El exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid Francisco Granados llegando a la Audiencia Nacional en una foto de Archivo.
Un interventor dice que Granados urdió pagos de la Comunidad de Madrid a la trama Púnica
Francisco Granados y un empresario suyo, José Luis Huerta, se habrían aprovechado de la influencia en el PP y el Gobierno autonómico del primero para conseguir contratos y fondos de las administraciones públicas
Un interventor del Estado ha declarado en el juicio del caso Púnica que el exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados urdió un plan para que un empresario de la trama recibiera de forma irregular de la Comunidad de Madrid 364.200 euros para paliar pérdidas de un concierto que organizó. La Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio a Francisco Granados y otros trece acusados, entre ellos seis exalcaldes del PP de municipios madrileños, por la supuesta contratación irregular para actos de las fiestas locales entre 2004 y 2013 de la empresa Waiter Music, cuyo dueño, el fallecido José Luis Huerta, era amigo del primero.
En su escrito de acusación la Fiscalía señala que la posición de Granados, número 2 del Gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre y para quien pide en sus conclusiones provisionales seis años de prisión, le permitía tener una posición de superioridad e influencia sobre otras autoridades y funcionarios. Añade que Granados le encargó a Huerta que sin ningún tipo de concurso ni procedimiento administrativo se encargase de llevar a cabo en el Palacio de los Deportes de Madrid el espectáculo Night of the Proms, que mezclaba actuaciones de música clásica y moderna y que contaba con la participación de artistas como Mike Oldfield, que se celebró el 31 de marzo de 2007.
Según el Ministerio Público Granados le dijo a Huerta que era un deseo personal suyo y que no se preocupase si económicamente algo fallaba porque él se encargaría de que recibiese fondos de las administraciones públicas. Agrega que la sociedad que gestionaba los derechos del espectáculo en España, GPE Producciones, se los cedió a Water Music por 522.000 euros.
La Fiscalía mantiene que «aprovechando la gran influencia que tenía Granados dentro del PP de Madrid y del Ejecutivo autonómico se trasladó al entonces consejero de Cultura, Santiago Fisas, la necesidad del espectáculo y que fuese sufragado parcialmente con dinero público». En su declaración testifical en la vista el pasado 4 de marzo Santiago Fisas confirmó que el 15 de febrero de 2007 se firmó un contrato por el que la Consejería de Cultura aportaba 225.000 euros para la celebración del espectáculo.
La fiscal relata en su escrito de acusación que cuando Huerta le dijo a Granados que las entradas para el espectáculo no se vendían al ritmo esperado este dio instrucciones para que fuese subvencionado por la Fundación Arpegio, constituida a instancias suyas por la Comunidad de Madrid, mediante un convenio de patrocinio por el que se transferían a Waiter Music 139.200 euros. Este lunes ha comparecido como perito un interventor general del Estado que ha señalado que Granados urdió en la Consejería de Presidencia la organización de este concierto.
Ha mantenido que el contrato firmado por la Consejería de Cultura con Waiter Music «carecía de una causa justa» ya que el verdadero motivo era disminuir la pérdidas de José Luis Huerta por la organización del concierto sin que figure en el expediente una justificación de la necesidad. Y ha precisado que en todo caso de haber existido tal justificación la Consejería debería haber firmado directamente la organización del concierto con GPE Producciones.
En cuanto al convenio de la Fundación Arpegio ha señalado que los firmó la también acusada Carmen P.E., que era la directora gerente de esta entidad, sin que hubiera sido aprobado por el patronato de la misma. Para el interventor es sospechoso además que los pagos a Waiter Music de la Consejería de Cultura y la Fundación Arpegio se realizaran el mismo día, el 4 de abril de 2007, cuando son dos entidades públicas diferentes, lo que a su juicio supone «una casualidad muy difícil» y considera que «debió existir una coordinación».
Este lunes ha comenzado en la vista la audición de la declaración ante el juez instructor del fallecido José Luis Huerta, que manifestó que además de recibir la adjudicación durante varios años de los festejos locales de diferentes ayuntamientos gobernados por alcaldes del PP también se encargó de eventos del partido y de fiestas particulares de Granados.