La UCO se prepara para analizar los seis móviles de los cinco últimos imputados hasta completar el mapa de las cloacas del PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto a poner en la diana los supuestos amaños en los contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) que afectan a los rescates, presuntamente arbitrarios, del Gobierno de Pedro Sánchez, al menos, a cinco empresas españolas, en pandemia, previa intermediación de la cúpula del PSOE. Y lo ha hecho para ampliar el papel de los miembros de dicha trama que, además, se concertaron para «neutralizar» las causas judiciales que afectan a la Moncloa y a Ferraz, de la mano del exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinados por la exmilitante Leire Díez que, según apuntan todas las evidencias, contó con el apoyo logístico y económico de su formación.

Sin embargo, en el último atestado entregado este jueves por la UCO al juez Santiago Pedraz, instructor de la causa que rastrea la guerra sucia socialista, tan sólo se ha recogido el resultado del análisis de los móviles y de los correos electrónicos de tres de los imputados en las 'cloacas': la 'fontanera' Díez, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxón Alonso, socio de Cerdán en Servinabar. De ahí que los agentes, a través de dicho informe y de lo que en él se dibuja, hayan solicitado al magistrado la autorización necesaria para «el acceso, clonado, volcado, visionado y estudio» de un total de seis nuevos terminales que se les incautaron, a finales del pasado mes de mayo, a otros cinco imputados y que, desde entonces, han estado bajo custodia policial.

Se trata de los móviles de Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Sánchez desde 2014 hasta 2018 y que presidió Correos desde entonces y hasta 2023, al que la policía judicial le atribuye un papel «preeminente» en la organización delictiva. El de Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE; los de Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, trabajadoras del partido; y, el del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, también imputado en esta causa, quien estuvo destinado en la UCO hasta 2022 y que, de acuerdo con las afirmaciones de sus ex compañeros, habría proporcionado información sensible de su unidad a Leire.

Por todo ello, a falta de la pertinente autorización del magistrado, la Unidad Central Operativa se prepara para completar un puzzle al que, hasta el momento, sólo ha podido acceder desde un lado del tablero.

Ahora, a punto de expirmir el contenido de los seis dispositivos móviles, los investigadores tratarán de encajar las piezas cruzando datos: las comunicaciones que ya tienen con las que podrían aflorar, sobre los mismos hechos investigados y, por lo tanto, susceptibles de convertirse en un material de «especial trascendencia para el esclarecimiento» de lo ocurrido. No en vano, de la primera parte de las pesquisas se han desprendido evidencias de que todos los imputados, a su vez, «habrían mantenido interacciones (...) con otras de las personas investigadas».

De dichos contactos se han desprendido, mensaje a mensaje, por el momento, indicios relevantes sobre cómo operaba la trama que llevó a la 'fontanera' Leire Díez, la militante de base que se sitúa en el epicentro de las 'cloacas' a ingresar en la Sociedad Estatal de Correos durante la etapa en la que Serrano, amigo íntimo del presidente del Gobierno y su hombre de confianza hasta que Sánchez llegó a Moncloa.

Una colocación que se asignó antes, incluso, de que se hubiese iniciado una convocatoria formal para el puesto que, meses más tarde, ayudaría a redactar la propia Díez, ajustándolo como un guante a sus intereses y características lo que justificó, más tarde, cuando se inició el proceso formal para dar apariencia de legalidad a su fichaje, que se la eligiese a ella frente a los otros cinco candidatos que optaron a la plaza desde dentro. «Enhorabuena», reza el mensaje clave de 21 de junio de interceptado por los investigadores, «xq ayer el presidente de Correos te confirmase que te contratan en su empresa para estar con mi amigo Tote en todo el área de institucional: alcaldes, edificios», continúa el texto. Una conversación que sale del móvil del ex presidente de la SEPI, implicado en una trama en la que se sigue el rastro de varias inyecciones de dinero público, a empresas afines, a cambio de comisiones irregulares.

Así las cosas, según ha podido saber El Debate, «es cuestión de horas», que el juez Pedraz acuerde la imputación de los nuevos actores que han aflorado como interlocutores habituales al otro lado de la línea telefónica de Leire Díez. De hecho, fuentes próximas a la Fiscalía Anticorrupción apuntan a que desde el Ministerio Público ya se está trabajando en la solicitud formal de incorporación a la causa de los cinco nuevos nombres propios como investigados.