras la inhabilitación de su predecesor Álvaro García Ortiz; y, además, la primera convocatoria en la que el número máximo de representantes que puede obtener cada una de las asociaciones profesionales que presente candidatos, estará limitado a seis.

No en vano, y ante la pérdida cada vez mayor de consejeros pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de la que proceden los tres últimos máximos titulares de la Institución -Dolores Delgado, García Ortiz y la propia Peramato- el Gobierno decidía intervenir y, en abril de 2025, aprobaba una reforma de ley orgánica que, en lugar de promover la excelencia, rebajó la exigencia de conocimientos técnicos para desarrollar las funciones de la Fiscalía, además de «topar» los resultados electorales en lo relativo al Consejo para evitar la concentración de poder en la Asociación mayoritaria (AF) que, en la actualidad, mantiene un total de seis representantes.

Precisamente, el análisis que dicha entidad hizo sobre el dictamen de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, junto con el vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que conforman la mayoría del Consejo Fiscal– fue negativo.

«Se trata de una reforma particularmente cuestionada en los últimos meses en el seno de nuestra institución por su impacto en el régimen de acceso a la carrera fiscal y el traslado forzoso de las últimas promociones asociado al ascenso automático a la segunda categoría», criticaba la AF, en un comunicado.

Ambas asociaciones se mostraron en contra de implantar en la Carrera fiscal el llamado ‘cuarto turno’, el sistema que permite el acceso a la carrera a juristas de reconocido prestigio sin pasar por la oposición tradicional; así como del «proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal» y de la limitación del número máximo de representantes de los fiscales, democráticamente elegidos de entre sus compañeros.