Aldama remite al Supremo los pagos de su socio por el piso de lujo de Jessica, la expareja de Ábalos

El empresario Víctor de Aldama ha remitido al Tribunal Supremo, donde está co-procesado en el 'caso PSOE' cuyo juicio arranca el próximo 7 de abril, una serie de correos electrónicos y justificantes de pago en el marco del procedimiento, por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, por parte del Gobierno, en pandemia. Una documentación en la que se detallan los pagos correspondientes al alquiler de un apartamento en el centro de Madrid en el que residió Jéssica Rodríguez, examante del exministro de Transportes José Luis Ábalos, también acusado, por lo que se enfrenta a un total de 24 años de cárcel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, Aldama ha incorporado la confirmación de la reserva de un inmueble ubicado en Torre España, con vigencia entre el 3 de abril de 2020 y el 3 de abril de 2022. Junto a ello, adjunta diversos intercambios de correos entre la inmobiliaria gestora del piso y su socio Alberto Escolano, que, según sostiene, acreditan «parte de los pagos de las mensualidades de alquiler efectuados por el mismo».

Entre la documentación aportada figuran varios justificantes de transferencias realizadas por Escolano. Uno de ellos, fechado en mayo de 2020, asciende a 2.901,65 euros. A este se suma otro pago realizado en diciembre de ese mismo año y un tercero, correspondiente a septiembre de 2021, por importe de 5.803,30 euros.

Durante la fase de instrucción, Jéssica Rodríguez declaró en calidad de testigo que entendía que el apartamento en el que residió durante tres años era sufragado por el entonces ministro de Transportes.

Advertencias de desahucio

El escrito también recoge varios correos electrónicos remitidos por la inmobiliaria a Escolano en los que se le reclama el abono de las rentas pendientes. En uno de ellos, fechado el 3 de diciembre de 2020, una empleada advertía de que, si no se regularizaba la situación, sería necesario «escalar el problema a la propiedad de la empresa».

Días después, la misma trabajadora insistía en la necesidad de efectuar el pago, señalando que, en caso contrario, habría que proceder a la «salida inmediata de la propiedad». En ese contexto, la inmobiliaria informaba de que había contactado con la inquilina, quien les habría indicado que «tampoco tiene cómo conversar» con Escolano, y advertía de que el contrato «se tiene que rescindir».

La cadena de comunicaciones culmina con un correo fechado el 21 de diciembre de 2021, en el que la empresa asegura haber enviado «infinidad de mensajes» y un burofax sin obtener respuesta. En ese mensaje se advierte de que el siguiente paso sería interponer una demanda de desahucio «puesto que no hay ningún tipo de colaboración por tu parte en lo que concierne a los pagos adeudados hasta la fecha».

Informe de la Guardia Civil

Estos elementos se suman a las conclusiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que en 2024 informó de la existencia de «evidencias» de que un presunto testaferro habría abonado 82.298 euros en concepto de alquiler de un inmueble situado en la Plaza de España de Madrid, donde residía Rodríguez.

Según los investigadores, y de acuerdo con la información facilitada por la inmobiliaria, el alquiler habría sido satisfecho entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. No obstante, la expareja del exministro habría continuado ocupando la vivienda hasta finales de marzo de 2022.

La documentación presentada por Aldama será ahora valorada en el marco del procedimiento judicial que instruye el Tribunal Supremo para esclarecer las responsabilidades en la presunta trama de contratos irregulares durante la pandemia.