El dique jurídico del juez Calama contra Zapatero: oro, criptomonedas, comisiones por petróleo, testaferros y blanqueo transnacional

la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos como tráfico de influencias y blanqueo de capitales va más allá del plano estrictamente judicial y ha copado, en las últimas semanas, desde que se conociese el contenido del informe proporcionado a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la primera línea del debate político, mediático y público en general. A unas horas de que Zapatero se siente frente al juez José Luis Calama, instructor del 'caso Plus Ultra', para dar explicaciones sobre su desmesurado incremento patrimonial, son numerosísimos los elementos que permiten exigir explicaciones éticas sobre las actividades profesionales y los negocios desarrollados por Zapatero tras su etapa presidencial.

El interrogatorio de esta mañana, en la Audiencia Nacional, más allá de las joyas, encontradas con posterioridad, en su despacho de la calle Ferraz, se centrará en los negocios del histórico socialista quien, presuntamente usó su influencia para favorecer intereses particulares, en decisiones públicas, como el polémico rescate por valor de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea que da nombre al caso o mantuvo relaciones económicas opacas como lobbista, con países como Venezuela o China, enmascaradas en una suerte de tapaderas offshore que, Zapatero, negará.

El histórico socialista quien tradicionalmente ha sido presentado por la izquierda como un referente moral, inspirador y creador de las políticas que ha venido desarrollando el PSOE de la mano del 'sanchismo', tendrá que responder por sus relaciones transnacionales, sus vínculos con varios empresarios y autoridades chavistas, investigados por los EE.UU. por narcotráfico, y los rastros de cómo sus actuaciones, fuera de España, han podido generarle beneficios económicos privados de forma presuntamente ilícita.

De poco han servido, en este caso, las habituales acusaciones de lawfare, las denuncias sobre una supuesta judicialización de la política y los cuestionamientos a determinadas pruebas obtenidas mediante cooperación internacional. De hecho, el magistrado Calama se anticipaba a la petición de nulidad que el abogado de Zapatero planteará en esta jornada, en relación con las evidencias obtenidas contra su cliente, a través de las pesquisas realizadas por la Administración Trump, en el marco de la operación que mantiene bajo su tutela al ex presidente venezolano Nicolás Maduro y que supuso, además, la entrega del ex militar Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal y del ex ministro de Industria del régimen depuesto, Alex Saab.

Precisamente, sobre la validez de estas pruebas y la controversia jurídica en torno al uso de mensajes obtenidos por agencias estadounidenses, la jurisprudencia española habilita al instructor para no excluir de manera automática aquellos rastros de responsabilidad criminal cuya obtención haya podido implicar vulneraciones de derechos fundamentales, amparado en ciertos márgenes de flexibilidad. No en vano la investigación que ha llevado a Zapatero a comparecer, en una doble jornada que empieza hoy, arranca a partir de los mecanismos de colaboración judicial transnacional (con las Fiscalías Anticorrupción de Francia, Suiza y EE.UU.) sobre una red de blanqueo vinculada al saqueo venezolano.

Varios chats de los implicados mencionaron explícitamente a Zapatero como facilitador -«nuestro pana Zapatero detrás»- de la operativa, a través de su posición como ex presidente y de sus fuertes vínculos con diferentes Estados de Asia y Latinoamérica.

Lejos de tecnicismos y de los aspectos puramente procesales, la vista de este miércoles y su continuación mañana jueves servirán para conocer la verdad judicial de los hechos que, a priori, revisten una enorme gravedad.

Y es que más allá de lo llamativo de las joyas incautadas por la UCO en la caja fuerte de su despacho profesional, que han sido objeto de la apertura de una pieza separada, Zapatero está imputado como líder o vértice de una estructura internacional estable y jerarquizada supuestamente dedicada al tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental que utilizaría su influencia política (contactos con el Gobierno español y otros regímenes políticos) para canalizar y blanquear fondos ilícitos procedentes de Venezuela, principalmente de malversación en programas como los CLAP (las cartas de racionamiento de la comida subvencionada) y ventas de oro del Banco de Venezuela.

Al histórico del PSOE se le acusa de liderar una trama que blanqueaba dinero de origen delictivo venezolano (malversación y cohecho) a través de sociedades instrumentales en España, Emiratos Árabes, Panamá y otros paraísos fiscales. El rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra (vinculada a empresarios venezolanos) sería un vehículo clave para blanquear parte de esos fondos, a cambio de comisiones estimadas en unos 2 millones de dólares.

Para lograr los objetivos de la organización criminal, según el juez Calama, Zapatero intervino de manera directa para favorecer decisiones públicas (ayudas SEPI a Plus Ultra) y operaciones internacionales de alto valor (petróleo, oro, divisas, acciones). Su despacho en Ferraz se describe como el centro operativo desde el que se gestaron las maniobras prohibidas.

Pero es que, además, hay evidencias tangibles, como los documentos y apuntes hallados en el domicilio de Julito Martínez Martínez -señalado como testaferro de Zapatero- que hablan de la «comercialización de amarillo», código en clave para referirse al oro venezolano, con menciones expresas a la exportación de 5 a 8 toneladas de oro desde Caracas a Dubái, a través de empresas como Noor Capital y aerolíneas vinculadas que habrían podido reportar importantes rendimientos al ex presidente español.

Así lo demostrarían varios chats interceptados por los servicios de inteligencia de EE.UU., en la aplicación encriptada Signal, entre brókeres como Felipe Baca y Danilo Diazgranados, alias 'Jetser', que revelan negociaciones para mover oro venezolano y blanquearlo fuera de las fronteras del país caribeño. Una sociedad del grupo presuntamente coordinado por Zapatero, Allpa Wira, vendió oro por 30 millones de euros a una firma en Emiratos controlada por la trama.

A todo lo anterior hay que añadir como la estructura recurrió al Banco de Venezuela y a otras empresas controladas por Delcy Rodríguez -llamada «La Dama», en el sumario, tal y como se referían a ella varios de los miembros del entramado- aparecen como origen de las irregularidades. Hasta tal punto que, los investigadores de la UCO mencionan en sus informes un poder notarial a Julito, considerado el presunto testaferro de Zapatero, para recuperar oro depositado en el extranjero, por valor de más de 1.000 millones de dólares, a cambio de comisiones del 8,75%.

No sería el único caso, sino que hay referencias adicionales a proyectos de minas de oro y níquel en Venezuela vinculados a la red criminal transnacional que pesan sobre Zapatero.

La información judicial disponible contra él, sobre lo que hoy será interrogado en la Audiencia Nacional menciona, además, operaciones con divisas y acciones (como por ejemplo Qwant) y transformaciones de euros en metálico en Caracas hacia otras monedas aunque, por el momento, no hay detalles específicos destacados sobre criptomonedas como Bitcoin u otras en los reportes principales del sumario. Se enmarcan dentro de las «operaciones internacionales de alto valor económico» (oro, petróleo, divisas) que Zapatero presuntamente coordinaba.