La empresa que contrató a Jésica ganará más de 4 millones por regularizar inmigrantes ilegales

El Gobierno de Sánchez ha contado para el proceso de regularización masiva de inmigrantes con la misma empresa que contrató a Jésica Rodríguez, la compañera sentimental del exministro José Luis Ábalos, ahora en el banquillo por el 'caso mascarillas'.

La empresa elegida es Tragsatec, la filial de Tragsa, que figuera en el escrito de acusación del fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, que la menciona por ser el lugar en el que trabajó Jésica tras su paso por Ineco. Que haya trabajado, en cualquier caso, también es puesto en duda por el fiscal; que señala con seguridad que sí cobró casi 10.000 euros por seis meses de contrato. Tragsatec aparece ahora como la elegida para la «prestación de servicios de apoyo a la tramitación de autorizaciones de residencia», conforme al decreto de regularización aprobado recientemente por el Gobierno.

El acuerdo –que el Gobierno no presentó al Consejo de Estado para realizar el dictamen sobre el decreto de regularización y que le valió una 'reprimenda' al Ejecutivo por no haber explicado por qué se eligió a Tragsatec y no a otra– detalla cuánto dinero recibirá la empresa por los servicios a realizar, así como la explicación de las tareas de sus empleados en el proceso de legalización.

Así, el texto firmado por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez señala que el presupuesto máximo derivado del encargo es de 4.390.401 euros que «correrán a cargo del presupuesto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

En cuanto a las tareas, el texto señala que, de acuerdo con la ley, es la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) la que ejerce funciones de gestión y apoyo en la tramitación de las autorizaciones de residencia o trabajo. El acuerdo señala también que es esta unidad la encargada de la tramitación de las autorizaciones derivadas del reciente decreto de regularización masiva.

Volumen de trabajo «muy elevado»

Entonces, ¿por qué se recurre a Tragsatec? Según el acuerdo porque «pese al esfuerzo continuado del personal funcionario de la UTEX y al incremento de su actividad derivado de la tramitación de las autorizaciones previstas en el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, el volumen de trabajo sigue siendo muy elevado y dificulta dedicar tiempo a reformas de calado en los flujos de trabajo y a la implantación de mejoras procedimentales».

A esta incapacidad del equipo de UTEX se suma el aluvión de presentación de solicitudes que se está produciendo por la aplicación del reciente decreto de regularización masiva por el que «se estima la presentación de aproximadamente 750.000 solicitudes» cuya tramitación también corresponde a UTEX. «Asimismo, la Relación de Puestos de Trabajo de la UTEX, integrada por 51 puestos, resulta manifiestamente insuficiente para hacer frente al volumen previsto, tanto por la magnitud de las solicitudes como por la complejidad técnica de los expedientes».

«Importante experencia» del personal de Tragsatec

El texto pasa a defender así las bondades del equipo de Tragsatec por su «importante experiencia en la prestación de asistencias y servicios técnicos relacionados con la mejora y modernización de los procesos de gestión de las administraciones públicas», así como la «experiencia de su personal». Por todo ello se determina que es Tragsatec la indicada para «la ejecución de las actividades materiales y técnicas de apoyo a la Dirección General de Gestión Migratoria para las actuaciones de tramitación (...), de los expedientes de gestión de autorizaciones de residencia». Asimismo se aclara que «la tramitación de los procedimientos de las autorizaciones de residencia las llevará a cabo la UTEX». Así, Tragsatec será la encargada de:

a) Gestión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo para solicitantes de protección internacional.

b) Gestión de autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario.

c) Gestión de autorizaciones de residencia de menores extranjeros acompañados nacidos y no nacidos en España afectados por el proceso regulatorio.

Tragsatec no puede hacerlo todo

El ministerio dirigido por Elma Saiz señala que se excluye a Tragsatec de «cualquier actuación que implique el ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. En consecuencia, será competencia exclusiva del personal funcionario la realización de actividades de valoración sustancial de la prueba, instrucción y resolución de los procedimientos, quedando expresamente excluida la intervención de la entidad encargada en la fase decisoria del procedimiento».

Aparte de que el Consejo de Estado le reprochó al Gobierno «la escasa atención e información que el expediente remitido a dictamen dedica a esta cuestión», es decir, a la contratación de Tragsa y si filial, Tragsatec, también pone el foco en qué tipo de tareas pueden realizar.

El máximo órgano consultivo señala que los encargos deben limitarse «a actuaciones administrativas de gestión y canalización documental». Además, «no podrán atribuirles potestades públicas respecto de las solicitudes que se presenten para acceder a las nuevas autorizaciones de residencia de extranjeros, ya que el ejercicio de tales potestades para resolver o adoptar decisiones sustantivas respecto de tales solicitudes corresponde legalmente a los órganos administrativos competentes en la materia y al personal funcionario que en ellas se integra».

El órgano dirigido por Carmen Calvo le dice al Gobierno que el Tribunal Supremo señaló que hay funciones que dependen de los órganos administrativos y a los funcionarios públicos y que no pueden delegarse. «Es de especial relevancia la atención que la jurisprudencia viene dedicando a la posibilidad de encomendar a medios propios o empresas privadas la gestión de los procedimientos administrativos». Así, el dictamen cita sentencias del Alto Tribunal en las que se «anuló los expedientes sancionadores tramitados por Tragsatec».

Subcontratación

Por último, el texto abre la posibilidad de que la propia Tragsatec pueda contratar a otros. Eso sí, no podrá hacerlo con lo que se considera «la parte esencial de la actividad encargada». Es decir, las «tareas de planificación de los trabajos, de control de la ubicación, entrega, recepción y custodia de los expedientes, de interlocución con la Secretaría de Estado de Migraciones y entrega de informes y listados finales de los trabajos realizados».