El Ministerio de Infancia denuncia al Gobierno de Aragón ante la Fiscalía por suprimir la 'paga' semanal a los menores inmigrantes

El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, ha denunciado ante la Fiscalía de Menores la decisión del Gobierno de Aragón, conocida este lunes, de suprimir la asignación semanal que recibían hasta ahora los menores extranjeros no acompañados que acoge la región. Una asignación de 17 euros por cada menor y que en total, según informó el vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, supone un coste anual de 180.000 euros.

Según ha señalado el Ministerio en un comunicado, recogido por Europa Press, la medida, que ha sido ordenada por la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, que dirige Vox, «establece una diferencia de trato entre niños y niñas tutelados por la misma administración en función de su origen». La ministra Rego ha calificado de «repugnante» y de «racista» esta medida. A su juicio, «criminaliza a menores por no haber nacido aquí y busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos».

Para la ministra, se trata de «la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox» y cree que el único objetivo de estas políticas es «crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma».

En el oficio, el Ministerio considera que los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor. En este sentido, sostiene que la medida es contraria al principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, y al artículo 39, que obliga a los poderes públicos a proteger a la infancia.

El Ministerio subraya que las entidades públicas que asumen la tutela de menores en situación de desamparo «están obligadas a garantizar la cobertura de las necesidades de la vida cotidiana y a promover su integración normalizada, sin discriminación alguna». Según señala, las asignaciones de este tipo «contribuyen a fomentar la autonomía, el desarrollo madurativo de los adolescentes tutelados y su transición a la vida adulta».

Por todo ello, el Ministerio traslada la información a la Fiscalía de Menores para que, si así lo considera, investigue los hechos y despliegue las medidas necesarias. «Confío en que la Justicia ponga las cosas en su sitio. Nuestra Constitución es clara. Somos un país de acogida y así va a seguir siendo», ha concluido la ministra.