El ministro de Justicia revela que ha hablado con muchos jueces sobre una instrucción que afecta al presidente

El caso Begoña ha borrado definitivamente la línea roja entre el poder ejecutivo y el judicial. El ministro de Justicia, que lo es también de la Presidencia y las Relaciones con las Cortes, lleva tres días jactándose de haber hablado con muchos jueces y magistrados sobre una instrucción que atañe directamente al presidente del Gobierno. No solo eso, sino que Félix Bolaños ha intentado dar apariencia de normalidad a que él, el responsable de las reformas legales y de la coordinación del Ejecutivo con la Judicatura, mantenga conversaciones sobre un procedimiento abierto a la mujer de Pedro Sánchez.

El lunes, día en que Juan Carlos Peinado dio a conocer el auto de procesamiento contra Begoña Gómez, Bolaños afirmó que esa decisión avergonzaba a muchos jueces y fiscales, erigiéndose en su portavoz. El martes, en la sala de prensa de la Moncloa, fue más allá y afirmó que su opinión es la «opinión de gran parte de la carrera judicial, muy generalizada». «Mi opinión es una opinión muy compartida por una amplísima parte de la sociedad española, pero por una muy buena parte también de la carrera judicial, que está preocupada por cómo algunas resoluciones judiciales pueden afectar al buen nombre de la Justicia», señaló.

Cuando un periodista le preguntó en esa comparecencia en qué se basaba para tal afirmación, el ministro de Justicia contestó abiertamente: «Me refiero a la inmensa mayoría, la práctica totalidad de los jueces y magistrados con los que yo he hablado de esta instrucción, que me han manifestado su opinión bastante crítica con las resoluciones judiciales que se han ido adoptando en este procedimiento (…). Eso es lo que yo he tenido conocimiento».

El miércoles, en la sesión de control en el Congreso, Bolaños se mostró molesto por el hecho de que el Consejo General del Poder Judicial y las dos asociaciones mayoritarias de jueces le exigieran públicamente respeto por las decisiones del magistrado instructor: «Los mismos que te dicen por la mañana una cosa, cuando tú por la tarde lo dices en público te critican y te sacan un comunicado. Pero aun así lo voy a seguir haciendo», aseguró.

Además de hablar con muchos jueces y magistrados sobre el caso Begoña, siempre según él, el responsable de Justicia ha hecho otra cosa: enviar varias cartas a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, para que el órgano de gobierno de los jueces resolviera de una vez las quejas del ministro contra Peinado, que elevó al CGPJ en junio de 2025. Que las resuelva en contra del juez instructor y a favor de los intereses del Gobierno, se entiende. «El CGPJ debería ser consciente de que deberían ir resolviéndose», señaló Bolaños el martes en la Moncloa. Fuentes gubernamentales vienen insistiendo esta semana en que es el CGPJ el que debería parar de una vez al juez Peinado.

El bluf de la «ley Begoña»

Bolaños es también el ministro de Justicia que estuvo detrás de la malograda ley Begoña: aquella proposición de ley que el grupo parlamentario socialista registró en enero de 2025 en el Congreso para tratar de intervenir la Justicia por la vía rápida ante el avance de los casos protagonizados por la mujer del presidente, su hermano y el fiscal general del Estado.

La llamaron «ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», pero murió antes de nacer: el pasado noviembre, y como contó entonces El Debate, los socialistas la retiraron formalmente al no haber logrado un solo apoyo entre sus socios. Ni siquiera se atrevieron a llevarla al Pleno para su admisión a trámite porque ni Sumar quiso ser cómplice.

Tenía entre sus objetivos prohibir ejercer la acusación popular a los partidos y las asociaciones y fundaciones vinculados a estos, como también a los sindicatos de cualquier índole (véase Manos Limpias). Además de impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa. También añadía motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse de Peinado. E incluía una disposición transitoria única para que, en caso de aprobarse, se aplicara inmediatamente a los «procesos en curso», para beneficiar a la esposa de Sánchez.

Antes de enterrarla, Bolaños introdujo parte de su contenido -sobre todo lo relativo a la acusación popular- enmascarado dentro de la reforma de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 28 de octubre y envió al Congreso. Allí está desde entonces acumulando polvo, tan parado como la polémica reforma Bolaños: el proyecto de ley orgánica con el que el Gobierno pretende, o pretendía, modificar de una sentada la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Está a punto de cumplir un año varado en la Comisión de Justicia porque los socialistas no tienen apoyos para sacarlo adelante.