De izq. a dcha.:El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; María Jesús Montero y Yolanda Díaz, en el Congreso
La otra regularización de Sánchez: sin funcionarios y con casos de residencia exprés por silencio administrativo
El presidente ya llevó a cabo varios contratos con la empresa Tragsatec, filial de Tragsa, para que apoyen al ministerio en la concesión de residencias ante el aluvión de peticiones
El proceso de regularización de Sánchez no es nuevo. Tampoco el hecho de tener que contratar a Tragsatec –la empresa que contrató a Jésica, la 'sobrina' del exministro Ábalos– para que ayude en la gestión del aluvión de expedientes. Y en algunos casos, se concedieron residencia por la vía del silencio administrativo positivo.
Ya en 2022 –y en términos muy similares al acuerdo celebrado con Tragsatec para la regularización de 2026–, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones firmó un acuerdo, también con la filial de Tragsa, para la «prestación de servicios de apoyo a la tramitación de autorizaciones de trabajo y residencia».
Si en el reciente acuerdo era la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) la que no era capaz de sacar adelante el aluvión de expedientes, en el caso del contratado de 2022 era la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos (UGE) la que necesitaba apoyo.
La misma dotación de funcionarios
«El elevado número de expedientes tramitados al amparo de la Ley 14/2013 contrasta con el estancamiento en la dotación de efectivos de la UGE, que permanece con la misma dotación que en sus orígenes con una RPT [relación de puestos de trabajo] de 17 puestos de trabajo, no cubiertos en su totalidad de un modo permanente, para un volumen de expedientes que crece año tras año», señala el texto del acuerdo entre el Gobierno y Tragsatec.
Y continúa defendiendo que «dado el significativo aumento del número de expedientes a resolver, que además debe hacerse en un plazo muy breve, y la insuficiencia actual de medios personales de la UGE, se hace necesario contar con el apoyo de una asistencia técnica».
El texto normativo aportaba también cifras para defender el contrato de Tragsatec. «En 2014 se presentaron 5.095 solicitudes, en 2016, 15.347, y en 2019, 27.951. En el año 2020 se recibieron 24.299 solicitudes de residencia de la Ley 2014, número ampliamente superado a 31 de octubre de 2021 con 28.852 solicitudes». También señalan que se había contado con Tragsatec a finales de 2020 y de 2021 y que, gracias a su «apoyo» fundamental durante el año 2020, se estimaron «por silencio» un total de 2.822 expedientes, es decir, un 11,6 % del total.
Concesión de las 'Golden Visa'
Se trataba, en el acuerdo y su adenda, no de residencias por vía de la regularización exprés. Entonces, los expedientes llegaban fruto de la ley de 2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que creó «un régimen diferenciado para las autorizaciones de trabajo y residencia de determinados colectivos (inversores en inmuebles, activos o proyectos empresariales, emprendedores, trabajadores altamente cualificados, investigadores y trabajadores que efectúan movimientos interempresariales dentro de la misma empresa o grupo de empresas)», tal y como señala el texto del acuerdo entre el Gobierno y Tragsatec. Es decir, lo que se conoce como 'Golden Visa', que posteriormente fueron eliminadas.
Para 2022 y 2023 se pactó con Tragsatec un encargo por 1.293.321 euros. Este acuerdo, sin embargo, subió posteriormente a 4.813.837 euros para que la empresa siga prestando apoyo: «Se prevé la realización de tareas de apoyo en aproximadamente 2.500 expedientes/mes. A partir de la fecha de firma del encargo, se prevé la realización de tareas de apoyo en aproximadamente 5.000 expedientes/mes», dice el acuerdo firmado el 20 de junio de 2023.
Para la adenda del encargo se recurrió a la justificación de que, pese a los refuerzos de Tragsatec, el volumen de incremento de solicitudes «ha superado ampliamente el escenario inicialmente esperado, produciéndose un incremento del 45 % en las solicitudes respecto del año inmediatamente anterior, y desbordando con ello la planificación prevista». Además, «en los cinco primeros meses de 2023, el incremento respecto al mismo período de 2022 [es decir, hasta mayo] se sitúa en casi otro 44 % lo que nos lleva a estimaciones para el año 2023 que superan los 77.700 expedientes, desbordando con ello cualquier planificación prevista».
Reducción de plazos
El acuerdo señala que, gracias al apoyo de Tragsatec, se pudo conocer la residencia en el plazo que marca la ley y a partir del cual la residencia se concede por el silencio positivo. «El apoyo externo prestado por Tragsatec ha demostrado ser una herramienta útil y eficaz para atender a estas situaciones sobrevenidas, permitiendo que los procedimientos se resuelvan en el plazo establecido por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, plazo tras el que estas solicitudes de residencia y trabajo deben concederse por silencio positivo».
«Como ejemplo del apoyo fundamental que ha supuesto este apoyo de Tragsatec, unido al refuerzo a través de interinos de la plantilla de funcionarios, durante el año 2022 se estimaron por silencio únicamente un 0,8 % de las solicitudes. El tiempo medio de resolución de expedientes antes de contar con este apoyo externo se encontraba en torno a 40 días, muy por encima de lo que marca la ley, media que se ha conseguido reducir a casi un tercio, con cifras medias de 12-9 días».
