El Gobierno lanza una campaña contra la prostitución mientras el PSOE arrastra años de escándalos en prostíbulos

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha la campaña institucional «¿Reseñas 5 estrellas? #Yosíteveo», con la que el Gobierno pretende reforzar su discurso abolicionista de la prostitución y concienciar sobre esta práctica como una forma de explotación y violencia contra las mujeres. La iniciativa, presentada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, pone el foco en los clientes y denuncia la cosificación de las mujeres a través de mensajes extraídos de foros de internet, al tiempo que el Ejecutivo insiste en su compromiso de sacar adelante una futura ley de abolición. Una gran iniciativa, no cabe duda, pero que choca con los numerosos escándalos que han afectado al PSOE y a gobiernos socialistas en los últimos años y que han tenido como elemento común el consumo de prostitución o el supuesto pago de servicios sexuales en el contexto de tramas de corrupción.

El antecedente más antiguo es el denominado caso FAFFE, una de las derivadas de las investigaciones sobre la gestión de la Junta de Andalucía durante los gobiernos socialistas. La causa se centró en la actuación de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), organismo público dependiente de la Junta, cuyo exdirector, Fernando Villén, fue condenado por utilizar tarjetas de la fundación para pagar gastos personales en clubes de alterne con dinero público. La investigación acreditó decenas de cargos realizados en prostíbulos, especialmente en el club Don Angelo de Sevilla, que posteriormente fueron camuflados contablemente mediante facturas falsas y otros artificios administrativos.

Años después estalló el llamado caso Mediador, también conocido como caso Tito Berni, que llevó a la dimisión del entonces diputado socialista por Las Palmas Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, empresarios acudían a una red integrada por cargos públicos y mediadores para obtener subvenciones, evitar sanciones o conseguir favores administrativos a cambio de dinero, regalos y otras contraprestaciones. Entre esas dádivas figuraban cenas, hoteles, consumo de alcohol y servicios de prostitución sufragados por los propios empresarios. De hecho, la Fiscalía describe varios episodios concretos en los que se abonaron clubes de alterne para miembros de la trama e incluso sostiene que algunos encuentros con empresarios terminaban con la contratación de prostitutas como parte de la operación para afianzar las relaciones y cerrar negocios.

Las investigaciones judiciales recogen, además, pagos de cientos y miles de euros destinados específicamente a servicios de prostitución. En uno de los episodios incluidos en el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el 23 de marzo de 2021 se abonaron 1.200 euros en servicios sexuales para el propio Tito Berni y otros integrantes de la organización, mientras que, en otro encuentro celebrado en Madrid, el empresario que acudía a negociar con la trama habría asumido un pago de 3.000 euros destinado también a prostitución, siempre según la versión del Ministerio Público.

De todas formas, el episodio más reciente y notorio es el que afecta al entorno del exministro de Transportes José Luis Ábalos dentro del denominado caso Koldo. Aunque la investigación judicial gira sobre presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos y el cobro de comisiones, los informes de la Unidad Central Operativa y distintas diligencias incorporadas al procedimiento han situado también la prostitución en el foco mediático, y los audios intervenidos reflejan conversaciones entre Ábalos y su entonces asesor Koldo García en las que comentan mujeres con expresiones de contenido sexual mientras organizan encuentros privados. A ello se sumó la declaración judicial de Jésica Rodríguez, quien reconoció haber mantenido una relación con el exministro y haber cobrado salarios en empresas públicas sin desempeñar actividad efectiva.