Policías reprochan al juez Peinado que insinúe que pueden colaborar con una posible fuga de Begoña Gómez

Sindicatos policiales han manifestado en comunicados su rechazo a las afirmaciones que recoge el juez Juan Carlos Peinado –en el que abre juicio oral a Begoña Gómez– en las que insinúa que agentes encargados de proteger a la mujer del presidente del Gobierno podrían colaborar en una posible fuga de Gómez.

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha señalado que considera «una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga».

En el comunicado, este sindicato subraya que los profesionales que integran la escolta de Presidencia «desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley», esto es: «garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales». Así, considera que «poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares».

El sindicato policial ha pedido por tanto una rectificación de estas manifestaciones que considera que «además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones». «La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos», concluye Jupol.

También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se ha pronunciado al respecto y ha trasladado en otro comunicado su «absoluto rechazo» a toda manifestación que «pueda poner en duda la profesionalidad, la integridad, la lealtad institucional o el sometimiento a la legalidad de los policías nacionales» encargados de proteger a las autoridades.

El SUP subraya que estos acceden a estas unidades a través de «rigurosos procesos de selección y formación» y desempeñan una labor de «máxima responsabilidad» bajo protocolos «estrictos» y sometidos a la Constitución, el ordenamiento jurídico y los principios de «legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad». «Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», afirma el sindicato.

En la misma línea, la Confederación Española de Policía (CEP) ha exigido la rectificación inmediata de lo que considera «gravísimas afirmaciones». Según señala, la sola formulación de la hipótesis constituye «un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo» contra la honorabilidad de miles de policías nacionales que, cada día, sirven al Estado «con absoluta lealtad a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales».

Por su parte, el Sindicato Reformista de Policías (SRP) también ha expresado su «más absoluto rechazo» al auto porque se «cuestiona la integridad» de los agentes encargados de la protección de Begoña Gómez y ha exigido que dicha resolución «se elimine o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia».

En una nota, el sindicato ha defendido que los funcionarios afectados «pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado», y ha considerado que poner en duda su integridad «supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas».

El SRP ha recordado además que «las órdenes ilegales quedaron abolidas en España desde 1995» y que los policías «no son moneda de cambio» ni «se deben a políticas de ningún partido», sino que actúan «con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad».

«Señalamientos carentes de fundamento dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía», ha advertido el sindicato, al tiempo que ha reclamado que «cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional».

El comunicado concluye pidiendo que no se dude de los agentes encargados de la protección de Gómez y de que el SRP «seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece».

En el auto, en el que el magistrado Peinado acuerda abrir juicio oral a la mujer del presidente del Gobierno y, como medidas cautelares, establece que se le retire el pasaporte, se le prohíba salir de España y se la obligue a comparecer en el juzgado cada 15 días, señala –tras indicar que la defensa de Begoña Gómez alega que, como mujer del jefe del Ejecutivo está en todo momento «acompañada y custodiada por agentes o miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado»– que «esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».