Lo que se sabe sobre las causas de la invasión en Ceuta

El caos migratorio que se vive en Ceuta estos últimos días ha agitado el panorama político, mediático y social: al menos 49.000 personas, lo que supone más de la mitad de la población ceutí, entraron en cuestión de horas en la ciudad autónoma provocando miedo entre los vecinos, una gran indignación y una incertidumbre total, en España pero también en Europa, donde ya han reaccionado con controles en sus fronteras. Casi 60 inmigrantes han perdido la vida intentando llegar a territorio español.

El presidente del Gobierno atribuyó la avalancha este viernes, en una comparecencia ante los medios en la que no hizo ningún reproche a Marruecos, a una «lectura interesada» de las mafias que trafican con personas de la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la devolución en frontera cuando la llegada es a nado por no haber una frontera física, y anunció que instalarán boyas en el espigón para crear esa barrera y que administrativamente se pueda cumplir la sentencia y facilitar las repatriaciones, según explicó.

Se apuntan en los últimos días algunas causas que explicarían esta situación inédita, porque supera el ya llamativo asalto de hace cinco años a la misma frontera.

Una estrategia de Marruecos. Chantaje es una de las palabras que vuelve a escucharse estos días. Los sindicatos de la Policía y la Guardia Civil hablan abiertamente de una utilización de la presión migratoria por parte del país africano como «instrumento de chantaje político», que es lo que señala, por ejemplo, Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que cree que Marruecos ha aprovechado una «ventana de oportunidad dentro de su estrategia de guerra híbrida». Y Jucil, la asociación mayoritaria de la Benemérita, asegura que Ceuta «no ha sufrido una simple entrada irregular», sino «una invasión organizada».

Como ha contado El Debate, el presidente del Gobierno puso de manifiesto ayer su sumisión al país vecino, a quien agradeció su colaboración y a quien quitó cualquier responsabilidad de esta crisis, apuntando exclusivamente a las mafias. La cuestión es por qué lo hizo.

La sentencia del Tribunal Supremo. Algunas voces apuntaban hace unos días que la sentencia que dictó recientemente la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal que establece que a los inmigrantes que llegan a nado no se les puede rechazar en frontera porque considera que no han superado ningún barrera física de contención fronteriza. Es por lo que el PP ha urgido a reformar la ley de extranjería que permita hacer estas devoluciones. Sánchez, que señaló ayer que la sentencia habría corrido «como la pólvora» en redes sociales, y Marruecos sostienen que está detrás de una interpretación malintencionada de mafias u organizaciones criminales el motivo de la avalancha. Precisamente se ha apuntado también que a través de dichas redes sociales se han organizado y convocado en un punto miles de jóvenes para cruzar la frontera.

Efecto llamada con la regularización masiva de inmigrantes. El proceso impulsado por el Gobierno socialista para regularizar a -lo que en un principio dijo- medio millón de extranjeros, que hoy asciende en torno a 1,2 millones, puso en pie de guerra a la oposición y a las comunidades autónomas por ser entre otras cosas un política que inevitablemente abre la puerta a que vengan muchas más personas esperando a ser regularizadas de forma masiva, y exprés, más adelante. Pero no solo ha causado preocupación dentro de España este proceso, sino también a nivel comunitario, porque Bruselas y países europeos ya han mostrado escepticismo, si no malestar, al respecto.

Además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están desbordadas. La avalancha migratoria de estos días, pero también los asaltos que se vienen produciendo por vía marítima y terrestre, no ha hecho sino evidenciar la falta de recursos para defender las fronteras que denuncian desde hace tiempo los policías y guardias civiles. En los últimos días alzan la voz de nuevo para insistir en las reclamaciones que vienen haciendo al Gobierno y en especial al Ministerio del Interior, a quienes reprochan abandono.