Hazte Oír pide al Tribunal de Cuentas el reintegro de los 340.572 euros cobrados por el hermano de Sánchez

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal de Cuentas que inicie el procedimiento para reclamar el reintegro de los 340.572 euros que, según sostiene, percibió David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, durante los casi ocho años en los que ocupó un puesto en la Diputación de Badajoz cuya creación fue declarada arbitraria por la Audiencia Provincial al condenarle por un delito de prevaricación administrativa.

La organización, personada como acusación popular en la causa, ha ejercitado formalmente la acción pública contable mediante un escrito, al que ha tenido acceso El Debate, dirigido a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en el que solicita la apertura de un procedimiento de reintegro por alcance para determinar el eventual perjuicio ocasionado a las arcas públicas y exigir la devolución de las cantidades abonadas, junto con los intereses legales devengados.

Además de reclamar el reintegro del dinero, Hazte Oír solicita que se investigue la actuación de quienes, a su juicio, participaron en la creación, adjudicación y mantenimiento de la plaza ocupada por David Sánchez. En el escrito identifica como presuntos responsables al expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, a la exdiputada de Cultura Cristina Núñez, a la exdirectora del área Elisa Moriano, así como a las autoridades y empleados públicos que intervinieron en la provisión del puesto y en la autorización de los sucesivos pagos salariales. También incluye al propio hermano del presidente como perceptor de las cantidades y cooperador necesario, en línea con la sentencia dictada por la Audiencia Provincial.

La asociación solicita igualmente que, una vez se practique la liquidación provisional del presunto menoscabo económico, el Tribunal de Cuentas requiera a los responsables para que depositen o afianzan las cantidades reclamadas y, en caso de no hacerlo, acuerde el embargo de sus bienes en los términos previstos por la legislación.

En paralelo, Hazte Oír ha presentado un segundo escrito ante la Audiencia Provincial de Badajoz para que remita al Tribunal de Cuentas la sentencia condenatoria y toda la documentación relativa a la contratación y retribuciones de David Sánchez, incluidos los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la información salarial de la Diputación.

La iniciativa llega después de que la Audiencia Provincial condenara a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa al considerar acreditado que la plaza que ocupó fue creada con el objetivo de favorecerle. No obstante, la sentencia no acordó la devolución de las retribuciones percibidas al entender que esa cuestión debía ventilarse en la jurisdicción contable, al no haberse ejercitado en el procedimiento penal la correspondiente acción de responsabilidad civil.

Precisamente sobre esa posibilidad pivota ahora la actuación de Hazte Oír, que sostiene que los más de 340.000 euros abonados entre 2017 y 2025 constituyen un presunto menoscabo de los caudales públicos al haberse destinado a retribuir «una plaza creada arbitrariamente e inexistente en su contenido material». La organización considera que corresponde ahora al Tribunal de Cuentas determinar si existió responsabilidad contable y, en su caso, fijar el importe que debería ser reintegrado.