El PSOE activó sus resortes en Interior y en Fiscalía para 'reventar' a la UCO y proteger a Sánchez

Si algo ha revelado la trama de las 'cloacas' socialistas investigada por el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, es a un PSOE atrincherado en el poder, dispuesto a todo para perpetuarse, al que lejos de bastarle el control del Boletín Oficial del Estado (BOE) y la colonización de las instituciones desde el Gobierno; se le planteó la ocasión de maniobrar para interferir en las investigaciones que persiguen el delito y dio un paso al frente para hostigar a quienes luchaban contra la corrupción. El levantamiento, parcial, del sumario de la causa ha dejado al descubierto que las más altas instancias políticas al frente de la Guardia Civil actuaron para 'reventar' a la Unidad Central Operativa (UCO) y, con ello, blindar a Pedro Sánchez y su entorno más próximo en Moncloa y Ferraz.

No en vano, según se desprende de los informes aportados al caso que se han hecho públicos, este miércoles, la cúpula socialista, de la mano del ex número tres de Sánchez en el partido, Santos Cerdán y de la 'fontanera' Leire Díez, puso en marcha una maquinaria perfectamente engrasada, y financiada, para que tanto la Fiscalía General del Estado, durante la etapa de Álvaro García Ortiz, como los mandos del Instituto Armado actuasen para bloquear las pesquisas que señalaban, entre otros, al hermano pequeño de Sánchez, David Azagra, en lugar de servir a la verdad y al interés general.

Audios, mensajes y testimonios confluyen para acreditar que la exmilitante socialista Díez coordinó, según el sumario, varias operaciones de desprestigio contra los mandos de la UCO encargados del 'caso Koldo', las presuntas actividades irregulares de Begoña Gómez o las contrataciones ad hoc de David Azagra, auspiciadas por la Diputación de Badajoz.

Así las cosas, mientras la 'fontanera' tentaba a guardias civiles del montón para ofrecerles ascensos y promociones profesionales a cambio de información sensible de sus jefes, se reunía con su directora general Mercedes González -quien ha negado conocerla- y pulsaba los resortes adecuados en la Fiscalía General del Estado, del condenado García Ortiz bajo promesas de «pacto» para mejorar la situación de algunos de los imputados en otros procesos penales, como por ejemplo el comandante Rubén Villalba.

La UCO ha detectado reuniones secretas de Díez en la Fiscalía General del Estado. No eran visitas de cortesía. Se trataba de tender puentes para que imputados en tramas de corrupción pudieran «colaborar» a cambio de información que sirviera para atacar a jueces y policías incómodos. Álvaro García Ortiz, el fiscal general inhabilitado por el Supremo por filtrar datos confidenciales, aparece en el radar como alguien accesible para estas maniobras. La «capacidad demostrada» de la trama para llegar hasta lo más alto de la Fiscalía no es un detalle menor: revela un control político sobre una institución que, por definición, debe ser independiente.

Mientras tanto, en la Guardia Civil se vivió un verdadero asalto interno. La directora general, bajo presiones de las cloacas, habría investigado a sus propios agentes que avanzaban en causas sensibles contra el PSOE. Expedientes disciplinarios, traslados y descrédito mediático se convirtieron en armas contra quienes cumplían su deber. El objetivo era claro: desestabilizar la UCO, el departamento que destapó las mascarillas fraudulentas del caso Koldo o las supuestas irregularidades en el entorno familiar de Sánchez. En lugar de perseguir la corrupción, se perseguía a los perseguidores. Una perversión institucional de manual.

Santos Cerdán, exsecretario de Organización, figura como el estratega de esta red según el auto de Pedraz. Pagos del partido a Díez –más de 178.000 euros en algunos cálculos– se camuflaban como colaboraciones periodísticas o consultorías. Facturas falsas, sociedades interpuestas y un entramado que el juez califica de «organización criminal» con delitos de cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y hasta atentado contra las instituciones del Estado. El PSOE no solo no perseguía el delito; lo financiaba y lo dirigía para protegerse a sí mismo.

Este modus operandi no nace de la nada. Recuerda a las viejas cloacas del PP que tanto denunciaron los socialistas en su día, pero con una diferencia crucial: ahora el partido en el Gobierno controla los nombramientos clave en la Fiscalía y tiene capacidad para influir en la cúpula de las Fuerzas de Seguridad. La politización de la Justicia no es retórica; es operativa. Teresa Peramato, al frente de la Fiscalía, ya ha tenido que lidiar con las primeras decisiones controvertidas en este contexto. Y la entrada de la UCO en Ferraz no fue un capricho: fue la constatación judicial de que el corazón del partido albergaba una operación sistemática contra el Estado de Derecho.

Ante cada avance de la Justicia independiente, la respuesta ha sido la misma: descrédito, filtraciones y maniobras para neutralizar a investigadores. La fontanera ofrecía a empresarios imputados «vía libre» en Fiscalía si entregaban audios o datos contra guardias civiles. Un trueque inmoral donde el poder judicial se mercadea como moneda de cambio.

Lo más grave es el daño institucional. Cuando la Fiscalía y la Guardia Civil dejan de ser garantes de la legalidad para convertirse en herramientas de un partido, la democracia se erosiona. Los españoles pagan con sus impuestos un aparato del Estado que, en teoría, les protege y, en la práctica, puede usarse para blindar al inquilino de la Moncloa.

Pedro Sánchez ha negado conocimiento directo, como siempre. «Si hay irregularidades, actuaremos», repite. Pero los mensajes internos hablan de «el One» que aprueba «un trabajo enorme». La UCO ve indicios de que estaba al tanto. La presunción de inocencia existe, pero la acumulación de evidencias judiciales invita al escepticismo razonable.