El sistema canadiense que Sánchez explora para articular su España plurinacional

Cuando Pedro Sánchez habla de «países», en plural, para referirse desde su escaño en el Congreso de los Diputados a España y Cataluña, no lo hace de manera casual. Se trata de una elección lingüística deliberada, un guiño calculado a quienes, desde hace años, exigen sentados en el parlamento nacional que la nación española se disuelva en un mosaico de soberanías compartidas. Y, consciente de ello, hace unas semanas, el presidente del Gobierno volvió a agitar el fantasma de la España plurinacional, esa vieja aspiración que el PSOE abrazó en su congreso de 2017 y que, ahora, con la legislatura agonizante y la dependencia de nacionalistas y separatistas, resurge con más fuerza que nunca.

Por aquel entonces, Sánchez invitó a la izquierda española a «abrazar el catalanismo» y asumir que «los sentimientos de identidad y de pertenencia son plurales y dinámicos, y su convivencia es posible a partir de un profundo sentimiento de fraternidad y de una organización federal del Estado».

Así trascendía un documento confidencial en el que Iván Redondo, el hombre que diseñó buena parte de la estrategia de Sánchez hasta 2021, el gurú que lo llevó a La Moncloa, ponía negro sobre blanco la idea de una España federal. El objetivo: preparar el terreno para «constituir» una nueva España en 2028, precisamente, coincidiendo con el 50º aniversario de la Constitución de 1978. Una España «nación de naciones», donde Cataluña, País Vasco y Galicia sean reconocidas formalmente como tales y hasta Andalucía merezca el título de «nación del sur». La España autonómica «está muriendo de éxito» y, por eso, hay que refundarla.

El informe, que se debatió internamente en el Gobierno no era un borrador improvisado, sino un plan estratégico que busca cerrar el ciclo de la Transición y abrir otro donde el Estado se adapte al «sur de Europa», plurinacional por definición. Sánchez no lo ha desmentido. Al contrario. En el Congreso, ha hablado de hacer «países mejores» a España y Cataluña en la misma frase, como si fueran entidades equiparables. El mensaje es claro: el 'sanchismo' ya no se conforma con gestionar un Estado de las Autonomías que hace tiempo que no controla, alejado de feudos históricos como, por ejemplo, Andalucía que hoy se asoma a las urnas autonómicas.

Sánchez quiere transformar la realidad política española a través de una reforma constitucional, dado que la propia Norma "reconoce el autogobierno catalán no como una

concesión, sino como un derecho del pueblo de Cataluña«, dijo en 2017. »España es una nación de naciones con una única soberanía, la de todos los españoles, y con un único

Estado. Un Estado que 40 años después exige reformarse, culminar su ser federal y perfeccionar el reconocimiento de su carácter plurinacional", decía poco antes de su llegada al poder.

Un referéndum no vinculante

La herramienta que se baraja para articular este proyecto es un referéndum no vinculante. Fuentes del entorno gubernamental lo filtran con cautela: una consulta que no obligue jurídicamente pero que sirva para legitimar políticamente el cambio de modelo. Un plebiscito simbólico, similar al que en su día se planteó para otros asuntos controvertidos, que permita a Sánchez presentarse ante sus socios independentistas como el hombre que mueve el tablero sin romper del todo la baraja constitucional. Porque, insisten en Moncloa, todo se haría «dentro del marco legal». Palabras que suenan huecas cuando se recuerda que la amnistía a los condenados por el procés también se vendió como «constitucional» hasta que los tribunales europeos empezaron a mirarla con lupa.

¿Es viable? Jurídicamente, un referéndum no vinculante sobre la naturaleza plurinacional del Estado tropezaría con el artículo 2 de la Constitución, que consagra la indisoluble unidad de la Nación española. Políticamente, dependería de la correlación de fuerzas en el Congreso y, sobre todo, del apoyo de los barones socialistas. Algunos, como Emiliano García-Page, ya han expresado su rechazo frontal a la idea de España como Estado plurinacional. Otros guardan silencio, esperando a ver de qué lado sopla el viento en Ferraz. Pero Sánchez ha demostrado en innumerables ocasiones que su supervivencia está por encima de cualquier principio territorial. Si necesita el voto de ERC, Junts o Bildu para seguir en La Moncloa, el precio será territorial. Siempre lo ha sido.

El riesgo es evidente. Una consulta de este tipo, aunque no vinculante, abriría la caja de Pandora de las demandas asimétricas. ¿Qué respondería Sánchez si, tras el referéndum, los independentistas catalanes exigieran un nuevo Estatut con soberanía fiscal plena o el derecho a decidir? ¿O si en el País Vasco se reactivara la agenda de «construcción nacional»? La experiencia de la amnistía enseña que las cesiones unilaterales no apaciguan; alimentan. Redondo habla de «reencuentro total» tras la medida de gracia. La realidad es que el independentismo catalán no ha renunciado a nada: simplemente espera el momento oportuno para volver a la carga.

Si Sánchez logra imponer el marco mental plurinacional —con referéndum o sin él—, el centro-derecha se verá obligado a posicionarse en un terreno que no le es favorable: defender la nación única frente a un relato que presenta cualquier oposición como «centralismo rancio».

En los próximos meses, Sánchez retomará la agenda plurinacional con más intensidad, especialmente tras las elecciones andaluzas. Necesita oxígeno para una legislatura que pende de un hilo. El informe de Redondo marca el camino: reforma constitucional encubierta, reconocimiento simbólico de naciones y, si es posible, una consulta popular que sirva de barniz democrático para justificar el cambio de modelo. España, según este plan, ya no sería una nación con regiones y nacionalidades. Sería un Estado plurinacional en construcción, alejado de los principios fundacionales del contrato social de 1978.