La jueza de Adamuz autoriza la gran pericial del accidente y encarga a la Guardia Civil reforzar la custodia de las evidencias

El juzgado de primera instancia e Instrucción número 2 de Montoro (Córdoba), que investiga la macro causa derivada del trágico accidente ferroviario de Adamuz, ha autorizado, de manera definitiva, la pericial judicial pendiente sobre los materiales afectados en el choque de los trenes Yrio y Alvia, que impactaron el pasado día 18 de enero, dejando 46 víctimas mortales y decenas de heridos.

La decisión más novedosa y relevante, según ha podido adelantar El Debate, es que la Secretaría General Provincial ha aprobado el coste de las pruebas técnicas necesarias para dar con el origen del siniestro, por lo que el juzgado ya ha notificado de manera formal a los peritos designados que disponen de nueve meses para elaborar y presentar su dictamen. Un plazo que comenzará a contar desde la entrega de la documentación necesaria al último de estos expertos independientes designados.

A lo largo de ese tiempo los peritos deberán pronunciarse sobre las pruebas metalúrgicas de los carriles que es uno de los puntos críticos y de los aspectos más importantes de su misión. Por ello, la juez encargada les ha requerido expresamente para que informen tanto sobre la conveniencia de realizar las pruebas propuestas sobre los carriles de Adamuz, como para que definan si los procedimientos previstos son los adecuados. Además, deberán dictaminar si los laboratorios seleccionados por la CIAF (CENIM y AIMEN) ofrecen suficiente solvencia técnica y carecen de conflictos de interés que puedan afectar a la objetividad de unos ensayos que, por lo tanto, quedarán supeditados al criterio de los peritos judiciales independientes.

Estos, por último, tendrán que informar sobre quién debe interpretar los registradores jurídicos (RJU) y responder si es suficiente con la presencia de Hasler Rail (fabricante), Hitachi (mantenedor del tren Iryo), Actren (mantenedor del Alvia) o si, por el contrario, es recomendable la participación de otros especialistas para interpretar correctamente los datos de dichos RJU.

En atención a todo lo anterior, el juzgado ha anunciado que irá remitiendo a los peritos toda la documentación nueva -que a medida que avancen las pesquisas se incorporará a la causa- para que puedan tenerla en cuenta durante la elaboración de sus respectivos informes.

La Guardia Civil supervisará a ADIF

Así las cosas, el juzgado de Montoro ha dado a ADIF la autorización para iniciar los trabajos de mantenimiento de una parte del tramo afectado por la investigación, en concreto unas instalaciones de telecomunicaciones situadas entre los PK 319+150 y 319+300 -que se sitúan en el trazado aunque en una zona distinta del punto exacto de rotura del carril-, para sustituir los conectores de radiofrecuencia, el equipo RRH y acometer mejoras de acceso al armario técnico.

Sin embargo, la intervención queda, judicialmente, condicionada a dos requisitos: la supervisión permanente de la Unidad Operativa de la Policía Judicial (UOPJ), a la que ADIF debe comunicar el inicio de los trabajos, al menos con cinco días de antelación; y, en segundo lugar, el encargo de que sea la Guardia Civil la que documente todo lo que se practique sobre el terreno, incorporando el detalle al acta de correspondiente a las actuaciones realizadas el pasado 2 de junio de 2026, cuando los trabajos afectaron únicamente a cuestiones relativas a al alimentación eléctrica de la línea férrea, fibra óptica, comunicaciones GSM-R y equipos del túnel de Loma del Partidor, sin que conste ninguna intervención sobre carriles, desvíos, soldaduras, ni elementos estructurales de la vía.

Por otra parte, El Debate ha podido confirmar que Iryo ha solicitado al juzgado trasladar los coches 1 a 5 de su tren -que no descarrilaron en el choque- desde Villanueva de Córdoba hasta la base de mantenimiento de La Sagra. Pero este extremo no ha sido todavía autorizado ya que la magistrada, antes, ha exigido conocer el itinerario que seguirán dichos vagones, el horario en el que se producirá el desplazamiento, y los puntos de parada estimados, para que la Guardia Civil pueda garantizar la cadena de custodia durante todo el trayecto.

Lo que confirma cómo el juzgado mantiene un control muy estricto sobre cualquier actuación de ADIF (titular del tren Alvia comprometido) o de la operadora Iryo que pueda afectar a las evidencias de la catástrofe.