El juez Pedraz pedirá unificar las dos causas judiciales sobre las 'cloacas' del PSOE en la Audiencia Nacional

El magistrado Santiago Pedraz, instructor de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra las 'cloacas' del PSOE prevé reclamar las investigaciones que, hasta la fecha, y en primer lugar, ha venido dirigiendo el juez Arturo Zamarriego, en el marco de una instrucción en la que, entre otros, la militante socialista Leire Díez está imputada por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, entre otros.

Si bien ahora mismo hay abiertos dos casos, con origen en 2025, tras la filtración de varios audios grabados por los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa -en los que se escuchaba a los miembros de la trama proponerles ascensos profesionales a cambio de que revelaran información sensible sobre su jefe en Anticorrupción, Santiago Luzón-, los avances de las pesquisas han aflorado elementos en común, entre ambos, que aconsejan unificar todas las actuaciones bajo una misma dirección judicial, por cuestiones de seguridad jurídica y eficiencia procesal.

Así las cosas, la primera de las causas, por su antigüedad, es la que corresponde al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que es titular el juez Arturo Zamarriego y se trata de una investigación abierta en julio de 2025, tras una denuncia de la organización Hazte Oír, con el aval de la Fiscalía. En esencia, las diligencias se han centrado, desde un primer momento, en las supuestas maniobras de Díez para obtener información comprometedora contra mandos tanto de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), como de jueces y fiscales, a cambio de favores judiciales o profesionales, con el presunto objetivo de neutralizar las sospechas que salpican por corrupción al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Los hechos clave giran en torno a una serie de conversaciones que vieron la luz, hace ahora un año, en los que al empresario Alejandro Hamlyn, también investigado en la trama de los hidrocarburos, se le ofrecía un pacto con Abogacía del Estado y Fiscalía a cambio de que proporcionase datos comprometidos del teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO, para poner en cuestión su liderazgo y la transparencia de sus intervenciones. Los encargados de trasladar el ofrecimiento eran la propia Leire Díez, la conocida como 'fontanera' socialista; el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo que se encarga de la defensa de Santos Cerdán. También estaría implicado el periodista Pere Rusiñol.

En este sentido, se analizan también los contactos de la presunta red con el comandante Rubén Villalba, imputado en el 'caso Koldo', a quien supuestamente se le ofreció protección o un puesto a cambio de información comprometida contra mandos, para «desmontar» la Guardia Civil. O, las maniobras de los imputados para obtener e, incluso fabricar, datos personales 'sucios' de la juez Beatriz Biedma que ha sentado al hermano de Sánchez, David Azagra, en el banquillo en la Audiencia Provincial de Badajoz.

Por su parte, el caso que instruye el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, sigue declarado parcialmente secreto y se inició en diciembre de 2025 con la detención de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, amigo y socio de Santos Cerdán, en Servinabar, una de las empresas que habrían pagado 'mordidas' a cambio de contratos públicos amañados que, en total, ascendieron a unos 132 millones de euros, con comisiones ilegales del rango de los 700.000 euros. Bajo la lupa judicial, además, el rescate concedido a la aerolínea Plus Ultra, Duro Felguera o Tubos Reunidos (112,8 millones en 2021); las adjudicaciones a Servinabar (empresa de Alonso); o, los contratos en Enusa, la empresa del uranio salmantino, donde trabajó la propia Díez y Sánchez colocó al que fuera gerente de su partido.

En 2026, el juez Pedraz la amplió a una «trama para desestabilizar» procedimientos judiciales perjudiciales para el PSOE y el Gobierno -como los del hermano de Sánchez o el de su mujer Begoña Gómez, a cargo del juez Juan Carlos Peinado- los que ha provocado, en las últimas horas, una durísima respuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las asociaciones de jueces y fiscales, en unidad de acción.

Para comunicarse, los miembros de la red usaban un grupo de WhatsApp llamado «Hirurok» (que significa «nosotros tres») en el que la UCO ha detectado evidencias de amaños con empresas públicas, facturas falsas y pagos encubiertos (posiblemente a través de estructuras ligadas al ex senador socialista Gaspar Zarrías), lo que motivó que Pedraz autorizase la entrada y registro tanto de la sede de Ferraz, como de la Dirección General de la Guardia Civil.

El magistrado mantiene imputados, por el momento, al ex secretario de Organización del PSOE y número 3 de Sánchez Santos Cerdán, con un papel «superior» o cualificado en la coordinación de todos los implicados, a la actual gerente del PSOE Ana María Fuentes, a Zarrías, a Javier Pérez Dolset y a otros. La tesis es que Díez coordinaba la «ejecución» de acciones, presuntamente financiadas por los socialistas, para torpedear causas judiciales negativas para ellos mismos.

Por el momento han trascendido pagos, reconocidos, del PSOE a Leire Díez por valor de 45.000 euros, que se habrían maquillado a través de dos contratos con la «periodista» para prestar servicios «profesionales» como «asesora de comunicación en el PSOE de Cantabria», que se articularon mediante facturas giradas por la propia 'fontanera', en régimen de autónomos, y que implicaron pagos mensuales del orden de los 1.700 euros de media, entre 2015 y 2017.

Esta pieza conecta, por lo tanto, con la del instrucción número 9 de Madrid, en lo relativo a las maniobras contra la UCO, jueces y fiscales que formarían parte de una estrategia más amplia.

Así las cosas y dado que ambas causas siguen en instrucción, comparten hechos investigados y algunos nombres propios, presuntamente, de entre los 9 imputados en la AN, el magistrado Pedraz propondrá fusionar los resultados de todas las actuaciones, los indicios y las evidencias sobre la mesa, bajo la jurisdicción del órgano central, en próximas fechas.