España proyecta al mundo la imagen de un país menor incapaz de proteger sus fronteras

La tardía reacción del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del Tarajal y su incapacidad para proteger y defender una frontera que es también europea, además de española, han dejado secuelas que tardarán en desaparecer. Si es que lo hacen. A los ojos de sus socios de la UE y de la OTAN —sobre todo, de Estados Unidos—, España se ha mostrado al mundo como un país apocado y desbordado ante una marea humana de más de 50.000 civiles desarmados que entraron a nado, a pie o corriendo, algunos cantando y otros gritando «vivas» a Pedro Sánchez. Una flagrante «violación de la integridad territorial de España», en palabras del propio presidente este viernes desde Ceuta, donde evitó hacer la más mínima crítica a las autoridades marroquíes, a las que todo fueron agradecimientos por su colaboración pasada y presente.

El Ministerio de Asuntos Exteriores trató de evitar que la crisis migratoria, de seguridad y de convivencia en Ceuta resultante de la agresión marroquí se convirtiera también en una crisis política, diplomática y reputacional para el Gobierno, pero el resultado de José Manuel Albares y de Sánchez por elevación fue calamitoso.

Italia decidió cerrar la frontera marítima y aérea con España, lo que de facto supone la suspensión del espacio Schengen, en medio de un agrio enfrentamiento entre los mandatarios de ambos países socios. De nada sirvió que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración aclarara que existe un Schengen específico para las ciudades de Ceuta y Melilla que obliga a la realización de controles a quienes abandonan ambas zonas.

Sánchez acusó a su primera ministra, Giorgia Meloni, de no practicar la solidaridad ni la empatía y le recordó en X que el número de ilegales que han entrado por Italia entre 2021 y 2026 es el doble que en España. «No es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida», pidió en vano el español. Meloni fue una de las dirigentes europeas que, en el último Consejo Europeo, recriminó a Sánchez a puerta cerrada que no hubiera informado siquiera al resto de su regularización masiva de inmigrantes.

Donald Trump se regodeó en que la política de puertas abiertas de Sánchez ha traído estos lodos. «Así estaremos en tres años si gana el lado equivocado», avisó, en referencia a los demócratas. El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, también aprovechó para recriminar a Sánchez su política migratoria.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a España que frene «de inmediato» la avalancha. «No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin respetar nuestras normas», advirtió la presidenta del gobierno comunitario. El primer ministro de Polonia, el conservador Donald Tusk, enseñó el camino a Sánchez, al que reprochó estar poniendo en riesgo Schengen: «Polonia ha endurecido la ley de asilo, los procedimientos en las fronteras y ha construido barreras efectivas en la frontera con Bielorrusia, que es la frontera oriental de la Unión. Hemos invertido miles de millones de euros y hemos movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos. España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen ha de sobrevivir», escribió en X.

El ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, informó de que Francia había decidido intensificar los controles en sus fronteras con España. El vice primer ministro belga, Maxime Prévot, también espoleó al Gobierno de Sánchez: «España debe garantizar que sus fronteras estén protegidas y poder contar con la implicación tanto de las autoridades europeas como de las de Marruecos». El canciller alemán, Friedrich Merz, expuso: «La protección de las fronteras exteriores de la UE es crucial para combatir la migración ilegal. Apoyo la intención de España de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo. La Directiva de Retorno de la UE debe implementarse ahora sin demora».

El primer ministro de la República Checa, Andrej Babis, bramó: «Resulta absolutamente escandaloso que un Estado miembro de la UE aplique una política migratoria basada en la regularización de migrantes en situación irregular, cuando el enfoque de la Unión es justamente el contrario». Desde Suecia, Ulf Kristersson pidió a España «prontitud para recuperar el control de la situación».

Solo salió en defensa de Sánchez su amigo y socialista portugués António Costa, hoy presidente del Consejo Europeo: «Si bien los nacionales de terceros países en Ceuta no gozan de libre circulación hacia la España peninsular ni hacia el resto del espacio Schengen, la firme respuesta de España, incluyendo las continuas repatriaciones aceleradas, demuestra nuestra determinación de proteger nuestras fronteras exteriores, combatir la migración irregular y desmantelar las redes de tráfico ilícito», explicó.

Ni siquiera en una situación como ésta, el presidente español anunció una reforma de la Ley de Extranjería para taponar el coladero legal de las llegadas a nado, que dejó en evidencia el Tribunal Supremo en su sentencia del pasado 9 de julio. Sánchez se limitó a exponer que, «a la espera de ver modificaciones legales, si es que las hubiera», el Gobierno está procediendo a instalar boyas en el Tarajal para «crear una barrera física» y que en lo administrativo «se pueda facilitar la repatriación en frontera». El Ejecutivo ha tenido casi dos años para reformar y reforzar la norma desde que, por primera vez, un juzgado de Ceuta falló en ese sentido en 2024, y luego también el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.