Los escándalos que destapó el auto de Zapatero: de las presiones para el rescate a las empresas en Dubái

La Audiencia Nacional imputó el pasado martes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Así, el completo y extenso auto judicial que ha removido el tablero político ha destapado cinco grandes escándalos.

1. Un expresidente «líder» de una trama

La resolución del magistrado asegura que se creó «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias», en cuyo «vértice» se «sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel». «Desde su oficina de Ferraz –centro de coordinación de la red– se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria», añade.

Según el juez, esta trama usó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

2. El funcionamiento del tráfico de influencias

El escrito judicial recoge que se puso en marcha «una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Igualmente, afirma que la intervención de Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, el amigo personal de Zapatero con el que corría por El Pardo, como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, «revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos».

«La operativa de la red presenta rasgos comunes: (i) creación de documentación ficticia (contratos, facturas, informes), (ii) coordinación digital constante mediante correos electrónicos, mensajería y archivos compartidos, (iii) canalización de fondos a través de sociedades sin actividad real, (iv) ocultación deliberada de la documentación contable y fiscal, (v) uso de administradores testaferros y (vi) intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke, oro, compraventa de acciones y divisas».

De esta forma, se indica que «los indicios recabados muestran que los clientes de la red —entre ellos administradores de sociedades como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva o Sofgestora— abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes, siendo los fondos posteriormente redistribuidos hacia el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y Julio Martínez Martínez».

3. Las presiones para el rescate de Plus Ulttra

El magistrado de la Audiencia Nacional relata que el entramado no tenía como objetivo «obtener un trato general o una expectativa indeterminada», sino que buscaba «la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra», la aerolínea hispanovenezolana que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató en 2021 por un total de 53 millones de euros.

Así las cosas, se indica que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda concedida por el Ejecutivo mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos». Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos –que hoy en día se encuentra en prisión provisional– y otra a través de Zapatero, la que adquirió un «papel predominante».

«La red logra concertar una reunión en el Ministerio de Transportes el 22.01.2020, a la que asisten altos cargos del Ministerio y directivos de Plus Ultra. Tras la reunión, los investigados relatan que fueron recibidos por 'altas recomendaciones' y que el papel del Ministerio sería 'hablar bien de las compañías', añadiendo Rodolfo Reyes (miembro de la trama) de forma explícita: «Nuestro pana Zapatero detrás», agrega el magistrado.

Igualmente, la capacidad de influencia de la red para «acceder a información privilegiada quedó patente» en febrero de 2021, cuando dos de los investigados «celebraron» en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra «antes» de su «aprobación definitiva».

Cabe destacar que también se detalla que «la actividad desplegada por los investigados no se limitó a las gestiones orientadas a obtener la ayuda pública española, sino que también se extendió a una segunda línea de influencia dirigida a intervenir ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela para asegurar la autorización de vuelos de la compañía Plus Ultra».

4. Empresas pantallas en Dubái

El juez también subraya que el entramado que «selecciona clientes, imparte instrucciones para crear sociedades en territorios off-shore y adopta estrategias para desvincularse formalmente de la estructura». Según el auto, el exjefe del Ejecutivo habría dado instrucciones para crear, «al menos», una sociedad pantalla en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) –«Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco»– y cuyo plan empresarial contemplaba ingresos de tres millones de dólares en cinco años.

«Las comunicaciones intervenidas revelan que la trama actuaba tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países», añade el texto.

5. Jésica Rodríguez cobró de la trama

Tal y como publicó El Debate, Jésica Rodríguez –la examante de Ábalos, el exministro de Transportes que se ha sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por la corrupción del caso PSOE– también cobró de la trama que, según el juez, encabezó Zapatero.

La resolución recoge: «El 31.12.202, en el desarrollo de la conversación, Felipe Baca encarga a Palomero la realización de dos pagos: uno por un importe de 3.000 euros a 'Alejandra', aportando en la propia conversación como contacto el número de teléfono con prefijo venezolano, y otro por un importe de 2.000 euros a 'Jessica', remitiendo la captura de pantalla de un contacto telefónico donde consta el nombre 'Jess' con un número de teléfono español. Como titular del número de teléfono español consta Jésica Rodríguez García, conocida públicamente por su vinculación con José Luis Ábalos Meco».