El Supremo agrupa todos los asuntos pendientes del 'procés' en espera de que el TJUE resuelva sobre la amnistía

Dicen que la prudencia es la huella de la sabiduría y «razones de prudencia» han sido las que han llevado al presidente de la Sala Segunda del Supremo TS, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, a gestionar todos los asuntos pendientes del procés, en el Alto Tribunal, desde un mismo grupo de idéntica unidad temática, antes de decidir sobre la aplicación, o no, de la amnistía a los mismos.

Así ha podido confirmarlo El Debate, de fuentes próximas a alguna de las causas, tras conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aplazado, hasta mayo, la resolución de las cuestiones prejudiciales planteadas por un total de cuatro órganos españoles distintos –Tribunal de Cuentas, Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y un juzgado de Vilanova i la Geltrú– sobre la norma de borrado penal aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a favor de sus socios separatistas de Junts y Esquerra (ERC).

De tal manera que los seis recursos presentados por diferentes actores del proceso independentista de Cataluña, condenados por delitos de diferente naturaleza (desde la desobediencia a la malversación, pasando por los desórdenes públicos o el terrorismo). tendrán que esperar el pronunciamiento europeo para conocer cómo afecta a la posición jurisprudencial que, hasta la fecha, ha mantenido el Supremo en lo relativo a la aplicación del perdón total auspiciado por el Ejecutivo y avalado por la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional (TC).

Además, en ausencia de cualquier perjuicio o medida cautelar, el desenlace podría prolongarse dado que el TS está a la espera de conocer el fallo de Luxemburgo para definir si, llegado el caso, eleva nuevas cuestiones prejudiciales que, por su parte, no ha utilizado hasta la fecha y que. según la legalidad vigente, pueden ser activadas en cualquier momento.

No en vano, aún con la luz verde de la Corte de Garantías de Cándido Conde-Pumpido y pese a el intento fallido de éste para impedir que los órganos jurisdiccionales españoles se dirigiesen a la UE, una vez existiese un fallo del Pleno de magistrados sobre la materia, la realidad es que la doctrina vigente del propio TC –dictada en un auto unánime de octubre del año 2016– determinó que, en aquellas causas en las que una norma pueda verse afectada por dudas de inconstitucionalidad, al mismo tiempo en que lo hace sobre su compatibilidad en el ordenamiento de la UE, la preeminencia debe ser la de la jurisdicción europea frente a la doméstica.

De hecho y consciente de la proximidad de la resolución del TJUE, Conde-Pumpido viajaba hace una semana, como publicó en exclusiva El Debate, acompañado del ex ministro de Justicia de Sánchez y magistrado Juan Carlos Campo, para encontrarse con sus colegas europeos, envuelto en un mar de críticas por lo antiestético de dicha visita a las puertas de una resolución que, una vez emitida, tendrá plenos efectos sobre la amnistía española.