El excomandante general de Melilla: «50.000 personas no se ponen de acuerdo para probar una sentencia del Supremo»

La imagen de decenas de miles de personas concentradas junto a la frontera de Ceuta para entrar en España no puede explicarse, a juicio de Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, por la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes acceden a nado a las ciudades autónomas. El senador del PP por Melilla, excomandante general de la ciudad y colaborador de El Debate considera que el fallo judicial pudo influir en el goteo previo de entradas, pero rechaza que sea el origen de una avalancha como la vivida la pasada semana.

«Un grupo de diez o doce personas puede probar si una sentencia se aplica o no, pero 50.000 personas no se ponen de acuerdo para probar una sentencia del Supremo», afirma en una entrevista con El Debate. Para el militar, una movilización de esas dimensiones requiere necesariamente «organización, transporte y planificación», algo que, sostiene, resulta incompatible con la idea de un movimiento espontáneo.

Otazu cree que la presión migratoria sobre Ceuta fue posible porque las autoridades marroquíes permitieron durante horas la concentración de miles de personas junto al espigón. A su juicio, esa circunstancia marca la diferencia respecto a Melilla, donde durante los últimos días también se han producido intentos de aproximación a la frontera, aunque, según explica, «la Policía marroquí ha sido más beligerante» y los ha frenado antes de que alcanzaran dimensiones similares.

Eso no significa que Melilla esté completamente a salvo de un episodio parecido. «Si hay una avalancha de 50.000 personas tolerada por la Policía marroquí, también sería muy difícil pararla en Melilla», reconoce, aunque subraya que la configuración física del espigón melillense facilita más el control policial que en Ceuta.

Uno de los puntos en los que más discrepa del Gobierno es en la interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo que limitó las devoluciones inmediatas de quienes acceden a nado a Ceuta y Melilla. El senador sostiene que el problema no fue tanto la resolución judicial como la falta de reacción posterior del Ejecutivo.

De esta manera, Otazu recuerda que el fallo se conocía desde hacía semanas y que, durante ese tiempo, tanto en el Congreso como en el Senado se plantearon iniciativas para modificar la situación creada por esa interpretación. Sin embargo, asegura que el Gobierno no actuó hasta que la crisis ya había estallado, cuando decidió instalar una barrera flotante en el agua. «¿Por qué no se hizo antes?», se pregunta. En su opinión, el Ejecutivo descartó estudiar determinadas propuestas únicamente porque procedían del Partido Popular. «No se analizan las medidas por su contenido, sino por quién las propone, y eso es una aberración», lamenta.

Otazu insiste además en que la frontera marítima debe ser considerada exactamente igual que cualquier otra frontera del Estado. «Los Estados tienen el derecho y la obligación de defender su espacio marítimo», sostiene, y compara la situación con el espacio aéreo. «Es como decir que cualquiera puede vulnerar el espacio aéreo porque no existe una alambrada a tres mil metros de altura».

El excomandante general también carga contra el discurso del Ejecutivo respecto a Marruecos y considera insuficiente que el Gobierno destaque la colaboración de Rabat en la devolución de parte de los inmigrantes y sostiene que esa no puede presentarse como una concesión extraordinaria. «Lo que le tiene que exigir España a Marruecos es lealtad», afirma. A su juicio, la verdadera colaboración habría consistido en impedir que la concentración de personas junto a la frontera llegara a producirse. «Decir que Marruecos está colaborando porque recibe de vuelta a sus propios ciudadanos... solo faltaría que no los recibiera», ironiza.

En ese sentido, también reclama una respuesta mucho más firme frente a las reiteradas reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla y critica que el Gobierno no responda con contundencia cuando responsables políticos o instituciones extranjeras ponen en cuestión la soberanía española sobre ambas ciudades.

Durante la entrevista también hace referencia a la enmienda aprobada en el Congreso de Estados Unidos en la que Ceuta y Melilla aparecían descritas como «ciudades administradas por España en territorio marroquí». Para Otazu, España debería haber reaccionado inmediatamente para corregir esa afirmación y recordar que ambas son «ciudades españolas de pleno derecho», equiparables jurídicamente a cualquier otra del país.

El senador popular también pone en duda las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien aseguró que todos los inmigrantes que entraron durante la crisis acabarán regresando a Marruecos. «Eso no lo puede garantizar nadie», responde, recordando que, una vez miles de personas se encuentran dentro de Ceuta, resulta imposible asegurar que ninguna logre alcanzar posteriormente la península, ya sea de manera regular o clandestina. Como ejemplo cita la experiencia de Melilla durante los años de mayor presión migratoria, cuando numerosos menores extranjeros trataban constantemente de embarcar como polizones en los ferris con destino a Málaga o Almería.

Para Otazu, la crisis de Ceuta deja una enseñanza principal y es que la defensa de las fronteras exteriores no puede quedar supeditada a interpretaciones jurídicas que generen situaciones de indefensión. Por ello reclama revisar la legislación si es necesario y recuerda que el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo obliga precisamente a los Estados miembros a proteger de forma eficaz las fronteras exteriores de la Unión. «No podemos discutir si un Estado debe defender o no sus fronteras. Esa es la esencia misma de un Estado. Si renuncia a hacerlo, entra en una dinámica propia de los Estados fallidos», concluye.