Un guardia civil durante un desfile por el 12 de octubre en Pamplona
El Consejo de Europa pone el ojo en España por no permitir los sindicatos en la Guardia Civil
El organismo europeo admite a trámite una denuncia interpuesta por Jucil
El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), dependiente del Consejo de Europa y con sede en Estrasburgo (Francia), ha admitido a trámite una denuncia interpuesta por la asociación española de guardias civiles, Jucil, contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no permitir a la Benemérita el derecho de sindicación, ni el de negociación colectiva ni, por supuesto, el derecho a huelga.
La Guardia Civil tiene en sus orígenes un estamento militar, por lo que no puede tener sindicatos en su seno. De ahí que, por ejemplo, la Policía Nacional tiene sindicatos policiales pero la Guardia Civil tiene asociaciones de guardias civiles.
El principal argumento de Jucil es que la actual limitación de derechos en España contradice lo establecido en la Carta Social Europea, ratificada por España, cuyo artículo 5 reconoce el derecho de los trabajadores a asociarse libremente, y cuyo artículo 6 garantiza el derecho a la negociación colectiva.
Otros cuerpos policiales europeos similares a la Guardia Civil ya han visto reconocidos estos derechos en los últimos años, como la Garda irlandesa o militares portugueses. Y el hecho de que la denuncia haya sido admitida quiere decir que el Comité Europeo de Derechos Sociales ve en ella elementos suficientes como para, como mínimo, iniciar un estudio profundo de la situación. Por ese motivo, ha pedido al Gobierno de España que presente alegaciones al respecto hasta el próximo 26 de mayo.
Una vez escuchadas estas alegaciones, el Comité Europeo de Derechos Sociales dictaminará, probablemente ya después del verano, si la normativa española se ajusta o no a la Carta Social Europea.
El recientemente elegido nuevo secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, ha destacado que «estamos ante un hito que es fruto del esfuerzo y la visión de los servicios jurídicos de la asociación. Hemos abierto una puerta en Europa para que se reconozca que la prohibición de derechos a los guardias civiles nos sitúa en una posición de indefensión y desigualdad en los procesos de negociación de nuestras condiciones laborales».
