El etarra Josu Ternera dice en París que no tiene «nada que ver» con el atentado a la casa cuartel de Zaragoza

El etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, aseguró este jueves durante su juicio ante el Tribunal de Apelación de París que no tiene «nada qué ver» con el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, por el que lo reclama la Justicia española.

Ternera se encaró con la fiscal cuando ésta le sacó a colación esas acusaciones por un atentado en el que fueron asesinadas once personas y las contrapuso con la imagen que el histórico de la banda trató de dar, la de alguien que durante toda su trayectoria en ETA tuvo como objetivo buscar la negociación con las autoridades españolas para «resolver el conflicto vasco».

El etarra desautorizó esas imputaciones y replicó que la justicia española ha sido condenada en once ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo por torturas y que en siete de esos casos había estado implicado como juez de la Audiencia Nacional el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Antes de eso ya había explicado que cuando pasó a la clandestinidad a finales de 2002, cuando era diputado en el Parlamento vasco, fue porque consideraba que «no tenía ninguna garantía» ante un caso que estaba «montado».

Afirmó que su expulsión a España en 1996 tras haber cumplido una pena por terrorismo en Francia de diez años (había sido detenido en Bayona en 1989) fue «el regalo» del entonces presidente francés, Jacques Chirac, al presidente del Gobierno español, José María Aznar, pero «con una condición, que no fuera torturado».

Y por eso, sin pasar por comisaría, lo condujeron directamente ante el juez Javier Gómez de Liaño, que lo imputó y ordenó su ingreso en prisión, donde permaneció hasta enero de 2000.

Denunció que en esos años que estuvo entre rejas «se (le) intentó inculpar en 20 casos», y uno de ellos fue el atentado de la casa cuartel de Zaragoza.

El entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar «Garzón intentó implicarme en ese atentado», a su parecer sin fundamento, y luego «en 2001 la Guardia Civil montó de nuevo este asunto», lo que le decidió a «entrar en la clandestinidad» porque incluso en el Parlamento vasco era calificado «de asesino antes de ser juzgado».

Ese periodo de clandestinidad se prolongó hasta mayo de 2019, cuando fue capturado en los Alpes franceses y encarcelado hasta finales de año, cuando salió en libertad bajo control judicial, situación en la que sigue ahora en espera de que se cierre el último juicio que tiene pendiente en Francia, que está programado para mañana viernes.

Una vez que se dicte sentencia en este caso, algo que ocurrirá en unas semanas, y que se resuelva un eventual recurso ante el Tribunal Supremo (un proceso que se prolonga normalmente entre varios meses y más de un año), podrían pasar a ejecutarse las euroórdenes españolas cursadas en su contra.

Hay dos a las que la justicia francesa ya ha dado su visto bueno, una por la financiación de la banda y otra precisamente por su presunta implicación en el atentado de 1987 en Zaragoza.