Todas las cesiones de Sánchez al separatismo catalán y vasco: desde la amnistía hasta un cupo para Cataluña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha otorgado una serie de cesiones tanto al separatismo catalán como al nacionalismo vasco desde que llegase a La Moncloa en 2018. La fragilidad parlamentaria de los socialistas en el Congreso les ha obligado a cumplir con sus socios separatistas y nacionalistas con el único fin de que Sánchez pueda seguir en el poder. Las cesiones del líder del PSOE han sido de toda índole, desde la cesión en la gestión aeroportuaria hasta una hacienda catalana propia, pasando por una amnistía y hasta llegar a imponer las lenguas cooficiales en el Congreso.

A esto hay que sumar que Salvador Illa llegó a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña en agosto de 2024 gracias a la abstención de ERC, por lo que el dirigente socialista es también rehén de los de Oriol Junqueras para intentar gobernar en Cataluña.

Sin embargo, esta serie de concesiones no ha sido suficiente para que Pedro Sánchez haya podido sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. España lleva todavía con las cuentas públicas prorrogadas de 2023. Illa, presumiblemente, sigue por el mismo camino.

La gestión de puertos y aeropuertos

La última cesión del Gobierno de Sánchez al separatismo ha sido la de la gestión de los aeropuertos y de puertos al Ejecutivo regional del País Vasco. Este acuerdo se prevé que pueda cerrarse antes de Semana Santa, según han explicado desde el PNV. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Ejecutivo Vasco, María Ubarretxena, afirmó el pasado lunes que se había alcanzado un acuerdo con el Gobierno central para que esta cesión se pueda llevar a cabo antes del periodo vacacional. El pacto se materializaría en el encuentro bilateral que protagonizarían Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales.

El Ejecutivo de Sánchez ya se comprometió a ceder las competencias de puertos y aeropuertos a Cataluña. Es decir, que los Mossos fuesen los encargados de gestionar los aeródromos y los puertos de la región. Así lo anunció Salvador Illa a finales de 2024, presionado por ERC y también por Junts. El líder del PSC justificó esta medida como una forma de dar «continuidad al trabajo» realizado por su predecesor, Pere Aragonès, quien dejó este acuerdo «solo pendiente de ratificación». Por consiguiente, con el reciente pacto entre el PSOE y Junts se ha dado también un paso más para la cesión de esta materia.

El PSOE alcanzó un acuerdo con Junts en marzo del año pasado para que los Mossos colaborarán con la Guardia Civil y la Policía Nacional en la gestión de la seguridad en los puertos y aeropuertos de España. «El Estado español transferirá los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para que Cataluña ejerza la competencia que se le delega», señalaba el texto.

Un cupo catalán y una hacienda propia

Los socialistas han llegado a varios acuerdos con ERC que han supuesto varias concesiones a la Generalitat de Cataluña. En febrero de 2025 se llegó a un pacto con los de Junqueras para perdonar a la comunidad autónoma catalana 17.000 millones de su deuda. Sánchez ya se comprometió a esto mismo en noviembre de 2023 para que ERC apoyar la investidura de Pedro Sánchez. El acuerdo con los de Junqueras también incluía la gestión de Rodalies, el servicio de Cercanías de Cataluña y cuya red es utilizada cada día por entre 300.000 y 400.000 usuarios en toda la región.

Con el fin de que Illa pudiese ser presidente de la Generalitat, los socialistas aceptaron otorgar un cupo catalán, similar al vasco. Este acuerdo supondría limitar las rebajas fiscales del resto de comunidades autónomas. El pacto también estipulaba la creación de una hacienda catalana propia, que se instrumentalizaría «a través de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) con el objetivo final de asumir progresivamente las funciones de aplicación de todos los tributos generados en Cataluña».

El PSOE acordó con ERC además el incremento del número de jueces en Cataluña hasta llegar a 180 nuevas plazas de jueces en la región durante los dos próximos años. Los separatistas advirtieron además que en su región faltarían más fiscales y letrados de la administración de Justicia. Los socialistas quisieron contentar a los independentistas a pesar de que en el resto de regiones faltan bastantes jueces, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde Sánchez ha anunciado la creación de 69 plazas de jueces de las 142 que demanda la comunidad.

La amnistía para los condenados por el 1-O

El PSOE también ha pactado con Junts varias cesiones de gran calado. La principal fue la Ley de Amnistía que se acordó en noviembre de 2023 para que los de Carles Puigdemont facilitasen la investidura de Pedro Sánchez. Esta medida de gracia a los separatistas condenados en el Tribunal Supremo por el referéndum ilegal del 1-O tenía como objetivo, según alegaron los socialistas, la «plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato». La norma fue aprobada el 30 de mayo de 2024 en el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor.

Además, la ley fue avalada por el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, por seis votos a cuatro. «El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba», rezaba el fallo.

Para pactar la amnistía con Junts, los socialistas aceptaron negociar estando presente un mediador internacional con el fin de «dotar al proceso de certidumbre». Esta figura ha supuesto que los socialistas se hayan desplazado en diferentes ocasiones hasta Suiza para poder despachar con la cúpula de Junts, y bajo la supervisión del diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez. Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE que se encuentra en prisión preventiva por varios delitos de corrupción, ha viajado en varias ocasiones al país suizo para verse las caras con Puigdemont.

Hace un año, PSOE acordó con Junts la transferencia de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Esto significaría el Ejecutivo autonómico tendría la capacidad de realizar expulsiones de inmigrantes y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Esta transferencia nunca se llegó a formalizar después de que no saliera adelante en el Congreso de los Diputados. La votación se celebró el pasado 23 de septiembre. PP, Vox y Podemos votaron en contra de esta medida. La votación final fue de 177 votos en contra frente a 173 a favor.

Lenguas cooficiales para elegir a Armengol

ERC y Junts lograron en agosto de 2023 que el PSOE se comprometiera a cambiar el reglamento de la Cámara Baja para que se pudiera usar en el hemiciclo el catalán, euskera o gallego. Todo ello para que los separatistas facilitasen la elección de la socialista Francina Armengol como presidenta del Congreso. Desde entonces, los independentistas utilizan las lenguas cooficiales en las sesiones, a pesar de que todos se podrían entender perfectamente en español, como se había hecho hasta el momento. Además, los socialistas se comprometieron a que se reconociesen el catalán, euskera o gallego como lenguas oficiales en la Unión Europea.

A pesar de todas estas concesiones a los separatistas, Junts anunció el pasado mes de octubre su «ruptura» con el Ejecutivo de Sánchez. Los de Puigdemont alegaron que los socialistas habían «incumplido» el acuerdo que sellaron para que Sánchez fuese investido. Sin embargo, no se descarta que el PSOE realice más concesiones con el fin de que los de Puigdemont vuelvan a apoyar al Gobierno central en asuntos clave, como los Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha efectuado varios pagos al PNV y a Bildu bajo la premisa de que el dirigente socialista pueda seguir unos meses más en Moncloa. Al Ejecutivo autonómico del País Vasco se le han transferido varias competencias en áreas de distinta índole. El año pasado el Consejo de Ministros aprobó, entre otras medidas, la cesión al PNV de un palacete en París, una propiedad valorada en cerca de 15 millones de euros.

La gestión de las cárceles, para el País Vasco

En 2021, se delegó al País Vasco la gestión de las prisiones, lo que permitió el acercamiento de los presos etarras a los centros penitenciarios de la región. En ese momento había 261 miembros de la banda terrorista ETA en prisión, de los cuales solo tres estaban en cárceles vascas. En la actualidad, todos se encuentran en prisiones de esta región o la de Navarra, con la excepción de 12 reos.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, transfirió en verano de 2024 a la Ertzaintza, la policía autonómica vasca, las competencias para gestionar los puertos y aeropuertos de la región. Los sindicatos de la Guardia Civil mostraron su oposición frontal a esta medida, asegurando que era un «desmembramiento» del Instituto Armado.

El Gobierno de Sánchez acordó con el PNV la oficialidad de las selecciones vascas de pelota vasca y de surf. En diciembre de 2024, la la Federación Internacional de Pelota Vasca ratificó la incorporación de la Federación Vasca como miembro, con derecho a participar en competiciones oficiales. Esto ha provocado que en los últimos meses la selección española se haya enfrentado a la vasca en los torneos de pelota vasca. El pasado mes de septiembre España se impuso en este duelo durante un mundial.

El Ejecutivo de Sánchez logró sacar adelante, con apoyos como el de Bildu, la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Esta norma, derivada de la que sacó en su momento el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tiene como objetivo reescribir la historia de España. Para ello, Sánchez tendría como colaborador a Arnaldo Otegi, por lo que se buscará también blanquear el pasado de la banda terrorista ETA.

La salida de la Guardia Civil de tráfico de Navarra

Bildu logró, a cambio de investir a Sánchez, la alcaldía de Pamplona. Los socialistas respaldaron en el Consistorio una moción de censura liderada por los de Otegi con el fin de arrebatar a UPN la alcaldía de la ciudad. Cristina Ibarrola fue apartada tan solo seis meses después de acceder al cargo de alcaldesa. Todo ello a pesar de que varios dirigentes del PSOE negaron por activa y por pasiva que fuesen a entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu, como fue el caso de la actual portavoz del Gobierno y ministra de Inclusiones y Migraciones, Elma Saiz.

En 2024 se formalizó la salida de la Guardia Civil de tráfico en Navarra. Los socialistas acordaron esta medida con Bildu, cuyo objetivo es «integrar en el Régimen Foral de Navarra todas aquellas facultades y competencias compatibles con la unidad constitucional y garantizar todas aquellas facultades y competencias propias del Régimen Foral».

Otra cesión de Sánchez a los de Otegi fue favorecer la «normalización» del vasco en Navarra, garantizando la emisión del canal autonómico vasco de ETB 3 en la región, así como otra serie de medidas destinadas al ámbito económico.