El PP rechaza reducir la asistencia sanitaria a los casos de emergencia vital y la remigración que propone Vox

El Partido Popular y Vox mostraron este martes de nuevo sus diferencias en algunas cuestiones relativas a la inmigración, pese a que han conseguido sellar, por el momento, dos acuerdos de gobierno autonómicos. En este caso, fue a propósito del acceso a la sanidad.

La formación de Santiago Abascal llevaba al Pleno de esta tarde una proposición no de ley, que se votará mañana, en la que pide entre otras cosas establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario con carácter general «atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital», así como llevar a cabo la remigración de los extranjeros que «erosionan el Estado de bienestar de los españoles» al no contribuir con su esfuerzo a la economía nacional. También, que «en todo caso» el acceso de los inmigrantes legales a los servicios públicos esté condicionado a sus años de cotización.

Durante la defensa de la iniciativa, la diputada de Vox Blanca Armario, que denunció la crisis del sistema sanitario y el «colapso» como consecuencia de un «deterioro progresivo», y criticó la existencia de 17 sistemas sanitarios diferentes y el turismo sanitario, señaló que la situación se agravó con medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez como la de reintroducir la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a extranjeros que no residen de manera legal –un decreto que el partido pide derogar en su texto parlamentario–, «perjudicando a los españoles que llevan generaciones contribuyendo con el esfuerzo al sostenimiento de los servicios con personas que acaban de llegar de forma ilegal». Calificó esta situación de injusta, máxime en un contexto en el que, según apuntó, los españoles pagan más impuestos que nunca pero no ven que eso se refleje en servicios públicos de calidad ni en el acceso a las ayudas sociales.

Desde el PP, que presentó una enmienda al texto, consideran que la PNL de Vox tiene una visión «reduccionista» al responsabilizar «exclusivamente» a la inmigración del deterioro del sistema nacional de salud, sino que cree que se debe a muchas otras razones, como señaló el diputado Antonio Román.

El parlamentario rechazó que la asistencia sanitaria se reduzca solo a los supuestos de emergencia vital. Para los populares, el derecho a la prestación sanitaria «corresponde a quien cumple la ley, contribuye y tiene residencia legal, tiene arraigo», esto es, «un vínculo estable, real y verificable» con el territorio. Y debe diferenciarse de la asistencia sanitaria, que cree que «debe prestarse en aquellos supuestos donde no hacerlo es inasumible para cualquier sociedad decente y para cualquier persona con unos mínimos principios humanistas». «'Sí' a ordenar el derecho, 'no' a retirar la asistencia de manera indiscriminada», sostuvo.

Por otro lado, la formación que preside Alberto Núñez Feijóo, como ya ha indicado en otras anteriores, rechaza la remigración que plantea Vox; la considera, tal como señaló, inconstitucional, contraria al derecho europeo y a la idea de «política humanista», y defiende una inmigración «legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral». «El que delinque debe ser expulsado. Hay que poner fin a la inmigración irregular. Y el retorno de los inmigrantes irregulares debe hacerse de modo individualizado y de acuerdo a la ley», recalcó el diputado popular.