Gobierno y PSOE se enredan en sus mentiras y cambios de versión sobre la cloaca de Leire

Leire Díez quería ayudar a su partido y a su secretario general, y el destrozo que ha provocado la cloaca en la que trabajó a las órdenes de Santos Cerdán es ya de dimensiones incalculables. El Gobierno y el PSOE se han enredado en sus mentiras y cambios de versión sobre las actividades de la que, hasta hace días, intentaron hacer pasar por una pequeña Nicolasa; una militante fanfarrona con delirios de grandeza que iba por ahí tomando en vano el nombre de Pedro Sánchez, al que la trama se refería como el «one».

Dijeron que la directora de la Guardia Civil jamás se había reunido con ella y resulta que sí. Dijeron que la presidenta del PSOE no había tenido contacto alguno con ella y resulta que sí. Dijeron que el partido le había pagado 15.000 euros entre 2015 y 2017 y resulta que fueron más de 45.000 euros. Dijeron que la Presidencia del Gobierno no tuvo nada que ver con la cloaca y resulta que en la reunión clave, la que se celebró en Ferraz dos días después de la carta a la ciudadanía de Sánchez, participó el director adjunto del Gabinete de este último.

También dijeron que no se pagaron las actividades de ninguna trama con dinero del partido y resulta que la actual gerente está imputada por fabricar facturas falsas, que el juez Santiago Pedraz ha solicitado al PSC y al PSOE los movimientos bancarios de sus cuentas en los ejercicios de 2024 y 2025, así como informes fiscales a Hacienda en ambos casos. Es información contable sobre varias empresas presuntamente implicadas en la trama, entre ellas la de Gaspar Zarrías.

La mentira más flagrante ha sido la que ha puesto contra las cuerdas a la directora de la Guardia Civil y, por extensión, al ministro del Interior. El Ejecutivo tuvo que acabar reconociendo ayer que Mercedes González se reunió dos veces con Leire Díez, después de que ella misma y Fernando Grande-Marlaska lo hubieran negado durante un año y hasta la semana pasada, incluso después del auto del instructor y la entrada de la UCO en Ferraz (el pasado miércoles).

Solo cuando este jueves se publicaron audios en los que la fontanera señala: «Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil, es de mi confianza», el Gobierno terminó por confesar dos encuentros. Sin embargo, fuentes gubernamentales aclararon que tuvieron lugar fuera de la Dirección General de la Guardia Civil; como si el hecho de que se reunieran a escondidas, en las inmediaciones del complejo de Guzmán el Bueno, les restara gravedad en vez de añadírsela. Y que fueron por «asuntos personales».

Las mismas fuentes también sostuvieron que cuando González escuchó lo que Leire Díez le contó, dio por terminada la reunión. Pero no aclararon por qué se citaron para una segunda, ni por qué la directora general borró todos sus WhatsApps. El PP pidió ayer la dimisión de esta última y del ministro, que aún este jueves defendió la «actuación ejemplar» y «plena honestidad» de su subordinada. Y negó que hubiera habido investigaciones a mandos de la UCO.

También este jueves tuvo que cambiar de versión sobre la marcha la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Y solo después de que se conocieran los WhatsApps que intercambió con Leire Díez acerca de «reconducir» los ataques al presidente, el día en que este se retiró a reflexionar, el 24 de abril de 2024. En aquella conversación, Narbona le responde: «Se lo habías contado a Santos el otro día», dejando claro que Cerdán le había puesto al corriente. El secretario de Organización reportaba a la presidenta del PSOE, pero no al secretario general del PSOE, por lo que parece. El partido alegó ayer que lo único que hizo Narbona fue derivar a la fontanera a Cerdán, y que no recibió de ella ningún documento ni nada.

El martes trascendió que el PSOE había enviado un escrito al juez Arturo Zamarriego (quien también investiga la cloaca socialista) retractándose sobre una información que le había proporcionado previamente: primero, los socialistas le trasladaron que Leire Díaz había cobrado 15.612 euros del partido entre 2015 y 2017 como asesora de comunicación del PSOE de Cantabria; ahora reconocen que fueron 44.859 euros. El PSOE alegó que no tenía toda la información en sus archivos nacionales y que se enteró cuando pidió datos al PSOE de Cantabria.

Los socialistas llevan nueve días dedicados a apagar los fuegos provocados por el auto del juez Santiago Pedraz, los registros y los detalles del sumario. Fuegos a veces sucesivos, otras incluso simultáneos. Y no parece que estén consiguiendo extinguirlos, sino al revés.