Pruebas de edad, ofensiva judicial y más seguridad en los centros de menores: Vox marca desde las regiones su rumbo en inmigración

Vox ha puesto en marcha desde las consejerías que dirige en los gobiernos autonómicos varias iniciativas que marcan la hoja de ruta que quiere seguir en el resto de gobiernos regionales y en un futuro Gobierno nacional. Así, desde las consejerías que engloban la desregulación, los servicios sociales y la familia, que tanto en Extremadura como en Aragón tienen rango de vicepresidencia, han impulsado en menos de dos meses después de que se conformaran los ejecutivos varias medidas, dentro de las competencias que tienen, en lo que respecta, por ejemplo, a la inmigración, que es uno de sus ejes programáticos clave.

En los acuerdos que firmaron con el PP se recoge el rechazo «frontal» a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, la oposición al reparto de inmigrantes ilegales, la verificación de la edad, la realización de auditorías sobre el gasto vinculado a la inmigración masiva, el fin de las subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal o el endurecimiento del régimen disciplinario en los centros de menores, entre otros compromisos, además de la prioridad nacional en el acceso a ayudas y vivienda pública. Y en esa línea, van a llevar a cabo diferentes medidas para que se materialice ese pacto programático.

Así, estos últimos días tanto Óscar Fernández Calle como Alejandro Nolasco, respectivamente, han anunciado algunas en este sentido. En las dos regiones, se ha solicitado a la Fiscalía que autorice la realización de pruebas para determinar la edad de los menores inmigrantes no acompañados ya acogidos y los que deben acoger y no tienen certificado biológico o hay sospechas sobre su edad real para evitar fraudes. Nolasco denunció la pasada semana que detectaron un falso menor, de Mauritania, que había declarado 13 años y en realidad ronda los 20, y remarcó que no era un caso aislado.

En el caso del Gobierno extremeño, por otro lado, se ha trasladado que la Junta va a agotar «todas las vías legales a su alcance» y judicializar los repartos de menores inmigrantes de otros puntos de España a la región que se imponen desde el Ejecutivo central. También, ha acordado eliminar casi nueve millones de euros de la partida presupuestaria para la Agencia de Cooperación para el Desarrollo, así como subvenciones a entidades vinculadas a la inmigración ilegal. Esta última medida fue destacada por Santiago Abascal en sus redes sociales, donde defendió que Vox «cumple» y que es «solo el principio». El líder de Vox pidió «la máxima fuerza» para su formación para poder llevar a cabo «repatriaciones, deportaciones, remigración y prioridad nacional».

En cuanto a Aragón, además de esa activación del protocolo para que puedan realizarse pruebas de verificación de edad, esta misma semana Nolasco desgranó alguna medida que van a implementar desde su consejería que tiene que ver con «extremar» la seguridad en los centros de menores no acompañados, dentro y fuera de ellos, máxime tras los recientes episodios de agresiones, tanto a una trabajadora como a un menor por parte de otros internos.

Así, van a incorporar lo antes que sea posible seguridad privada en los accesos de estos centros y en el interior de las instalaciones. Remarcan que corresponde a la Delegación del Gobierno la seguridad en el perímetro exterior de esos centros, si bien consideran, tal como explicó el vicepresidente, que esta medida tendrá «un efecto disuasorio de comportamientos delictivos o de peligrosa agresividad» y permitirá al Ejecutivo regional reclamar presencia policial cuando sea necesario.

Por otro lado, se ha anunciado que se van a interponer denuncias contra casos de agresiones o comportamientos delictivos en dichos centros. Se ha presentado la primera ante la agresión del centro de Movera de un menor por parte de un grupo. Y respecto a las subvenciones, también aquí se van a llevar a cabo cambios en partidas relacionadas con la cooperación al desarrollo. Por el momento se ha comunicado que se suprimirá la partida que financia la cátedra dedicada a ello de la Universidad de Zaragoza, y cuyos fondos van a ir ahora a servicios sociales.