El sanchismo se aferra a la comparación de Sánchez con Fernando VII para desacreditar el auto del juez Peinado

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dictado un en el que procesa a Begoña Gómez –la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez– por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

En su resolución –de 39 páginas– el juez dice en un párrafo lo siguiente: «Por mucho que se busque en la jurisprudencia, que analice o interprete este tipo penal contemplado en el denominado Código Penal de la democracia, aprobado por la ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995, no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal».

Así las cosas, el sanchismo se ha aferrado a esta suerte de comparación entre el actual Gobierno y el régimen de Fernando VII para desacreditar la decisión del juez Peinado de procesar a Begoña Gómez. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, compartió en sus redes sociales esta parte del escrito y afirmó que «no hay la menor preocupación por mantener una mínima apariencia de imparcialidad».

«En un párrafo delirante, sostiene que sobre la conducta de Begoña Gómez no hay jurisprudencia que valga, pues habría que remontarse a los tiempos de Fernando VII para encontrar algo similar», añadió Puente.

Fuentes de Moncloa trasladaron a Europa Press el malestar en el Gobierno por el auto y por «algunas expresiones contenidas en el mismo». De esta forma, en el Ejecutivo ha causado enfado que Peinado se refiera al caso como «conductas que provienen de palacios presidenciales» y que «parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados», y que además compare los hechos investigados con el comportamiento durante el Reinado de Fernando VII.