El último Pleno del curso retrata a un Gobierno que no busca Presupuestos sino un programa electoral

No está Pedro Sánchez para muchas celebraciones. Aun así, este jueves el presidente se permitió la licencia de conmemorar el tercer aniversario de unas elecciones generales que no ganó. «Hace tres años, los españoles decidieron con su voto seguir avanzando en una agenda de progreso», se felicitó en la red X el presidente, que a continuación enumeró algunos hitos de su Gobierno.

Entre ellos no, estaban, obviamente, las condenas a su ex ministro de Transportes, a su ex fiscal general del Estado y a su hermano, ni los casos de corrupción que afectan al sanchismo. Y tampoco estaban los Presupuestos, porque no los ha habido en toda la legislatura. Ni los habrá. De hecho, esta legislatura va a ser la primera de la democracia sin aprobar unas solas cuentas públicas, a pesar del mandato constitucional.

Coincidiendo con ese tercer aniversario, el Pleno escoba de julio, el último del curso, tumbó por segunda vez en nueve días, y definitiva, la senda de estabilidad del Ejecutivo. Los objetivos de deuda y déficit públicos. Lo hizo con los votos del PP, Vox, Junts y UPN y con el presidente en su escaño, que no es costumbre.

El resultado fue 166 votos a favor de la senda, 176 en contra y 5 abstenciones. Para cualquier Ejecutivo eso habría supuesto el final de la ficción presupuestaria. Pero no para éste. De hecho, Sánchez, el vicepresidente Carlos Cuerpo, los ministros presentes y el resto de la bancada socialista acabaron aplaudiendo y aplaudiéndose tras la votación, a pesar de haber perdido. Igual que cuando, en junio, el Pleno aprobó una moción no vinculante del PP exigiendo la dimisión del presidente.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ya dejó claro durante el debate que el espectáculo continuará. Porque, en realidad, el presidente no quiere unos Presupuestos, sino un programa electoral. Y no lo hay mejor que unas cuentas públicas con un gasto social desorbitado, como las que piensa aprobar el Consejo de Ministros a la vuelta del verano. ¿Cuándo exactamente? Nadie en Hacienda ni en el resto del Ejecutivo lo aclaran. Porque en el momento en que los Presupuestos lleguen al Congreso para su negociación y caigan -casi con total seguridad- en el trámite de enmiendas a la totalidad, lo previsible es que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. Puesto que tiene varias fechas sobre la mesa -noviembre, febrero/marzo y julio-, de momento no quiere dar pistas.

La victoria preliminar de la quita

Los socialistas enmascararon la derrota de la senda de estabilidad con una victoria muy preliminar. Y de escaso recorrido. La del proyecto de ley orgánica que articula la quita de la deuda a las comunidades del régimen común, que superó las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox por 170 votos a 178 porque Junts lo permitió. El partido de Carles Puigdemont quiere dejar que la propuesta del Gobierno llegue al trámite de enmiendas parciales para sacar más que esos 17.104 millones que el Ejecutivo propone condonar a Cataluña. No obstante, lo previsible es que la norma no llegue al BOE en esta legislatura.

El debate sirvió para que la oposición recordara que esta quita fue una cesión de Sánchez a ERC para que apoyara su investidura, en noviembre de 2023. Y que la deuda no desaparece, sino que solo «se mutualiza» para «premiar la irresponsabilidad», como señaló el diputado de Vox Pablo Sáez. Por su parte, el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, hizo una pregunta al ministro España: «Ésta es mi declaración de la renta. Me sale a ingresar. Si yo voy con ella a la Agencia Tributaria y le digo que voto a Sánchez, ¿me la van a condonar? ¿No, verdad? Solo hay una comunidad autónoma que le compra esta quita, y es Cataluña», añadió.

El titular de Hacienda defendió un proyecto de ley que ha heredado de María Jesús Montero, con el argumento de que los criterios para asignar a las autonomías la cuantía de sus correspondientes quitas son «transparentes y objetivos». España puso en alza que «siete de cada diez» euros condonados son para comunidades gobernadas por el PP. Cómo no, si los socialistas solo gobiernan en tres regiones del régimen común: Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias. Y el PP en el resto. En el caso de Canarias, como socios de Coalición Canarias.

El Ejecutivo también sacó pecho por la convalidación de dos reales decretos leyes que este jueves sometía al veredicto de la Cámara Baja. Uno con 1.825 millones en ayudas fiscales por los efectos de la guerra en Oriente Medio y otro sobre la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas.

Ambos fueron aprobados sin mayores contratiempos para el Gobierno, que en lo que va de año ha visto cómo el Congreso ha tumbado seis reales decretos leyes salidos del Consejo de Ministros, récord absoluto y una total anomalía. Tres de ellos, de hecho, con medidas en vivienda. El cuarto que preparan el PSOE y Sumar sobre esta última materia no tiene mejor pinta. El Gobierno lo aprobará el próximo martes y estará en vigor un mes. Pero lo más probable es que descarrile cuando llegue al Parlamento. No hay dos sin tres ni tres sin cuatro.

En lo político, al curso ya solo le queda ese último -hasta el 26 de agosto- Consejo de Ministros del próximo martes y la posterior comparecencia de Pedro Sánchez para hacer balance. Alberto Núñez Feijóo auguró el miércoles que será el último verano que el presidente pase en la Mareta.