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Pedro Sánchez, Cristina Narbona y María Jesús Montero, el pasado lunes en la Ejecutiva del PSOE

Pedro Sánchez, Cristina Narbona y María Jesús Montero, el pasado lunes en la Ejecutiva del PSOEEva Ercolanese/ PSOE

El «one», acorralado

Los mensajes de Leire con la presidenta del PSOE derriban el último dique de contención de Sánchez

La mancha de chapapote se ha extendido en ocho días por la Moncloa, el PSOE, el PSC, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado

También la presidenta del PSOE lo sabía. También ella había mantenido contactos con Leire Díez que después negó, como casi todos. La publicación de un intercambio de whatsapps entre esta última y Cristina Narbona el 24 de abril de 2024, justo el día en que el presidente del Gobierno publicó su famosa carta a la ciudadanía, ha derribado el último dique de contención de Pedro Sánchez. Detrás de ella, él.

En un informe de la UCO conocido este jueves, los agentes relatan que Díez habló con Narbona de «reconducir» los ataques al presidente, dar «ayuda cualificada» y dar la vuelta al asunto «como un calcetín». Y la presidenta del partido contestó: «Se lo habías contado a Santos el otro día», en alusión a Cerdán, al que tanto el PSOE como el Gobierno llevan desde el miércoles de la semana pasada -cuando el juez Santiago Pedraz detonó el caso de la cloaca socialista- intentando cargar con este muerto tan pútrido.

Una «suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a pesar del PSOE», fue como lo denominó ayer la formación en un comunicado. Pero la lista de cargos públicos y dirigentes del partido que participaron en la operación contra el Estado de Derecho, o que al menos la conocían, es ya tan abrumadora que devuelve una y otra vez la misma pregunta al frontón de la Moncloa: cómo es posible que Sánchez fuese ajeno a todo, si todo se hacía por y para su beneficio y el de su familia. Y cuando él mismo anunció, a la vuelta de sus cinco días de supuesta reflexión, un «punto y aparte» que se tradujo en la malograda ley Begoña, un intento de intervenir la Justicia por la vía exprés para frenar las investigaciones.

El caso Leire se ha extendido como una enorme mancha de chapapote por la Moncloa, el PSOE, el PSC (cuya contabilidad de la última campaña autonómica ha reclamado el juez), el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado en los últimos ocho días, conforme se han ido conociendo los pormenores del sumario. Pero ahora dicen en la Moncloa que cómo iba a saber nada Sánchez, si pasó esos cinco días recluido en casa y ni siquiera «cogía el teléfono». Insisten en que las alusiones al «one» no prueban nada, y tampoco que Leire Díez escribiera al expresidente de la SEPI imputado «el presidente me va a adorar» tras sus gestiones en la Fiscalía General del Estado.

Están imputados el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y también la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, esta última presuntamente por fabricar facturas falsas para pagar los gastos de los tejemanejes de la trama. Además de la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolcet, Gaspar Zarrías y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, a quien nombró María Jesús Montero. Están señalados por el magistrado instructor el secretario de Política Municipal del partido, Juanfran Serrano -que fue mano derecha de Cerdán-, el anterior director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano.

Estaban al tanto, cuando menos, el entonces director adjunto del Gabinete de Sánchez en la Moncloa, Antonio Hernando (hoy secretario de Estado de Telecomunicaciones), y la presidenta del partido. Participaron para frenar las investigaciones e incluso investigar a los investigadores, o eso señala la UCO, la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su antecesor, Leonardo Marcos. También, el actual director adjunto operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas. Y la Fiscalía General del Estado del hoy condenado e inhabilitado Álvaro García Ortiz.

«No existe ningún capo que desconozca la existencia de su propia mafia», señaló este jueves la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. Los populares hablan ya de «delincuencia de Estado».

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