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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la presentación del libro ‘El Rey’ de Manuel García-Pelayo, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). La presentación del libro ‘El Rey’, de Manuel García-Pelayo, coincide con la conmemoración del XXXV aniversario del fallecimiento del autor.  ?

Diego Radamés / Europa Press
25 FEBRERO 2026;PRESENTACIÓN DE LIBRO
25/2/2026

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, en el Senado, a 25 de febrero de 2026, en MadridDiego Radames

Desfibriladores para la élite, patrullas sin botiquines: la Policía denuncia la «vergüenza» de Interior

El sindicato mayoritario de la Policía, JUPOL, advierte de que no tienen medios para salvar vidas mientras los altos cargos cargan al erario público equipos para resguardar su salud

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado la falta de desfibriladores y botiquines en sus coches para poder salvar vidas, mientras se hace eco de las informaciones publicadas por El Debate que ponen de manifiesto que altos cargos sí cuentan con desfibriladores en sus coches oficiales.

«Los policías nacionales forman parte del sistema de emergencias de este país. Somos primeros intervinientes y llegamos antes que nadie a infinidad de servicios relacionados con paradas cardiorrespiratorias, accidentes, incidentes violentos o situaciones críticas donde cada segundo cuenta. Sin embargo, el Ministerio del Interior continúa ignorando una reivindicación básica y de sentido común planteada reiteradamente por JUPOL», denuncia el sindicato en una nota de prensa.

Tal y como recuerda el sindicato, este periódico publicó esta semana que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido usó recursos públicos para contar con un desfibrilador –aparato que aplica descargas eléctricas para restablecer el ritmo cardíaco normal–, que costó a los ciudadanos 1.172,49 euros (impuestos incluidos). Al desfibrilador se suma el gasto en más de 14.000 euros (14.822,5) en corbatas, cajitas joyero y pañuelos de seda en concepto de regalos institucionales.

Mientras tanto, la Policía trabaja sin este aparato y sin botiquines. «Resulta insultante comprobar cómo se destinan recursos públicos a cuestiones accesorias o personales, como el caso conocido en estos días del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, mientras se siguen negando herramientas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte para cualquier ciudadano en una intervención policial», lamenta el sindicato que recuerda que esta reivindicación no es nueva. «El sindicato lleva años reclamando la implantación progresiva de desfibriladores en los vehículos policiales y formación específica para los agentes, precisamente porque la Policía Nacional actúa diariamente como primer escalón de respuesta ante emergencias sanitarias».

«Debería ser prioridad»

La diferencia entre disponer o no de un desfibrilador y un botiquín en un coche patrulla -explica JUPOL- puede suponer salvar una vida antes de la llegada de los servicios sanitarios. «Esa debería ser la prioridad de cualquier administración responsable. El sindicato considera intolerable que existan recursos para determinados gastos superfluos en vehículos oficiales de políticos y cargos afines al Gobierno, mientras la Policía Nacional continúa sin desfibriladores tipo DESA ni botiquines IFAK en sus patrullas».

Los desfibriladores DESA, explican desde desde el sindicato, son dispositivos portátiles que no tienen que estar conectado a corriente capaz de analizar el ritmo del corazón y, en su caso, indicar la aplicación de una descarga eléctrica para intentar restablecerlo. Por su parte, los botiquines IFAK están dotados con material básico para la atención inmediata de heridas traumáticas graves, hemorragias o lesiones de alta gravedad, tanto para ciudadanos como para los propios agentes.

«Mientras algunos utilizan recursos públicos para su comodidad personal, los policías nacionales seguimos patrullando sin herramientas básicas para salvar vidas. Esa es la verdadera vergüenza institucional», concluye el sindicato.

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