El sanchismo da rienda suelta a su obsesión con el juez Marchena

Félix Bolaños entró exultante el viernes en la antena de la SER, un día después de que el Tribunal de Justicia de la UE sentenciara que la ley de amnistía no es contraria al Derecho comunitario (ni más ni menos, ni menos ni más). El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes exigió al PP que «pida perdón» por lo que los populares dijeron sobre la norma. Así reescribe la historia el sanchismo, o lo intenta al menos.

Primero, la oposición se dejó atrapar en la trampa del Gobierno de limitar el debate de la amnistía a un debate meramente jurídico, como si la política no tuviera más límites que las leyes escritas. Después se equivocó en inflar las expectativas sobre el papel redentor de las instituciones europeas: la Comisión Europea, la Comisión de Venecia y el TJUE. La leche llevaba tiempo derramada cuando el TJUE hizo pública su decisión el jueves. Llorar por ella ya no sirve.

El Gobierno se ha tomado este último aval (que tiene matices) como una venganza servida en plato frío. No contra el PP, ni contra Vox. Tampoco contra los españoles que, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, salieron por decenas de miles a la calle a decir: «No al privilegio. No a la impunidad. No a la amnistía». Sino contra un juez con nombre y apellidos: Manuel Marchena Gómez, al que el viernes mandaban sus afectuosos saludos varios columnistas de la órbita gubernamental.

El expresidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la que enjuició y sentenció a los cabecillas del proceso secesionista que no se fugaron, es la bestia negra de los socialistas. Los de Pedro Sánchez lo consideran el auténtico líder de la oposición al Gobierno de coalición, el que mueve los hilos en la sombra. El jefe de la gran conspiración, de las fuerzas del mal. El que más puede hacer y hace, sostienen, porque no ha aplicado la amnistía a Carles Puigdemont, conduciendo la legislatura a un callejón sin salida con Junts. Hasta ese punto llega su obsesión.

Cuando hablan de la derecha judicial, siempre lo tienen en sus pensamientos. A pesar de que Marchena dio sobradas muestras de su independencia cuando, en noviembre de 2018, retiró su candidatura a presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ. Fue después de que se filtrara un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus senadores alardeando de controlar «la Sala Segunda desde detrás». Marchena replicó en un comunicado: «Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal».

«Lo antes posible»

A él se dirigía implícitamente el ministro Bolaños cuando, el jueves, compareció en la Moncloa y afirmó: «Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa (…), y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible». Detrás de él, también Salvador Illa, Oriol Junqueras y Jordi Turull trasladaron el mismo mensaje. El ministro Óscar Puente llegó a sugerir un día después: «Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España sin ninguna duda (...). Y que me detengan y que me lleven a prisión».

En el PSOE se la tienen jurada. Por eso y porque formó parte del tribunal que condenó al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación especial para el cargo por revelación de datos reservados en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. Otro hito de esta legislatura de las primeras veces, como lo han sido esta misma semana la condena al hermano del presidente por prevaricación y la apertura de juicio oral contra su mujer por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Ahora les queda sentarse a esperar a que, a la vuelta del verano, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido dé la razón a Puigdemont y Junqueras y al Supremo no le quede más opción que aplicarles la ley de amnistía; para que el primero pueda regresar a España y el segundo deje de estar inhabilitado para cargo público. No hay dudas sobre lo que hará el TC, que ya avaló en junio de 2025 la constitucionalidad de la ley de amnistía.

El lunes, Marchena estuvo en los Cursos de Verano CEU-María Cristina y allí defendió una Justicia «libre de etiquetas ideológicas». Criticó el uso y abuso que los partidos hacen de la acusación popular porque, en su opinión, «la batalla política tiene que librarse en el Parlamento» y no en los tribunales. Y alertó: «Una sociedad no puede desconfiar de los jueces».

Una desconfianza que el Gobierno y sus socios llevan más de dos años alimentando a diario, con toda la intencionalidad, para no asumir ninguna responsabilidad. Nunca. Por nada. Ni siquiera por la sentencia del Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, que considera probada la existencia de una organización criminal que anidó y operó en el corazón del gobierno. Pero el culpable de los males de Sánchez es Marchena, claro.

El 14 de marzo de 2024, el día en el que el Pleno del Congreso aprobó la ley de amnistía con 178 votos a favor y 172 en contra y la envió al Senado, Alberto Núñez Feijóo hizo una advertencia al presidente: «Lo que tiene por delante no es una legislatura, es una agonía», afirmó. Solo esta semana, la Cámara Baja ha tumbado su senda de estabilidad y el sexto real decreto ley del Gobierno en lo que va de año, Junts le ha dicho que la sentencia del TJUE no resucitará la legislatura porque no hay nada que resucitar, su hermano ha sido condenado por tres magistrados, su mujer enviada a juicio por otros cinco, y su directora general de la Guardia Civil ha declarado como imputada por obstrucción a la Justicia y prevaricación. Que celebren la amnistía mientras la agonía sigue.