Alejandro Luzón, el duro hueso que no logra roer Sánchez

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, cuenta los días para que Alejandro Luzón Cánovas (Madrid, 61 años), jefe de la Fiscalía Anticorrupción, desaloje el puesto. Por ley, su mandato vence en septiembre de 2027. Sueña con poder hacer con él lo mismo que con la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, purgada por haber sido testigo de cargo contra Álvaro García Ortiz, en el procedimiento que le condenó por revelación de secretos.

El sanchismo no hace rehenes y Luzón lleva años en su punto de mira por no plegarse a los sesgos ideológicos que dicta Moncloa. De hecho, el PSOE ya lo ha intentado por la puerta de atrás: el grupo que dirigía la fontanera Leire Díez tenía entre sus objetivos acabar con la carrera de este servidor público a base de buscarle trapos sucios. Lady Cloacas le entregó un pendrive a Santos Cerdán con un archivo dedicado a este fiscal que contenía recortes de prensa, como también hizo con el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas. Eran los enemigos del poder socialista por atreverse a investigar las corruptelas del entorno del presidente. Hacían su trabajo sin supeditarse al Ejecutivo: tanto, que Luzón terminó pidiendo cárcel provisional para Santos Cerdán. Justicia poética se llama eso.

Y es que el fiscal de los implacables interrogatorios del caso mascarillas no es cualquier fiscal. Ingresó en la carrera en 1989 y desde 2017 –después de ser ratificado en 2022– es fiscal de Sala y jefe de la Fiscalía Especial de Anticorrupción y Criminalidad Organizada. Es el encargado de llevar las investigaciones contra los hombres más poderosos de España que terminan en el lado oscuro, donde no brilla la ley. Pero, para desesperación de Sánchez, a este hijo y hermano de fiscales nunca le ha temblado el pulso para acusar a corruptos de cualquier ideología ni jamás se ha vendido, con las limitaciones que implica pertenecer a un cuerpo jerarquizado que depende del gobierno, a los designios del poder. Ahora le ha tocado dirigir la acusación contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, el sanchismo en estado puro. Antes lo hizo en el caso Bankia –acusó a Rato y Blesa de apropiación indebida por las tarjetas black–, en el de Roldán y en el de Afinsa.

Nada más crearse la Fiscalía Anticorrupción en 1995, Luzón se incorporó a esta unidad clave en una democracia, institución que acusó a Mario Conde por Banesto, a Corcuera, Barrionuevo y Vera por los fondos reservados, a Luis Roldán por escaparse tras desvalijar la Guardia Civil, y a César Alierta por el sumario de Tabacalera. Allí estuvo Luzón hasta que, en tiempos del fallecido fiscal general Maza, pasó a ocuparse de su Secretaría Técnica, el órgano que asesora al titular del Ministerio Público. De casta le viene al galgo: su padre, el fallecido José María Luzón Cuesta, fue teniente fiscal del Supremo y logró condenar a la cúpula de Interior del Gobierno de Felipe González, con su ministro Barrionuevo a la cabeza, por el secuestro de Segundo Marey a manos del GAL. Su otra hija, María –también fiscal como su hermano Alejandro–, dejó la Secretaría General Técnica tras la llegada a la cúpula de Dolores Delgado y se ha integrado en el TSJ de Madrid.

En 2017, pues, Luzón hijo volvió, para ya no moverse, al palacete de estilo parisino que alberga la Fiscalía Anticorrupción en el distrito de Chamberí, de Madrid. A su cargo tiene a más de cien trabajadores, un equipo que incluye fiscales, inspectores de Hacienda y guardias civiles. Es la unidad de élite encargada de vigilar a la clase política y de perseguir los delitos de grupos organizados, salvo los que sean de competencia de la Fiscalía Antidroga o de la Audiencia Nacional.

Jamás nadie supo explicar mejor la España oficial de 2026

Este fiscal acaba de firmar ante el Supremo un alegato impecable contra la corrupción política encarnada en José Luis Ábalos, un discurso que ha reconfortado a la ciudadanía. Ha dicho que estas prácticas que se juzgan «están carcomiendo el sistema democrático», y ha señalado que el caso de la «mano derecha» de Pedro Sánchez es «corrupción orgánica, organizada y continuada», que «no solo daña a la libre competencia o al normal funcionamiento de la administración pública», sino que su gravedad radica en que se llevan a cabo «nada menos que desde un Ministerio del Gobierno de España». Sostuvo antes del visto para sentencia que este fenómeno «disminuye la confianza de los ciudadanos en unas instituciones democráticas y deslegitima el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes». Jamás nadie supo explicar mejor la España oficial de 2026.

Eso sí, Luzón no ha llevado a cabo la reducción de condena para Víctor de Aldama, su garganta profunda en este sumario –y en el de la financiación ilegal del PSOE y el de las mordidas de obra pública, que se investigan en la Audiencia Nacional. Fue su intención aplicarle al comisionista la eximente muy cualificada, que han pedido las acusaciones populares, y disminuir así incluso los siete años que le pedía de condena, probablemente hasta eludir la cárcel. Sin embargo, tras una airada discusión con Peramato, y en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto Fiscal, no ha modificado la petición de cárcel, aunque ha defendido ante el tribunal que es «posible» esta aminoración por confesión del procesado, para que sirva de incentivo para que otros denuncien la corrupción política y se acabe la ley del silencio. De nuevo, ha defendido la institucionalidad, cumplido la ley, pero verbalizado su criterio jurídico. Un hueso duro de roer incluso para los afilados colmillos de Sánchez, Bolaños y Peramato.