Sánchez y el PSOE afrontan una traca judicial de fin de curso implacable

Pedro Sánchez ha pasado apenas tres días fuera de España y, al volver de la cumbre de la OTAN en Ankara y de la graduación de su hija en Londres, se ha encontrado con un panorama aún más dantesco del que dejó el martes. Víctor de Aldama declaró el miércoles por segunda vez ante el juez Ismael Moreno en la pieza secreta que investiga las irregularidades en la contabilidad del PSOE, a pesar de los intentos de amedrentarlo con una querella de Delcy Rodríguez. La UCO dejó el jueves al que fuera su primer jefe de Gabinete, Juan Manuel Serrano, al borde mismo de la imputación. Y además pidió al juez autorización para escrudiñar su teléfono y el de la gerente del PSOE, Ana Fuentes, que ya está imputada.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ratificó el miércoles ante el juez Santiago Pedraz que Leire Díez se reunió con él en nombre del «one» y le ofreció ser asesor de la directora de la Guardia Civil si le facilitaba información comprometedora sobre altos cargos de la UCO, como el teniente coronel Antonio Balas y el capitán Juan Vicente Bonilla. El empresario y expresidente del CD Badajoz Joaquín Parra declaró ese mismo día que la fontanera le pidió información sobre la juez que instruyó el caso del hermano del presidente y que ella le dijo que actuaba «en nombre de Pedro».

Otro empresario imputado en la trama de hidrocarburos, Antonio Rodríguez, contó este jueves ante ese mismo magistrado que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, le ofreció beneficios procesales de parte de Díez a cambio de trapos sucios para las cloacas. Por si fuera poco, José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado frenar la inspección que Hacienda ha abierto a él, a su mujer y a sus hijas, complicando así un poco más su defensa por parte del Gobierno. Por no hablar de que el miércoles se cumplieron tres semanas desde que el expresidente pidió al juez José Luis Calama entre siete y diez días más para reunir la documentación sobre las joyas incautadas por la UDEF en su despacho y aún no ha dado señales de vida.

Este mes de julio hay más actividad en la Audiencia Nacional que en cualquier playa española. Mal que le pese al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que el martes se quejó una vez más de la «judicialización de la política» por parte de la «derecha y la extrema derecha» e insistió de nuevo en la necesidad de prohibir a los partidos políticos ejercer la acusación popular; a través de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno envió al Congreso el pasado mes de octubre y allí está varada desde entonces.

La traca judicial de fin de curso está resultando demoledora e implacable para los socialistas, que además ven cada vez más cerca la imputación del PSOE como persona jurídica: el partido sufragó los gastos de la cloaca, con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, dirigiendo las operaciones y la gerente falseando facturas -presuntamente- para no levantar sospechas.

La semana que viene declararán como imputados por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia la directora general de la Guardia Civil, a quien el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado a cesar, y su DAO. Y lo harán como testigos la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y los dos fiscales que se reunieron con la fontanera a sueldo del partido. La semana siguiente declararán como imputados en el caso Plus Ultra el empresario amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y las dos hijas del presidente. Y en el caso Koldo lo harán el hermano de éste, Joseba García, y la expareja de José Luis Ábalos, Jésica García.

A mayores, la próxima semana cinco magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid deberán decidir sobre la apertura de juicio oral con jurado contra Begoña Gómez. Y arrecian los rumores sobre la inminencia de la sentencia de la Audiencia de Badajoz sobre el hermano del presidente. Quien, como ha desvelado El Debate, pasa estos días recluido en la Moncloa, tocando el piano para hacer más llevadera la tensa espera. Si la mujer del presidente es enviada a juicio, los socialistas hablarán de lawfare. Si el hermano es condenado, también.

En el PSOE y en el Gobierno solo esperan a que pase el mes y los juzgados se vayan de vacaciones. La consigna sigue siendo la misma: apretar los dientes, aguantar y proclamar respeto y colaboración con la Justicia mientras, a la vez, esparcen dudas sobre el sistema judicial.