La responsabilidad que nunca llega (II): El secreto como método y el doble rasero europeo

Esta técnica de decidir primero y camuflar las razones después forma parte de un método consolidado. Lo ocurrido con el Sáhara Occidental fue de esa misma naturaleza: se alteró de golpe una posición histórica de la diplomacia española y los ciudadanos supieron por un comunicado de Rabat que el presidente había asumido la propuesta marroquí.

La diplomacia exige reserva, desde luego. Pero cuando el pacto ya está cerrado, el secreto deja de proteger la negociación y empieza a proteger al gobernante de tener que explicar qué entregó o qué relación tenía aquella decisión con la presión migratoria en Ceuta y Melilla. Esa misma opacidad reapareció en la política de fronteras: mientras el Ejecutivo celebraba la desaparición de la verja física con Gibraltar, Marruecos seguía administrando a su conveniencia el bloqueo comercial de las aduanas de Ceuta y Melilla. España acepta borrar la frontera con un territorio cuya soberanía reclama y, al mismo tiempo, es incapaz de normalizar el comercio con sus propias ciudades. Una asimetría tan incómoda que el poder prefirió hurtarle cualquier explicación completa.

Trasladado al escenario europeo, este método ha bendecido un peligroso precedente: el «derecho comunitario a la carta». Lo que jamás se le habría tolerado a la derecha —utilizar los resortes del Estado para forzar la impunidad penal de sus socios— se acepta con naturalidad cuando beneficia al bloque gubernamental de izquierdas. El origen de esta indulgencia es viejo y cultural: Europa sigue analizando a España a través del prisma distorsionado de rancias leyendas negras y franquismos folclóricos. Esa condescendencia condescendiente ha permitido que la justicia europea valide un atropello democrático, enviando un mensaje inquietante: las reglas del juego pueden torcerse si el fin es salvar a un Gobierno.

La Fiscalía y el vacío de la responsabilidad

Esta forma patrimonial de entender el poder proyecta una sombra alargada sobre la arquitectura del Estado. Aquella célebre frase que Sánchez pronunció en 2019 —«La Fiscalía, ¿de quién depende? Pues ya está» —no fue un simple patinazo técnico. Fue una radiografía involuntaria de la tentación de ver las instituciones de control como prolongaciones naturales del Ejecutivo. Con ese antecedente, pretender que la sociedad entregue una confianza ciega a reformas que otorgan la investigación penal en exclusiva a los fiscales es pedir demasiado.

El cerco judicial al entorno del presidente ya no es una conjetura; es una crónica de hechos probados. Los nombres de Ábalos y Koldo García han pasado definitivamente de los despachos ministeriales al registro de penados por el caso de las mascarillas. David Sánchez arrastra ya su propia condena de inhabilitación por aquella plaza autonómica que pareció diseñada a la medida de su apellido. Solo Begoña Gómez, con la instrucción todavía abierta, se aferra formalmente a la presunción de inocencia. Los tribunales han liquidado la dimensión penal con una celeridad incómoda, pero lo que la justicia despacha en los sumarios no agota la deuda pública. Un magistrado no tiene entre sus competencias juzgar el criterio para elegir a un colaborador, ni el empeño en sostenerlo cuando el agua ya llegaba al cuello. La responsabilidad política no se extingue por el hecho de que los ejecutores ya duerman en prisión; al contrario, se queda flotando en el ambiente, señalando directamente al único hombre que los sentó allí.

Sánchez llegó al poder mediante una moción de censura sostenida sobre la indignación frente a la corrupción; la regeneración no fue un adorno, fue la viga maestra de su discurso. Por eso no puede limitarse ahora a decir que todo es una ofensiva de jueces y medios. Puede haber denuncias interesadas, pero las preguntas legítimas no desaparecen por el hecho de que quien las formula tenga una intención política, y menos todavía cuando ya hay sentencias condenatorias que las respaldan.

Ese guion no es nuevo. Cuando el Tribunal Supremo condenó en 2025 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por filtrar datos reservados, buena parte del espacio afín al Gobierno no discutió los hechos probados: prefirió cuestionar a los propios magistrados, denunciando un supuesto «golpe blando» urdido por una sala de mayoría conservadora. La condena afectaba a uno de los suyos, y eso bastó para poner en duda, no ya una sentencia, sino la imparcialidad de quienes la firmaban.

Cuando el poder descubre que puede prescindir de dar razones, que puede camuflar la impunidad de «concordia» con el visto bueno de Europa y que no pasa nada, la democracia cambia de naturaleza

Ese mismo guion se ha repetido estos días con una intensidad todavía mayor. Nada más conocerse el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la amnistía, el Gobierno y la dirección del PSOE viraron hacia el caso que afecta a Begoña Gómez, presentándolo como una persecución orquestada y acusando a los jueces de haberse extralimitado. Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, llegó a calificar la instrucción de «cacería obscena», mientras varios ministros dedicaban buena parte de sus comparecencias a erosionar la autoridad de los tribunales, sin que a día de hoy conste pronunciamiento judicial ni fiscal alguno que avale semejante relato. Cuando el mismo poder que rehúye explicar sus propias decisiones vuelca su energía en deslegitimar a quienes se las preguntan, el exceso verbal se convierte en ataque directo al tercer poder del Estado.

El resentimiento del decorado vacío

Cada miércoles, en el Congreso, el ritual de la sesión de control se ejecuta con precisión matemática. Hay ironía, aplausos automáticos de la bancada propia y frases pensadas exclusivamente para el informativo de la noche. El decorado está intacto.

Pero la explicación real, la que ordena los hechos y asume el coste de las decisiones, rara vez aparece. Gobernar no es solo reunir de cualquier manera los apoyos necesarios para estirar una legislatura. Es la obligación de argumentar por qué se hace hoy lo que ayer se juró que jamás se haría.

Cuando el poder descubre que puede prescindir de dar razones, que puede camuflar la impunidad de «concordia» con el visto bueno de Europa y que no pasa nada, la democracia cambia de naturaleza. Nos queda un sistema formalmente impecable, pero progresivamente vacío: un escenario donde las palabras se han vuelto irrelevantes porque nadie está obligado a responder por ellas, y donde solo queda el resentimiento profundo de una sociedad que constata que la fidelidad a las reglas del juego ha sido, finalmente, el peor negocio.