El Gobierno vasco vuelve a otorgar la semilibertad al etarra Juan Ramón Carasatorre, asesino de Gregorio Ordóñez

El Gobierno Vasco ha vuelto a conceder la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permite salidas de la cárcel de lunes a viernes, al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, condenado por varios asesinatos, entre ellos el del concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez.

El Gobierno Vasco ya había aplicado a Carasatorre el 100.2 pero fue revocado por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. El etarra recurrió ante la Audiencia Nacional, que ratificó la revocación fundamentalmente porque la resolución del Gobierno Vasco no iba acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo.

La AN entendió que la documentación remitida «se limita a informes, oferta laboral y previsión de voluntariado, pero no consta un documento estructurado que identifique el programa, sus objetivos, su necesidad y su imposibilidad de ejecución en prisión». También señaló que la decisión de aplicar el 100.2 fue adoptada por el Centro Directivo sin una previa propuesta técnica de la Junta de Tratamiento.

El tribunal sí consideró «relevantes» los avances del recluso con relación a la buena conducta, la participación en programas, la asunción del daño causado y la evolución favorable en el tratamiento, pero llegó a la conclusión de que esos avances no eran suficientes para cambiar su régimen penitenciario. Recientemente, Carasatorre rechazó participar en un encuentro restaurativo solicitado el pasado 22 de enero por Consuelo Ordóñez, la hermana del asesinado Gregorio Ordóñez y presidenta de la asociación vasca de víctimas, Covite, que recibió la decisión como «el peor de los desprecios».

Fuentes del Gobierno Vasco han afirmado a la Agencia EFE que en esa resolución la AN recogía la postura favorable de la Fiscalía a aplicar el artículo a Carasatorre o que en futuras revisiones se podría volver a plantear el 100.2 con una «propuesta debidamente estructurada y documentada».

Por ello la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha decidido volver a conceder el 100.2, a Carasatorre. Desde que tomó posesión de su puesto, la consejera ha concedido más de 30 terceros grados y regímenes de libertad a presos etarras.

Críticas de la AVT

El Ejecutivo autonómico ha aplicado este mismo artículo al etarra Alberto López de la Calle, alias Mobutu, condenado entre otros atentados por el asesinato de tres guardias civiles en una prueba ciclista en octubre de 1980 en Salvatierra (Álava), han confirmado fuentes del gabinete de Imanol Pradales a la Agencia EFE. El pasado 9 de julio también se dio a conocer la aplicación de este artículo al etarra Juan Luis Rubenach condenado en diciembre de 2010 a 319 años de prisión.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado la concesión del 100.2 a estos presos de ETA y ha enmarcado esta decisión en «una política penitenciaria impulsada por el Gobierno Vasco que, a nuestro juicio, persigue vaciar las cárceles de presos de ETA antes de que cumplan íntegramente sus condenas».

Con estos dos nuevos 100.2, la asociación ha advertido de que el Gobierno Vasco ha concedido «122 progresiones al tercer grado y 25 flexibilizaciones» desde que asumió la gestión de las cárceles vascas en 2021, con lo que «de los aproximadamente 120 presos de ETA que permanecen en prisión, solo 36 continúan en régimen ordinario» sin salir de la cárcel.

«Si se mantiene este ritmo, en dos o tres años apenas quedarán presos de ETA en las cárceles», ha advertido la AVT, que ha denunciado además que ayer fue informada de que dejará de recibir estas resoluciones «con la antelación suficiente para poder informar personalmente, a través de nuestro equipo de psicólogos, a las víctimas directamente afectadas antes de que conozcan estas decisiones por los medios de comunicación».

Este cambio es «inaceptable» y es además «especialmente llamativo que coincida con el reciente cambio en la presidencia de la AVT y con el endurecimiento de las críticas» a la política penitenciaria del Gobierno Vasco.