El Congreso rechazará este jueves por segunda vez y definitiva la senda de estabilidad del Gobierno

El Congreso afronta este jueves otro Pleno extraordinario con guion escrito y ningún suspense, como el del martes 14 de julio. La Cámara Baja tumbará por segunda vez, y definitiva, la senda de estabilidad aprobada por el Gobierno, con la que pretendía elaborar los Presupuestos Generales de 2027. O que lo pareciera.

El resultado de la votación es de sobra conocido porque será el mismo que hace nueve días: los votos del PP, Vox, Junts y UPN echarán atrás los objetivos de deuda y déficit del Ministerio de Hacienda. No obstante, el Ejecutivo continuará con la ficción presupuestaria, porque Pedro Sánchez ha decidido que las cuentas públicas de 2027 son su banderín de enganche electoral.

De hecho, hasta la fecha, el ministro de Hacienda no ha querido precisar nada acerca del calendario que maneja el Ejecutivo para la aprobación de las cuentas públicas en Consejo de Ministros y su posterior envío al Congreso para su negociación con los grupos. La falta de concreción con las fechas tiene que ver con que, como los cambios en fútbol, el presidente dispone de tres ventanas para convocar las elecciones en el último curso de la legislatura y no quiere cerrar ninguna por ahora: noviembre, febrero/marzo y julio.

Al menos, el Gobierno no se irá de manos vacías del Congreso. El proyecto de ley orgánica que articula la condonación parcial de la deuda de las autonomías del régimen común con el Fondo de Liquidez Autonómico pasará este jueves, con toda probabilidad, su primer trámite en el Pleno: el de las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, toda vez que Junts ya ha anunciado que votará en contra de ambas y dejará que la norma continúe su tramitación. Aunque tiene intención de presentar después enmiendas parciales para que el Gobierno aumente los 17.104 millones de euros que inicialmente prevé condonar a Cataluña.

El Ejecutivo ha utilizado esta quita para intentar dividir a las comunidades gobernadas por el PP. Puesto que podrían acogerse a ella todas las comunidades del régimen común si se aprobase, previa solicitud. De hecho, la mayor cuantía es la asignada a Andalucía, 18.791 millones, no por casualidad: la propuesta de reparto fue elaborada por la exministra de Hacienda María Jesús Montero cuando esta era también candidata a las elecciones andaluzas. No obstante, todos los presidentes del PP han mantenido prietas las filas hasta ahora.

La enmienda a la totalidad presentada por el PP habla de una ley «injusta, insolidaria e ineficaz para lograr los objetivos que dice perseguir». «Se mutualiza directamente la deuda generada por desequilibrios presupuestarios en cada comunidad, que pasa a ser asumida por todos los ciudadanos del resto de España, comprometiendo el principio de solidaridad interterritorial recogido en el artículo 2 y en el artículo 156.1 de la Constitución», denuncian los populares.

Por su parte, la de Vox sostiene: «Las comunidades autónomas que realizaron un mayor esfuerzo para contener el gasto o limitar el recurso al endeudamiento no ven reconocido ese esfuerzo y se verán perjudicadas en términos comparativos. El mensaje que transmite la norma es que la responsabilidad fiscal no tiene recompensa y que quienes actuaron con prudencia pueden acabar soportando las consecuencias de quienes no lo hicieron».

No obstante, el tiempo y la precariedad parlamentaria del PSOE hacen prácticamente imposible su aprobación definitiva en estos últimos meses de vida de la legislatura. Aunque supere el primer trámite.