La trama Koldo pagó por su seguridad al guardia civil al que también trató de comprar el PSOE a través de Leire Díez

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra la trama socialista corrupta organizada entorno al Ministerio de Transportes, durante la etapa de José Luis Ábalos, «recibió una contraprestación económica cuya finalidad primordial era asegurar la seguridad de la organización». Ésta es la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial entregado al magistrado instructor del 'caso Koldo' que se sigue, contra los no aforados, en el Instrucción Central número 2.

De acuerdo con las pesquisas, el dinero entregado a Villalba en el marco de los hechos por los que ya han sido juzgados tanto Ábalos como su ex asesor, que llegó a alcanzar el medio millón de euros, «permitía mantener la seguridad de sus miembros, principalmente en sus comunicaciones y su salvaguarda personal«, por un lado; y, por otro, »facilitaba la seguridad de sus actos de corrupción, que permitía ejecutar las actividades propias» de la estructura delictiva.

Así las cosas, ya en un informe anterior, el número 207/2024, se revelaron las actividades que debía proteger el comandante, circunscribiéndose a tres ejes fundamentales: la recepción de pagos provenientes directamente de la presunta organización criminal entre los años 2021 y 2023; la facilitación de una línea de comunicaciones segura para sus miembros; y, la adopción de medidas de seguridad, ejecutadas en favor de los mismos.

Un triple frente que reforzó la hipótesis de que Villalba formaría parte del propio entramado criminal, liderado por Víctor de Aldama y que habría recibido una contraprestación por cumplir con las funciones desempeñadas dentro del mismo.

No en vano, en el análisis de cuentas efectuado por la UCO y centrado en los movimientos que pudieran estar relacionados con operaciones en efectivo por parte del núcleo familiar del investigado, se pusieron de manifiesto ingresos de origen desconocido «por un valor de 145.049 euros dentro del tramo temporal analizado», entre los años 2017a 2024.

Si bien, los agentes señalaron entonces que quedaría pendiente la realización de un estudio más pormenorizado, en el cual también habría de tenerse en cuenta la información tributaria recibida por parte de la Agencia Tributaria (AET) que es la que ya obra en poder del magistrado Ismael Moreno.

«Gran volumen de ingresos» bancarios

Así las cosas, con toda la documentación sobre la mesa, los investigadores de la fuerza judicial actuante han revelado que durante el tiempo objeto de análisis -desde que empezó la relación entre Aldama y Villalba, en 2019, y hasta que se produjeron las primeras detenciones policiales, en marzo de 2024- las cuentas del guardia civil y de su mujer, registraron un volumen de ingresos en efectivo superior al de las retiradas.

Se da la circunstancia de que si bien también, en 2017, hubo una entrada importante de fondos, diferentes de los justificados en la nómina percibida por Rubén Villalba como empleado público, los agentes consideran que la misma pudo tener su explicación en base a los regalos percibidos por su matrimonio, celebrado en diciembre de 2016.

Salvando esta contingencia, el resto de abonos de origen desconocido que han quedado registrados dentro del tramo temporal analizado ascendió a un total de

145.049,00 € coincidiendo, además, con «una disminución de los gastos con tarjeta del núcleo familiar analizado».

«Este hecho fue acompañado, igualmente, de una reducción de las retiradas de efectivo en cajero, llegando a ser nulas en 2021 y 2022», destaca la UCO en su informe. Y ha añadido cómo "la unión de ambas circunstancias carecía de lógica económica, quedando como única explicación la existencia de una fuente de efectivo de origen desconocido,

más allá del observado" en las entradas bancarias.