Koldo suplica de nuevo al Supremo su puesta en libertad y se ofrece a pagar una fianza o a llevar una pulsera telemática

Koldo García Izaguirre está dispuesto a agotar todas las vías que sea necesario para lograr su puesta en libertad, a la espera de que la Sala Segunda del Supremo dicte una resolución firme en el marco del 'caso mascarillas' que, la semana pasada, quedaba visto para sentencia. Tras la negativa del Alto Tribunal a levantar la medida cautelar que mantiene al ex asesor de José Luis Ábalos, y a éste, en prisión provisional, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, ha presentado un nuevo recurso, en esta ocasión de súplica, en el que solicita que se valoren otras alternativas para neutralizar el «riesgo de fuga persistente», como: la imposición de una pulsera telemática de geolocalización, el pago de una fianza, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional o la comparecencia diaria para firmar en sede judicial.

Así las cosas, en el nuevo escrito consignado por la letrada al que ha tenido acceso El Debate, Koldo asegura que no concurren ninguna de las razones que llevaron al magistrado instructor Leopoldo Puente, con el posterior respaldo de la Sala de Apelaciones, a decretar su ingreso en prisión, para asegurar su presencia en el juicio, ya terminado.

«La deliberación compleja que la Sala» tiene pendiente y que ha invocado en su negativa a poner al ex socialista en libertad, «no requiere la presencia física del acusado en sede judicial: la deliberación la realiza el órgano colegiado, no el procesado», ha alegado de la Hoz.

Además, y dado que ya se ha practicado toda la prueba necesaria durante el juicio, tanto «documental», como «pericial» y «testifical», «bajo los principios de inmediación, contradicción y publicidad, la posibilidad material de alterar, destruir u ocultar fuentes probatorias se ha extinguido (...) No queda prueba que proteger porque ya ha sido practicada y documentada», ha expuesto la abogada.

Por último, considera la defensa de Koldo que tampoco se da la posibilidad de un «riesgo de reiteración delictiva» que, si bien fue una «hipótesis» que «llegó a invocarse en su día (...) en el momento procesal actual carece por completo de virtualidad por dos circunstancias objetivas y verificables» que, a su juicio, el tribunal no ha querido valorar en su último Auto.

La primera, que el ex asesor «ha perdido toda vinculación con la estructura administrativa del Ministerio de Transportes que constituyó el escenario fáctico de los hechos investigados», dado que ya «no ostenta condición de autoridad, funcionario público ni asesor con acceso a procedimientos de contratación, ni mantiene relación alguna con quienes pudieran resultar instrumentos de eventual reiteración».

La segunda, que «el contexto excepcional de contratación pública de emergencia derivado de la pandemia» celebrado en un «marco normativo extraordinario que delimitó temporalmente la actuación denunciada» ya «se ha extinguido de modo definitivo, sin posibilidad de reactivación». De tal manera, la abogada de Koldo ha apuntado que «la doctrina constitucional exige que el riesgo de reiteración sea concreto, actual y no meramente hipotético». Escenario que «no ocurre aquí», ha añadido.