Las acusaciones del 'caso Begoña' piden 24 años de prisión para la mujer de Sánchez por cuatro delitos

Un total de 24 años de prisión para Begoña Gómez y la retirada del pasaporte como medida cautelar para evitar el posible «riesgo de fuga», tras su último y reciente viaje oficial a China. Ésta es la propuesta de las acusaciones populares personadas en la causa judicial que se sigue contra la mujer de Pedro Sánchez en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, y lideradas por los abogados de Hazte Oír, en su escrito de calificación previa, al que ha tenido acceso El Debate.

En el documento, de 81 páginas, las representaciones letradas acuerdan respaldar el procesamiento instado por el instructor Juan Carlos Peinado por los cuatro delitos recogidos en su auto de cierre de las diligencias penales previas: malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

No en vano, consideran que tal y como han demostrado los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trayectoria profesional de Gómez, antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa, estaba vinculada al sector privado del marketing, de la consultoría y de la captación de fondos, en particular en el Grupo Inmark pero que fue, «tras la llegada» de su marido al poder cuando «con plena consciencia de ello y forma voluntaria, dio un giro radical a la misma».

Así las cosas, fue en «junio de 2018 (o en cualquier caso, con carácter concomitante o cercano a la llegada del esposo al poder)» cuando solicitó su «excedencia» en Inmark con el fin de «acceder a círculos de poder e influencia» que le permitieran «progresar» a nivel profesional.

En agosto de 2018, «fue nombrada directora del IE Africa Center; entabló relaciones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Wakalua (así como sus colaboradores, como el Grupo Barrabés); y, manteniendo su codirección del Máster Propio en Dirección de Fundraising de la UCM iniciado en el curso 2014/2015, impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, formalizada el 30 de octubre de 2020». Y, todo ello, pese a «no ser licenciada universitaria y sin que aparezca en autos un proceso abierto y competitivo de selección académica equiparable al ordinario de la Universidad Complutense», denuncian las representaciones procesales de las acusaciones personadas en el procedimiento.

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez

En el mismo sentido, y en relación con la contratación de la que ha sido su asistente desde entonces, María Cristina Álvarez, también imputada, los abogados han puesto de manifiesto en su escrito la amistad que las une, desde «finales de los 90, principios de los 2000», de tal manera que «eran amigas personales al momento de la designación de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno».

Ésta y no otra fue la razón por la que Begoña Gómez decidió elegirla como su ayuda institucional, «con carácter de funcionaria» y pagada por La Moncloa, esto es, retribuida «con cargo a los Presupuestos Generales del Estado». En su designación, por lo tanto, las acusaciones sostienen que no se tuvo en cuenta, «ni valoró la falta de experiencia laboral previa en materias de protocolo y demás que debía realizar, ni su falta de titulación en estos campos, resultando contratada» como resultado tanto de su relación de confianza como por la «presión moral».

Si bien «el desempeño laboral habitual (...) no comprendía nunca la gestión de la agenda privada, empresarial, laboral universitaria o societaria» de Begoña Gómez, las evidencias señalan que esta pauta no se habría cumplido.

En el documento acusatorio apuntan que, además, Cristina Álvarez, «conoció siempre y aceptó libre y voluntariamente», tanto los motivos de su contratación, «como las razones y finalidad con las que se realizaba la misma». Y, de ahí, que Hazte Oír también pida 22 años y medio de prisión para la asesora, así como seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, los tres coinvestigados en la causa.