Víctimas de ETA, contra las cartas que permiten la liberación de presos: «No tenemos por qué creérnoslo»

Justo un día después de que el diario El País publicara un extenso reportaje mostrando algunas de las cartas que presos de la banda terrorista ETA han escrito para poder acceder a regímenes de semilibertad, este lunes el Gobierno vasco concedió el tercer grado al etarra Jon Bienzobas, alias Karaka, asesino, entre otros, del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Entre las justificaciones que el Gobierno vasco dio para justificar esta decisión, estaba la existencia de una carta donde Bienzobas supuestamente pide perdón.

El Ejecutivo vasco, que tiene desde 2021 las competencias penitenciarias como consecuencia de los pactos con el Gobierno de Pedro Sánchez, asegura que el tercer grado a Bienzobas se aplica en virtud del artículo 83 del Reglamento Penitenciario y a la valoración de una serie de factores, como la comentada carta donde el interno manifiesta sentirse responsable del daño causado, la buena conducta en prisión y también la existencia de una oferta laboral para el preso.

Las víctimas del terrorismo, sin embargo, observan con tristeza la liberación de un etarra más. «Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas», denuncia Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo. A su juicio, «lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene por qué dar por buenas».

En el reportaje realizado ayer en El País, aparecían varias cartas donde los presos expresan pesar por el daño causado, reconocen la irreparabilidad del sufrimiento y manifiestan su voluntad de contribuir a la reparación, aunque siguiendo una escritura que parece atender a una plantilla previa que rellenar. Las cartas son uno de los requisitos que el Gobierno vasco pide a los etarras para acceder a regímenes de semilibertad, así como reunirse con las propias víctimas en encuentros que el Ejecutivo vasco organiza en caseríos.

Para las asociaciones de víctimas, sin embargo, el problema no reside solo en el contenido de las cartas, sino en el uso que se hace de ellas. Ante esto, Covite sostiene que este tipo de escritos no puede considerarse prueba suficiente de arrepentimiento ni de ruptura con el pasado, y recuerda que la propia Audiencia Nacional de España ha advertido en resoluciones anteriores de que este tipo de manifestaciones deben ir acompañadas de hechos objetivos de desvinculación, como la colaboración con las autoridades.

Además, aunque formalmente se conceden al amparo del artículo 83 del Reglamento Penitenciario, en la práctica muchos de ellos acaban ejecutándose mediante el artículo 86, lo que permite a los internos permanecer en libertad con control telemático y sin necesidad de pernoctar en prisión. «Se cumple la ley en la forma, pero se traiciona su espíritu», denuncian las víctimas.

El caso de Bienzobas se suma al de otros antiguos dirigentes y miembros destacados de ETA, como María Soledad Iparraguirre, alias Anboto, o Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, que también han accedido recientemente a regímenes de semilibertad mediante fórmulas previstas en la normativa penitenciaria y que dan continuidad al deseo de Arnaldo Otegi de intercambiar Presupuestos por presos.

«No estamos en contra de la reinserción; estamos en contra de que se llame reinserción a lo que en realidad son excarcelaciones encubiertas», sostiene Ordóñez, ante una nueva decisión del Ejecutivo vasco que las víctimas han calificado de «fraude» y de conformar una política penitenciaria que, en su paradoja, facilita la semilibertad de aquellos condenados por terrorismo.