La Guardia Civil afronta una invasión migratoria en Ceuta mientras Marlaska impone «perfil bajo» a la cúpula imputada por boicotear a la UCO

España afronta, desde el pasado miércoles, la peor crisis territorial y soberana de su historia, con la entrada masiva y simultánea de miles de personas en Ceuta, orquestada desde Marruecos. Una situación, no por advertida por los sindicatos policiales y los expertos en seguridad fronteriza, lucha contra el yihadismo y geoestrategia militar, ha sido menos desastrosa para el Gobierno de Pedro Sánchez, que, una vez más, se ha enfrentado a la escasez de efectivos en los puntos calientes de la presión migratoria ilegal. De hecho, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han vuelto a denunciar, en plena oleada de incursiones –60.000 hombres en tan solo 24 horas–, la falta de medios humanos y materiales para contener lo que las asociaciones del Instituto Armado y el Ejecutivo de la ciudad autónoma ya han calificado de invasión en toda regla.

Así las cosas, a ojos del mundo y mientras la prensa internacional hablaba de «asalto a Europa» en el espigón del Tarajal –el frágil perímetro marítimo que separa nuestro país del reino de Marruecos–, los agentes desplegados se enfrentaban a duras penas al tsunami humano con plantillas raquíticas, material precario y la orden política de no actuar con la contundencia que la situación exigía. «Disuasión, contención y seguimiento, pero no intervención», apuntan algunas de las fuentes internas consultadas por El Debate en el seno de la Benemérita.

Todo ello ocurría bajo el mando de un ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que destinaba parte de los efectivos de refuerzo enviados de urgencia desde la Península para asegurar la comitiva en la que acompañó a Pedro Sánchez durante su visita oficial a Ceuta. El mismo ministro mantiene en sus puestos a la directora general, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, pese a estar imputados –junto con el exdirector de la institución, Leonardo Marcos– por el juez Santiago Pedraz en la trama de las «cloacas» del PSOE que, presuntamente, maniobraron para «desestabilizar», desde dentro, la labor de algunos miembros y mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ese fue el principal motivo por el que ni González ni Llamas acompañaron a Marlaska hasta la ciudad autónoma tomada por miles de marroquíes. Para evitar «males mayores» y la polémica que habría provocado ver «a los responsables políticos investigados por boicotear a sus propios compañeros» en el epicentro de un «riesgo activo» que «no han hecho nada por evitar, pese a los avisos», se impuso a los interesados un «perfil bajo», apuntan distintas fuentes a este diario.

Según las estimaciones de la propia Guardia Civil y del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, frente a las más de 50.000 personas que entraron de forma irregular en Ceuta y conformaron una amenaza sin precedentes a la soberanía territorial española, se encontraron en la primera línea de actuación inmediata apenas 55 agentes: unos 40 de la Benemérita y 15 de la Policía Nacional.

La Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) contaba con su dotación permanente de 60 efectivos para la vigilancia fronteriza y, sin embargo, el retén inicial anunciado por Interior se limitó, en las horas iniciales, a un pelotón de 20 guardias civiles y la promesa de otros 40 a medida que avanzaban las horas y se complicaba la situación. Treinta más llegaron desde Andalucía para tareas de seguridad ciudadana, junto con el buque oceánico Duque de Ahumada y ocho buceadores del GEAS que se sumaron al «operativo» cuando el colapso ya era total.

Tan es así que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y otras organizaciones estallaron tras meses denunciando el «abandono institucional» del Ministerio de Marlaska en Ceuta. Cabe recordar que, en febrero de este mismo año, la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) ya alertó de la «situación precaria» en la que los agentes del perímetro fronterizo prestan su servicio, sin espráis de defensa y «lazos de engrilletado» suficientes para cumplir con los protocolos vigentes que les obligan a usar los medios menos lesivos frente a los invasores. Una «desprotección deliberada» de quienes están llamados a defendernos de las amenazas exteriores, pero «solo en la teoría», denuncian voces conocedoras del terreno.

Y es que en el Instituto Armado es un clamor que el Gobierno –a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS)– conocía el riesgo potencial desde hace tiempo. Marruecos, según los agentes desplegados en el Tarajal, mantuvo a su gendarmería «de brazos cruzados» mientras cientos cruzaban.

El refuerzo llegó tarde, «cuando los medios policiales de la ciudad autónoma estaban colapsados», resumen las mismas fuentes. Solo entonces Marlaska anunció el despliegue del Ejército y de más efectivos, una vez que Vivas había reclamado la declaración de emergencia de interés nacional –algo que Interior rechazó alegando que la ley no lo permite para crisis migratorias–. El resultado: agentes agotados, personas muertas por ahogamiento –más de una quincena en 24 horas, según balances preliminares– y una ciudad de 80.000 habitantes convertida en un caos humanitario y de seguridad para sus residentes.

En el seno de los cuerpos de seguridad del Estado, el malestar es evidente frente a una cadena de decisiones políticas que ha llevado a «priorizar la imagen, el relato y la gestión de las relaciones con Rabat sobre la defensa efectiva de las fronteras españolas», cada vez más desprotegidas. El perímetro de ocho kilómetros que une Tarajal con Benzú «se cubre únicamente en turnos de día con apenas dos agentes en algunos tramos», alertan desde el Partido Popular ceutí.

Los peores años desde Roldán

Mientras los guardias civiles se enfrentan en inferioridad de condiciones, Marlaska mantiene intacta la cúpula del Cuerpo, bajo sospecha. Cabe recordar que tanto Mercedes González como Manuel Llamas, los dos máximos responsables de la Benemérita, están imputados por varios delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia en la causa de las cloacas del PSOE lideradas por Leire Díez, considerada la ejecutora de las órdenes de Santos Cerdán.

Con base en los indicios disponibles, el juez Pedraz citó a ambos y citará próximamente al predecesor de la directora general, Leonardo Marcos, por su presunta implicación en maniobras para desalentar a la Unidad Central Operativa (UCO) y por su posible implicación en una guerra sucia interna contra esta unidad, que se encarga de las averiguaciones por corrupción que salpican al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Las asociaciones exigen el cese inmediato de ambos mientras dure el procedimiento, por el daño reputacional al instituto armado. Marlaska, sin embargo, ha reiterado su «confianza plena» en ambos, insistiendo en su disposición para «colaborar con la Justicia», lo que supone un agravio comparativo sangrante respecto de los oficiales intermedios imputados que han quedado suspendidos de empleo y sueldo, como el comandante Rubén Villalba o el capitán Juan Sánchez Yepes.

Las voces críticas dentro de la Guardia Civil cobran fuerza a medida que crecen los escándalos y se pone de manifiesto la falta de respaldo político a los trabajos más delicados. «Son los peores años desde Roldán», afirman algunos veteranos sobre la era Marlaska. No en vano, el saldo del socialista al frente de Interior asciende a cinco directores generales en seis años, tres reprobaciones parlamentarias, la crisis de Melilla, los dos asesinatos de Barbate, los menores de Ceuta en 2021 y, ahora, esta nueva avalancha. Aun así, el ministro, convertido en uno de los irrenunciables del presidente del Gobierno, sobrevive a costa de «degradar» el prestigio de la Guardia Civil. El coste de su continuidad, sin embargo, lo pagan los agentes que, sin medios ni refuerzos suficientes, tratan de contener la puerta sur de Europa.