El PSOE activó sus resortes en Interior y en Fiscalía para 'reventar' a la UCO y proteger a Sánchez

Si algo ha revelado la trama de las 'cloacas' socialistas investigada por el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, es a un PSOE atrincherado en el poder, dispuesto a todo para perpetuarse, al que lejos de bastarle el control del Boletín Oficial del Estado (BOE) y la colonización de las instituciones desde el Gobierno; se le planteó la ocasión de maniobrar para interferir en las investigaciones que persiguen el delito y dio un paso al frente para hostigar a quienes luchaban contra la corrupción. El levantamiento, parcial, del sumario de la causa ha dejado al descubierto que las más altas instancias políticas al frente de la Guardia Civil actuaron para 'reventar' a la Unidad Central Operativa (UCO) y, con ello, blindar a Pedro Sánchez y su entorno más próximo en Moncloa y Ferraz.

No en vano, según se desprende de los informes aportados al caso que se han hecho públicos, este miércoles, la cúpula socialista, de la mano del ex número tres de Sánchez en el partido, Santos Cerdán y de la 'fontanera' Leire Díez, puso en marcha una maquinaria perfectamente engrasada, y financiada, para que tanto la Fiscalía General del Estado, durante la etapa de Álvaro García Ortiz, como los mandos del Instituto Armado actuasen para «ponerse de perfil» y bloquear las pesquisas que señalaban, entre otros, al hermano pequeño de Sánchez, David Azagra, en lugar de servir a la verdad y al interés general.

Audios, mensajes y testimonios recogidos por los propios investigadores señalados confluyen para acreditar que la exmilitante socialista Díez coordinó, según el sumario, varias operaciones de desprestigio contra los mandos de la UCO encargados a un mismo tiempo del 'caso Koldo', de las presuntas actividades irregulares de Begoña Gómez o de la contrataciones ad hoc de David Sánchez, auspiciadas por la Diputación de Badajoz.

Hasta tal punto llegaron las presiones que en una reunión sobre el asunto, el Director General de la Guardia Civil dio orden de que los agentes asignados a la 'Operación Cajirón' seguida por el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, del que es titular la jueza Beatriz Biedma, preparasen un informe a favor de obra, en el que «no hubiese nada» en los correos interceptados al pequeño de los Sánchez, bajo la amenaza de dejarlos sin vacaciones.

Así las cosas, mientras la 'fontanera' tentaba a guardias civiles del montón para ofrecerles ascensos y promociones profesionales a cambio de información sensible de sus jefes, se reunía con su directora general Mercedes González -quien siempre ha negado conocerla- y pulsaba los resortes adecuados en la Fiscalía General del Estado del condenado García Ortiz, que asoma en el radar de las maniobras, bajo promesas de «pacto» para mejorar la situación de algunos de los imputados en otros procesos penales. Como, por ejemplo, sucedió con el comandante Rubén Villalba a quien Leire Díez trató de reclutar, en dos reuniones mantenidas el 10 y el 26 de marzo de 2025, en las que ella se presentó como alguien con «vínculos con los de arriba del Gobierno» para pedirle los trapos sucios de sus compañeros: el teniente coronel Antonio Balas, el ex coronel Manuel Sánchez-Corbí, el capitán Bonilla y el coronel Rafael Yuste.

A cambio de la información sensible, Díez le ofreció a Villalba un soborno en toda regla, a través de tres posibles vías: que pusiese el contenido de la misma en manos de un inspector de Policía afín, a cambio de adquirir el estatus de testigo protegido; que lo hiciese para acto seguido ser nombrado asesor de la directora general González, en la cúpula de la misma institución que ayudaría a dinamitar; o, ir con ella a la Fiscalía.

En este último sentido, la «capacidad demostrada» de la trama para llegar hasta lo más alto del Ministerio Público no es un detalle menor: revela un auténtico control político sobre una institución que, por definición, debería ser independiente y actuar en defensa de la legalidad y no en contra de ella.

«Como un elefante en una cacharrería»

En paralelo, en la Guardia Civil se vivió un verdadero asalto interno que, ahora, desentrañado el sumario, explica la entrada y registro del teniente coronel Antonio Balas, la semana pasada, en la Dirección General de la Guardia Civil, en la madrileña calle de Guzmán El Bueno. Y es que directora general del Instituto Armado, Mercedes González bajo presiones de las' cloacas', habría ordenado investigar internamente a sus propios agentes, por el mero hecho de que avanzaban en los indicios de las causas de «mayor afectación política» contra el PSOE.

El escenario se abrió tras las tres reuniones mantenidas, presencialmente, con Leire Díez que presumió de «controlarla» y de cómo González estaba a la espera de sus «feedback» para tomar represalias concretas sobre hombres concretos. Nada de «entrar como un elefante en una cacharrería» para acabar con el cuerpo armado, mejor seleccionar objetivos.

Expedientes disciplinarios, traslados forzosos y descrédito mediático se convirtieron en las armas empleadas por la red socialista de Santos Cerdán y Leire, contra quienes cumplían su deber, para «limpiar» de «elementos subversivos» incómodos la judicatura y la policía judicial, con el objetivo de «proteger los intereses» del «One», el presidente del Gobierno.

De hecho, el exsecretario de Organización, Cerdán, figura como el estratega tras las maniobras, presuntamente delictivas, contra la UCO, que se recogen en el último auto de Pedraz. Él fue quien dio las órdenes pertinentes para actuar en defensa de Sánchez y, al mismo tiempo, el que habría autorizado los pagos del PSOE a Díez –más de 178.000 euros en algunos cálculos– que, supuestamente, se camuflaban como colaboraciones periodísticas o servicios de consultoría en comunicación bajo facturas falsas, sociedades interpuestas, como la del ex senador andaluz Gaspar Zarrías, y un entramado que el magistrado Pedraz no ha dudado en calificar como una «organización criminal» concertada para cometer delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y hasta atentado contra las instituciones del Estado.

El PSOE no solo no perseguía el delito, ni colaboraba con la Justicia o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; lo financiaba y lo dirigía para protegerse a sí mismo, atacando a quienes lo señalaban.

Ante cada avance de la Justicia independiente, la respuesta de la trama era la misma: descrédito profesional, señalamiento público, filtraciones sesgadas y búsqueda de trapos sucios para neutralizar a los investigadores. La fontanera ofrecía a empresarios imputados «vía libre» en la Fiscalía si entregaban audios o datos contra guardias civiles de la UCO o juezas como Beatriz Biedma, la instructora extremeña que ha sentado a David Sánchez en el banquillo de los acusados, y el juez Juan Carlos Peinado, que acusa a Begoña Gómez, entre otras presuntas irregularidades, de apropiación indebida.

De hecho, uno de los empresarios interrogados por los guardias civiles del equipo de Balas -cuyo testimonio aparece recogido entre las 16 actas de declaración incorporadas al sumario- preguntó a la 'fontanera' por qué se ofrecía a ayudarlo con sus temas penales, Leire Díez le respondió que «cuando tú sufres en tus propias carnes las injusticias, cuando imputan a tu esposa y a tu hermano, te das cuenta que hay que limpiar».

Y, si bien, Pedro Sánchez ha negado haber tenido conocimiento directo, los mensajes internos le sitúan en el epicentro de las actuaciones. «Leire tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al del Gobierno», relata uno de los testigos interrogados. Leire y los suyos se refieren, de manera frecuente, al «One» que aprueba «un trabajo enorme», y de acuerdo con las conclusiones de la UCO habría estado al tanto de todo o, al menos, no totalmente ajeno a lo que sucedía en su entorno.