La legislatura ya solo espera el golpe de gracia con la corrupción del PSOE descontrolada

Una nueva descarga eléctrica sacudió este miércoles de nueva mañana a los socialistas, cuando aún estaban intentando encajar la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de pedir un aplazamiento de su declaración judicial, que finalmente será los días 17 y 18 de junio; con el desgaste extra que eso supone para el Gobierno y el PSOE.

La noticia de la «entrada y registro» de la UCO en la Gerencia de la sede nacional del PSOE -así lo define el auto, digan lo que digan los socialistas- pilló a Pedro Sánchez de visita al Papa León XIV, y a sus ministros entrando a la sesión de control al Gobierno en el Congreso como corderos camino del matadero. Ni uno solo quiso pararse delante de las cámaras. Óscar López hizo un amago y luego cambió de idea.

Eran poco menos de las nueve de la mañana y el día se preveía para largo para el Gobierno y para sus socios, como así fue. No tardó Óscar Puente en poner en circulación la teoría de la detonación sincronizada de las cloacas del Estado para derribar al Ejecutivo de Sánchez. Teoría que sus compañeros de partido, algunos de otros y las terminales mediáticas gubernamentales compraron a pies juntillas.

Pero el placebo les duró lo que tardó en conocerse la imputación de la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, y el auto del juez Santiago Pedraz, que eleva el caso Leire a una trama de primera magnitud. Una urdida en el corazón de Ferraz, en plenos cinco días de reflexión del presidente tras la imputación de Begoña Gómez por el juez Juan Carlos Peinado, uno de los objetivos. Y con la finalidad de «desestabilizar de forma sistemática y continuada» las causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, atacando y extorsionando a jueces, fiscales y a la UCO.

El magistrado de la Audiencia Nacional recoge 22 reuniones de Leire Díez en Ferraz, la mayoría con Santos Cerdán, también imputado en esta causa y que pagaba a la fontanera 4.000 euros al mes a través de facturas simuladas elaboradas por el propio partido y abonadas, entre otras, a través de la empresa de otro de los imputados, Gaspar Zarrías. La trama contaba con la colaboración de dos agentes de la Guardia Civil como topos, presuntamente: el capitán Juan Sánchez Yepes, antes destinado en la UCO, y el comandante Rubén Villalba. Por eso la UCO se personó ayer en la sede de la Guardia Civil.

La gran pregunta

La pregunta obligada es de dónde salía el dinero para pagar la hiperactividad de la cloaca del PSOE, lo que a su vez enlaza con la pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en diciembre para investigar si hay una caja B en la formación, y que sigue bajo secreto. También enlaza con el reiterado testimonio de la empresaria Carmen Pano (la última vez, en el juicio de las mascarillas en el Tribunal Supremo) sobre los 90.000 euros que llevó a Ferraz en bolsas de basura. El auto de este miércoles habla de Pano, a quien la trama trató de sobornar con 50.000 euros para que se retractara. Al fiscal José Grinda le ofrecieron 300.000.

En su auto, Pedraz reclamaba al PSOE las cuentas de la campaña electoral del PSC en las autonómicas de mayo de 2024, esparciendo así la mancha de aceite sobre el socialismo catalán; el único pilar que le queda a Sánchez en pie tras la caída de los otros dos que le salvaron en las generales de 2023: el voto femenino y un resultado aceptable en Andalucía.

La financiación ilegal es la supuesta línea roja que pusieron los socios de Sánchez cuando estalló el caso Cerdán, allá por junio de 2025. Sin embargo, este miércoles Gabriel Rufián volvió a mover esa línea hasta el momento en que haya, o que hubiera, una «sentencia firme» contra el PSOE. Entonces sí Esquerra pediría elecciones. Un horizonte de años, en todo caso.

La comparecencia del presidente desde Roma dejó poco lugar a dudas. No tiene ninguna intención de convocar elecciones tampoco por esto. Incluso llegó a fanfarronear con que, si lo hiciera ahora, obtendría «una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila». «Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista», aseguró.

Sánchez proclamó en varias ocasiones la «total colaboración con la Justicia» del Gobierno y del partido, cuando lo que investiga el juez Pedraz es precisamente lo contrario: una trama para reventar el caso Begoña, el del hermano de Sánchez, el de hidrocarburos, el de las mascarillas y todos cuantos han salido de la misma fosa séptica. Cabe recordar que, en uno de esos encuentros de Leire Díez con Cerdán, participó el entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, lo que conecta directamente a la Moncloa. Como ocurre con el resto de los casos, por otra parte.

«Quien crea que Pedro Sánchez no está a la altura de su país debe ponerse a disposición para su reemplazo inmediato. La convocatoria de elecciones depende del presidente del Gobierno y reemplazarle sin elecciones depende de sus socios», señalaron desde el PP, aumentando la presión sobre unos socios que en menos de un año se enfrentarán al veredicto de las elecciones municipales.

El PP no asiste como mero espectador al hundimiento. Como El Debate contó el pasado jueves, los populares llevan desde la imputación de Zapatero tanteando la moción de censura instrumental; a la espera de la sentencia contra José Luis Ábalos, que se prevé para la segunda quincena de junio. «La noticia es hoy Ferraz, no Génova. El foco debe estar hoy en el PSOE, no en el PP. No contribuiremos a desviar la atención», se zafaron ayer desde Génova 13.

La percepción extendida a ambos lados del arco parlamentario, aunque unos lo reconozcan y otros no puedan, es que la legislatura está herida de muerte. Y que el sanchismo está herido de muerte. Solo queda saber cuál será el golpe de gracia. Si un posible ingreso de Zapatero en prisión provisional tras su declaración del miércoles 17 ante el juez José Luis Calama. O una condena al arquitecto del sanchismo, quien fuera su primer secretario de Organización y ministro de Transportes. O tal vez el sumario de la pieza separada sobre la posible financiación irregular, cuando se levante el secreto.