El sistema canadiense que Sánchez explora para articular su España plurinacional

Cuando Pedro Sánchez habla de «países», en plural, para referirse desde su escaño en el Congreso de los Diputados a España y Cataluña, no lo hace de manera casual. Se trata de una elección lingüística deliberada, un guiño calculado a quienes, desde hace años, exigen sentados en el parlamento nacional que la nación española se disuelva en un mosaico de soberanías compartidas. Y, consciente de ello, hace unas semanas, el presidente del Gobierno volvió a agitar el fantasma de la España plurinacional, esa vieja aspiración que el PSOE abrazó en su congreso de 2017 y que, ahora, con la legislatura agonizante y la dependencia de nacionalistas y separatistas, resurge con más fuerza que nunca.

Por aquel entonces, Sánchez invitó a la izquierda española a «abrazar el catalanismo» y asumir que «los sentimientos de identidad y de pertenencia son plurales y dinámicos, y su convivencia es posible a partir de un profundo sentimiento de fraternidad y de una organización federal del Estado».

Así trascendía un documento confidencial en el que Iván Redondo, el hombre que diseñó buena parte de la estrategia de Sánchez hasta 2021, el gurú que lo llevó a La Moncloa, ponía negro sobre blanco la idea de una España federal. El objetivo: preparar el terreno para «constituir» una nueva España en 2028, precisamente, coincidiendo con el 50º aniversario de la Constitución de 1978. Una España «nación de naciones», donde Cataluña, País Vasco y Galicia sean reconocidas formalmente como tales y hasta Andalucía merezca el título de «nación del sur». La España autonómica «está muriendo de éxito» y, por eso, hay que refundarla.

El informe, que se debatió internamente en el Gobierno no era un borrador improvisado, sino un plan estratégico que busca cerrar el ciclo de la Transición y abrir otro donde el Estado se adapte al «sur de Europa», plurinacional por definición. Sánchez no lo ha desmentido. Al contrario. En el hemiciclo, ha hablado de hacer «países mejores» a España y Cataluña en la misma frase, como si fueran entidades equiparables. El mensaje es claro: el 'sanchismo' ya no se conforma con gestionar un Estado de las Autonomías que hace tiempo que no controla, alejado de feudos históricos como, por ejemplo, Andalucía que hoy se asoma a las urnas autonómicas.

Sánchez quiere transformar la realidad política española a través de una reforma constitucional, dado que la propia Norma «reconoce el autogobierno catalán no como una concesión, sino como un derecho del pueblo de Cataluña», dijo ante los socialistas, en 2017. «España es una nación de naciones con una única soberanía, la de todos los españoles, y con un único Estado. Un Estado que 40 años después exige reformarse, culminar su ser federal y perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional», decía poco antes de su llegada al poder.

Un referéndum no vinculante

Y, la herramienta que barajan los socialistas para articular este proyecto es plantear un referéndum no vinculante a modo de plebiscito. Fuentes del entorno gubernamental lo reconocen de manera indirecta. Una consulta que no sea obligatoria desde un punto de vista jurídico, pero que sirva para legitimar políticamente el cambio de modelo.

Un plebiscito simbólico, por lo controvertido del asunto, que permita a Sánchez presentarse ante sus socios independentistas como el hombre que mueve el tablero, pero sin romper del todo, ese mismo tablero constitucional a ojos de Europa. Porque si hay algo en lo que se insisten en Moncloa, según ha podido anticipar El Debate, es en el relato de que todo se haría «dentro del marco legal». Un planteamiento análogo al de la amnistía a los condenados por el procés de Cataluña que se vendió como «constitucional» hasta que el Supremo español y los Altos Tribunales e instituciones europeas empezaron a mirarla con lupa.

¿Es viable? Jurídicamente, nuestra Carta Magna establece la vía del artículo 92 para la convocatoria de un referéndum consultivo, según el cual cualquier decisión política de especial trascendencia puede ser sometida a dicho mecanismo. Sánchez es consciente de que un referéndum sobre la naturaleza plurinacional del Estado, en otros términos, tropezaría con el artículo 2 de la Constitución, que consagra la indisoluble unidad de la Nación española, pero precisamente por ello, podría redactar la pregunta como mejor encajase con sus pretensiones e interpretar, por tanto, la respuesta como más le conviniese.

No en vano, Sánchez ya ha demostrado en innumerables ocasiones que su supervivencia está por encima de cualquier principio, por sólido que parezca. Así que, si necesita el voto de ERC, Junts o Bildu para seguir en La Moncloa, el precio será territorial, como siempre. Y aunque la consulta debería ser nacional, lo cierto es que unos resultados muy dispares, entre unas y otras autonomías, le permitirían justificar la adopción de medidas 'personalizadas'.

El riesgo es evidente, abrir la caja de Pandora de las demandas asimétricas. ¿Qué respondería Sánchez si, tras el referéndum, los independentistas catalanes exigieran un nuevo Estatut con soberanía fiscal plena o que recoja el derecho a decidir? ¿O si en el País Vasco se reactivara la agenda de «construcción nacional»? La experiencia de la amnistía ha puesto sobre la mesa que lejos de apaciguar los ánimos, las cesiones unilaterales alimentan nuevas demandas. Redondo hablaba de «reencuentro total» tras la medida de gracia. La realidad es que el independentismo catalán no ha renunciado a nada: simplemente espera el momento oportuno para volver a la carga.

En este sentido, los expertos adelantan que si Sánchez logra imponer el marco mental plurinacional —con referéndum o sin él—, el centro-derecha se verá obligado a posicionarse en un terreno que no le es favorable: defender la nación única frente a un relato que presenta cualquier oposición como «centralismo rancio».

O lo que es todavía más gráfico, si la pregunta que plantee Sánchez se presenta en términos de voluntades, como si los españoles quieren una solución federal para acabar con las tensiones del separatismo, que habría consumado sus objetivos de facto, «resultados dispares» propiciarán un relato de «soluciones diferentes». Es decir, el Gobierno socialista «habría encontrado la base para argumentar la creación de un sistema a la canadiense, federal para unos y unitario para el resto». Medidas asimétricas, en todo caso.

En los próximos meses, Sánchez retomará la agenda plurinacional con más intensidad, especialmente tras las elecciones andaluzas de este domingo. El secretario general del PSOE Necesita oxígeno para una legislatura que pende de un hilo, desmontada sobre cada una de las derrotas regionales. El informe de Redondo marca el camino: reforma constitucional encubierta, reconocimiento simbólico de naciones y, si es posible, una consulta popular que sirva de barniz democrático para justificar el cambio de modelo. España, según este plan, ya no sería una nación con regiones y nacionalidades, sería un Estado plurinacional en construcción, alejado de los principios fundacionales del contrato social de 1978.