Las acusaciones del caso Leire piden citar como testigo a García Ortiz por las reuniones de la 'fontanera' en la Fiscalía

Las acusaciones populares del 'caso Leire', que investiga a la conocida como fontanera socialista en la trama de las 'cloacas', han registrado un escrito en la Audiencia Nacional para solicitar la declaración como testigo, entre otros, del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las reuniones mantenidas por Díez en la sede del Ministerio Público, con personal de su equipo. La condición de testigo obligará a García Ortiz a decir la verdad.

No en vano, el abogado del Partido Popular, Alberto Durán, que ejerce la representación jurídica unificada, considera que de «la propia información facilitada» por los implicados, «resulta que en la sede de la Fiscalía General del Estado se mantuvieron, al menos, dos reuniones» con el abogado del PSOE Jacobo Teijelo Casanova, «en las que se expusieron hechos con eventual relevancia penal, sin que conste actuación ulterior alguna, sobre la tramitación de varios escritos» presentados por el ya condenado Koldo García Izaguirre, así como la denuncia formulada por José Luis Sáenz de Tejada contra la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, la juez instructora Beatriz Biedma, con la intención de desacreditarla.

Así las cosas, para las acusaciones populares resulta «imprescindible» la declaración testifical de García Ortiz a fin de esclarecer «si tuvo conocimiento, directo o indirecto, del contenido de las reuniones mantenidas por miembros de la Secretaría Técnica» con Teijelo y, «en su caso, con Leire Díez»; concretar «el momento en que dicho conocimiento se produjo y la vía por la que se le trasladó»; por extensión, «las instrucciones, valoraciones o directrices que, en su condición de superior jerárquico, hubiera podido impartir respecto del tratamiento de la información recibida y de los escritos y denuncia referidos»; «las razones por las que no se promovió actuación procesal alguna pese a la potencial relevancia penal advertida por los fiscales intervinientes»; y, por último, «el criterio seguido para que tales contactos no quedaran reflejados en registro formal alguno de la institución».

«La práctica de esta diligencia» es necesaria «para integrar, en su nivel de máxima responsabilidad institucional, la secuencia de hechos descrita en el oficio, evitando que el esclarecimiento se limite a los fiscales que materialmente intervinieron en las reuniones, y permitiendo verificar la coherencia entre la versión institucional trasladada a este Tribunal y el conocimiento efectivamente existente en la cúpula de la Fiscalía General del Estado», exigen las acusaciones populares al juez Santiago Pedraz.

Además, las entidades personadas en el procedimiento han incluido las citaciones del ex número dos de la Secretaría Técnica y mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, como interlocutor directo de los visitantes de la sede de la Fiscalía en la madrileña calle de Fortuny. También de su compañera la fiscal Beatriz López, adscrita al mismo Departamento y que, presuntamente, asistió al encuentro mantenido el día 6 de marzo de 2025, junto con Villafañe.

A los anteriores se sumarían, en caso de que lo acuerde el magistrado, la también fiscal de la Secretaría Técnica Ana Isabel García León y el jefe de Seguridad del Ministerio Público dado que «no existe un registro oficial de visitas que permita verificar las entradas y salidas del edificio» lo que, a juicio de las acusaciones, supone una importante «laguna probatoria» en relación a las reuniones celebradas, bajo la lupa judicial.