PP y Vox exigen al Gobierno revocar la retirada de la Cruz de los Caídos de Cáceres

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han exigido en la Asamblea de Extremadura, en la que estos partidos cuentan con mayoría, que el Gobierno de España paralice y revoque las actuaciones dirigidas a retirar la Cruz de los Caídos de Cáceres, así como el cese de cualquier tipo de iniciativa que suponga eliminar o retirar símbolos o elementos de la historia de España por razones de «sectarismo ideológico» y a impulsar las modificaciones legislativas que determinen la derogación de la ley 20/2022 de Memoria Democrática.

La iniciativa ha sido defendida este jueves en el pleno de la cámara legislativa regional por el diputado de Vox Alfredo Galavis, y ha contado con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. En su intervención, Galavis ha recalcado varias veces que la Cruz de los Caídos de Cáceres «no se toca», una posición que, como ha dicho, «no es un simple eslogan» ni el «deseo de unos nostálgicos», sino lo que «quiere el pueblo de Cáceres».

También ha asegurado que la iniciativa persigue defender la «verdad» frente a la «manipulación del gobierno corrupto y mafioso de Pedro Sánchez», ya que, ha sostenido, la Cruz de los Caídos es un «símbolo de la ciudad» que en 1984 fue desprovisto de «cualquier simbología».

Por ello, en su opinión, es «mentira» que el Gobierno quiera eliminar un «vestigio ideológico» y que lo que busca es «todo lo contrario: odio, separación y destrucción», que es un «claro ejercicio de sectarismo institucional».

Cabe recordar que la ley de Memoria Democrática del Gobierno considera como víctima a «toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978».

El alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, del PP, tildó en junio de «chapuza improvisada» y de «cortina de humo» la resolución del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que exigía en mayo la retirada de la cruz.

Según explicó el regidor, en la ciudad «no existe un debate social en torno a la Cruz de los Caídos» y «nadie se siente incómodo» por este monumento que fue «renombrado» en 1984 bajo el mandato de un alcalde socialista. Así el Ayuntamiento de Cáceres, como antes también hizo Vox, presentó un recurso contra la orden del Gobierno.

La «desconexión total» de la izquierda

En el turno de los grupos, la diputada del PP Luisa María Durán Pagador ha defendido que la Cruz de los Caídos representa un «referente» para la ciudad, para la provincia y para Extremadura y ha acusado al PSOE y a Unidas, con su discurso en este asunto, de tener una «desconexión total» de la realidad y del sentir de la «inmensa mayoría de la sociedad extremeña».

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, ha puesto en valor que su grupo ha rechazado la iniciativa con «toda la fuerza» de sus 18 escaños, pero sobre todo, ha dicho, con la convicción de saber que están en la Asamblea no solo para defender las ideas que representan a su partido, sino también para «fortalecer» la democracia y las instituciones.

Gil Rosiña también se ha referido a que dentro de dos días se cumplirá el aniversario del inicio de la Guerra Civil en España y ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de «blanquear el fascismo y el franquismo».

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura David Araújo ha criticado el contenido de la propuesta y ha hablado de «basura ideológica». Y ha insinuado que PP y Vox quería «hacer coincidir el debate en esta cámara con el 90 aniversario del golpe de estado que se dio en este país en 1936».