La amnistía entra en la recta final de su análisis en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En los pasillos de Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) custodia la primacía del derecho comunitario, para todos los Estados miembros, está a punto de tomarse una decisión que podría reconfigurar el frágil equilibrio de la legislatura del actual Gobierno. La ley de amnistía para los cabecillas políticos del procés catalán, esa norma orgánica aprobada en noviembre de 2023 como precio de la segunda investidura de Pedro Sánchez, aguarda el veredicto de los jueces europeos. No es un trámite menor. Es el último gran filtro internacional, en respuesta a las cuestiones concretas planteadas por un total de cuatro órganos judiciales españoles, para la plena aplicación, o no, de una medida que nació marcada por la controversia y que, según el análisis crítico de los expertos, representa el ejemplo más ilegítimo de la democracia española reciente: impunidad a cambio de votos.

La crónica arranca en 2024, cuando las Cortes Generales aprobaron la Ley Orgánica de Amnistía para la «normalización institucional, política y social en Cataluña». El texto, negociado a puerta cerrada entre el PSOE y Junts, y redactado a la medida del prófugo Carles Puigdemont, borraba de un plumazo delitos de sedición, malversación y hasta algunos relacionados con el terrorismo —de los Comités de Defensa de la República (CDR)— que fueron cometidos entre los años 2011 y 2023.

Sánchez vendió la maniobra como un gesto de «convivencia» pensado para la «reconciliación», pero la oposición lo denunció como una autoamnistía encubierta, un pacto de impunidad que vulneraba la igualdad ante la ley y el principio básico de la separación de poderes que consagra el Estado de Derecho en el que nadie está por encima de la Justicia.

Sin embargo, tras la posición que llevó tanto Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como a algunos juzgados de instancia de no aplicar la norma en toda su extensión, especialmente en el caso de la malversación, el Constitucional (renovado a la medida de los separatistas y capitaneado por Cándido Conde-Pumpido) avaló, en junio de 2025, la mayor parte de la norma, dándole apariencia de legalidad plena, salvando las razones del Ejecutivo y provocando una división irreconciliable en el seno de la Corte de Garantías. Pero la Unión Europea no se conforma con sellos nacionales y, de hecho, en varios precedentes habilitó la posibilidad de que, incluso, tras el fallo del TC pudieran elevarse cuestiones prejudiciales al TJUE. Un escenario que Conde-Pumpido trató de evitar, sin éxito.

Así las cosas, los órganos españoles se dirigieron a sus homólogos comunitarios para preguntar lo esencial: ¿es compatible esta amnistía con el Derecho de la Unión? ¿Atenta contra la protección de los intereses financieros europeos al perdonar malversaciones de fondos públicos? ¿Puede un Estado miembro amnistiar actos que la Directiva europea contra el terrorismo obliga a perseguirla con eficacia?

Como paso previo, preceptivo aunque no vinculante de lo que está por llegar, en noviembre de 2025, el abogado general Dean Spielmann emitió sus conclusiones. Y, si bien no identificó una «autoamnistía» como tal, dado que la ley se aprobó en sede parlamentaria, sí consideró que no vulneraba de forma grave los intereses financieros de la UE y que, en términos generales, el perdón encajaba en el marco comunitario, siempre que los jueces nacionales aplicaran filtros estrictos en casos de terrorismo. Aceptación, por tanto, con muchas reservas que no necesariamente tienen por qué replicarse en la sentencia definitiva del TJUE, inicialmente esperada para marzo o abril de este año y que, finalmente, se ha retrasado hasta mayo. El aplazamiento, confirmado por fuentes europeas, añade tensión al calendario político español donde no sólo los tiempos hasta las próximas elecciones generales empiezan a ser muy ajustados sino, además, porque en algunos de los mentideros jurídicos ha trascendido el malestar del presidente de la Corte comunitaria, el belga Koen Lenaerts, con el enfoque «excesivamente» político de las valoraciones de Spielmann en su dictamen.

No en vano, Sánchez es consciente de que la legislatura actual pende de un hilo desde que Junts rompió el pacto de estabilidad y el Gobierno perdió su ajustada mayoría en el Congreso. Sin presentar Presupuestos Generales, conscientes de que no saldrían aprobados; con socios de andadura cada vez más exigentes, dada la posición crítica de la gobernabilidad; y una oposición política que está saliendo reforzada de todas las citas electorales del ciclo de autonómicas, el Ejecutivo socialista se mueve en aguas pantanosas.

Cabe recordar que mientras la amnistía fue el pegamento que unió a Sánchez con los separatistas, si el TJUE la anula o la recorta drásticamente —especialmente en lo relativo a la malversación o a los delitos más graves perpetrados en nombre de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)—, Puigdemont y otros líderes procesados podrían asistir a un portazo definitivo a su regreso a España y, por descontado, a la reactivación de las euroórdenes de entrega que pesaron sobre ellos, en las causas penales que todavía están pendientes de tramitarse.

Carles Puigdemont, el expresidente huido en Bélgica, es el mayor exponente de cómo la amnistía, en realidad, persigue su vuelta libre de cargos, tal y como exige Junts. De hecho, varias fuentes del partido independentista han insinuado que, una vez resuelta favorablemente la cuestión europea y levantadas las medidas cautelares por el Supremo (vigente la búsqueda y captura nacional dictada por el magistrado Pablo Llarena), podrían reconsiderar su apoyo parlamentario al Gobierno.

Un «efecto Puigdemont» que, según cálculos internos, serviría, incluso, de revulsivo en unas hipotéticas elecciones catalanas en las que Esquerra (ERC) atesora los medios económicos, ligados a su presencia en el Gobierno autonómico, de la mano de Salvador Illa (PSC); y, donde Alianza Catalana, de Silvia Orriols crece exponencialmente en los municipios, feudo tradicional de la extrema derecha catalana. Un impulso que quedaría anulado si Luxemburgo dicta una sentencia restrictiva porque Junts ya ha advertido que sin amnistía plena, no hay tregua.

Para Sánchez, el impacto de un 'no' de Europa a la ley de amnistía, que fue su salvavidas para revalidar La Moncloa en julio de 2023, sería demoledor. Tres años después, con los número encallados y el bloqueo parlamentario irremediable, una sentencia adversa del TJUE podría precipitar el fin de la coalición. No solo porque erosionaría la credibilidad del Gobierno ante sus socios independentistas, sino porque alimentaría la narrativa de la oposición: que Sánchez gobernó a golpe de cesiones inconstitucionales y que Europa, guardiana última del Estado de Derecho, lo ha retratado.

Sociedad Civil Española ya ha denunciado ante Bruselas que el propio Sánchez ha intentado condicionar el fallo declarando, públicamente, que la amnistía «es legítima y está dando resultados». Un intento afeado al socialista para presionar a la Justicia, tanto nacional como europea y un síntoma más de la polarización que rodea este expediente.

De hecho, consciente de lo que está en juego, Sánchez ha movilizado todos los mecanismos a su alcance en el ámbito externo, para que la amnistía salga airosa del trance del análisis comunitario: visita de Conde-Pumpido a la Corte, como emisario, y perfiles afines tanto en la embajada permanente de España ante el Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo (Francia) como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), donde suena el nombre del catedrático Rafael Bustos como sustituto de la actual magistrada, al término de su mandato, el próximo año.

En los despachos de Bruselas y Luxemburgo está en juego algo más profundo que la solución jurídica de un caso penal concreto. Se debate si un todo un Estado miembro puede utilizar la amnistía como herramienta política para blindar su supervivencia en el poder, borrando responsabilidades por actos que dividieron a una nación entera y que se costearon con cargo a millones de fondos públicos, que no han sido devueltos. Los independentistas catalanes, y Sánchez con ellos, lo llaman «reconciliación». Sus críticos, y la mayoría de la sociedad española, lo interpretan como un cheque en blanco a la impunidad.

La decisión del TJUE, prevista para mayo, llegará en un momento delicado: cerca de posibles comicios autonómicos en Andalucía y en un contexto donde Sánchez ya ha recurrido al «no a la guerra» en Irán para rearmar su imagen internacional. Si la sentencia es favorable, el Gobierno podría respirar aliviado y con la vista puesta en Puigdemont regresando, sin pisar ni un solo día la cárcel.

Una imagen con la que Junts estaría en mejor disposición de suavizar su postura y la legislatura ganaría oxígeno un tiempo. Si es contraria o corregida en puntos clave como el terrorismo o la malversación, se abriría un nuevo frente de inestabilidad que habilitaría ya, sin paliativos, a los jueces españoles para aplicar un filtro europeo más estricto frente al trato que mantiene a Sánchez atornillado al sillón.

En última instancia, el debate no sólo se centra, en clave doméstica sobre las cuestiones netamente jurídicas, en las que coinciden negativamente para los intereses de Sánchez más del 90% de los juristas patrios, si no de hasta dónde puede llegar un Gobierno para mantenerse en el poder. Y de si Europa, que predica los valores democráticos, tolerará que uno de sus Estados miembros convierta la Justicia en moneda de cambio para la aritmética parlamentaria.

La pelota está en el tejado de Luxemburgo. Y en Moncloa, con el aliento en la nuca, descuentan los días hasta el fallo.