Bruselas y el Supremo dan sendas advertencias a Marlaska por su dejación ante policías y guardias civiles

El Tribunal Supremo admitió este lunes la demanda para extender a la Guardia Civil el reconocimiento ya logrado por la Policía Nacional como profesión de riesgo que había solicitado la asociación de guardias civiles Jucil.

Al mismo tiempo, la misión del Parlamento Europeo que el pasado mes de mayo visitó la comarca del Campo de Gibraltar gracias a una denuncia presentada por la Confederación Española de Policía (CEP) ha dictaminado en el borrador de conclusiones «que su profesión sea reconocida como de alto riesgo a escala de la Unión» y que «los actos violentos contra los agentes se consideren eurodelitos, que comportan penas más severas, para que no queden impunes».

Se trata, en definitiva, que las asociaciones de guardias civiles y los sindicatos de Policía Nacional tienen que buscar en la Justicia el reconocimiento que el Ministerio del Interior no les quiere dar.

«Ahora mismo, no hay voluntad política real ni en la Dirección General, ni en el Ministerio, ni en el Gobierno para aprobar un Real Decreto que nos lo reconozca. Es hora de esperar y confiar en la Justicia para conseguir lo que por derecho corresponde a la Guardia Civil, su reconocimiento como profesión de riesgo», afirman desde Jucil.

Para la Confederación Española de Policías (CEP), «la misión del Parlamento Europeo que vino a España para comprobar la denuncia sobre el aumento intolerable de la violencia contra policías lo tiene claro y deja en evidencia a Marlaska».

De igual modo, desde la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) constatan que «debemos agradecer la defensa de nuestros derechos en Europa ante la parálisis y absoluta falta de avances en España».

Porque tanto el reconocimiento de la profesión de riesgo por parte del Supremo, si finalmente dictamina en este sentido, como la consideración de eurodelitos por parte del Parlamento Europeo en Bruselas, tendría unas consecuencias positivas para los agentes tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.

El reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo implicaría la aplicación de coeficientes reductores que permitan una posible jubilación anticipada no penalizada, un derecho largamente demandado por el colectivo.

Mientras que aceptar las agresiones a agentes policiales como eurodelito, supondría que el delito tendría la misma consideración en toda la Unión Europea que se extendería a cada país mediante una Directiva, por lo que las penas serían más severas y, por lo tanto, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, igual que los cuerpos policiales de otros países europeos, estarían más protegidos ante el incremento de las agresiones a los agentes que se está dando, según constató la misión europea.