El expresidente del BBVA, Francisco González
La Audiencia Nacional envía a juicio al BBVA y a su expresidente por hacer encargos a Villarejo
El magistrado fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de 3 días
El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas, entre exdirectivos de la entidad bancaria y mandos policiales, por una serie de encargos presuntamente ilegales realizados al comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016.
En su auto de apertura de juicio oral de la pieza 9 del caso Tándem, el magistrado recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y envía a juicio a BBVA por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
En el caso del expresidente González, el instructor le envía a juicio por delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental. Por estos mismos delitos también serán juzgados varios exdirectivos del banco.
En su resolución, el magistrado fija una cantidad de 1.173.333 euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de 3 días y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos.
A partir de ahora, los abogados de los investigados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa y proponer las pruebas que consideren oportunas de cara a la vista oral.
Fue en junio de 2024 cuando el entonces juez instructor, Manuel García Castellón, propuso juzgar al banco, a González y a Villarejo, entre otros, por delitos de revelación de descubrimiento y relevación de secretos. El magistrado, en un auto de 268 páginas, puso fin a la instrucción de la pieza separada 9 del caso Villarejo.
El excomisario José Manuel Villarejo
El instructor relataba que el inicio de los hechos surgió con la contratación por el BBVA del que fuese comisario de Policía Julio Corrochano en septiembre de 2002. Dicha contratación contó con la expresa aquiescencia de su presidente ejecutivo, Francisco González, y permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban los comisarios en activo Villarejo y Enrique García Castaño.
El juez explicaba cómo el primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías, lo que le permitía, entre otras cosas, el acceso indirecto a todos los registros policiales, así como bases reservadas de datos a los que las fuerzas de seguridad tuviesen acceso.
«Conociendo Julio Corrochano esta doble actividad de su amigo y compañero, José Villarejo Pérez, a través del denominado Grupo CENYT, le comunicó a su presidente, Francisco González, la existencia de tal anómalo e ilegal recurso, garantizando la total discreción y opacidad si se recurría al mismo», señalaba.
«Dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió, garantizando un núcleo muy reducido de altos directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo», agregaba.
A raíz de ello, concluyó el juez, se firmaron una serie de contratos para poner en marcha determinados proyectos de inteligencia que incluían seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas.
